MADRID.- La candidatura encabezada por Alberto Garzón, Unidad Popular-IU, incluye en su programa las 16 medidas exigididas por los colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo en una carta a dirigida a la Cortes Generales. Los puntos fueron acordados en un encuentro estatal de todas las plataformas celebrado en Madrid el pasado octubre, y entre ellos se encuentra la "ilegalización de cualquier organización, partido, fundación o asociación que ensalce, justifique o fomente la ideología, la violencia y todos los actos que el franquismo ejecutó y promulgó", además de la "condena" por parte de todas las instituciones del Estado "de los actos de exaltación franquista y de negacionismo histórico" y la retirada de los símbolos franquistas.

Según esta medida, serían susceptibles de ilegalización partidos políticos como Falange Española de las Jons, que concurrió a las elecciones de 2008, y otras formaciones neonazis de nuevo cuño que tienen representación en ayuntamientos de algunas ciudades. También incluye a la Fundación Francisco Franco, dedicada al recuerdo de la vida y obra del dictador y encargada de difundir, por ejemplo, la lista 16 misas que honrarán a Franco cuando se cumplen cuarenta años de su muerte.

Las medidas serán presentadas este viernes por Alberto Garzón en un acto en el Tetro Quevedo de Madrid, coincidiendo con la emblemática fecha que dio abrió el camino a la Transición democrática. "Un país con memoria" para "acabar con la impunidad del franquismo" es lo que reivindica Garzón para la próxima legistaura, después de 40 años en los que muchos de los problemas heredados de la dictadura siguen presentes.

Precisamente, con la intención de hacer justicia, proponen la anulación de la Ley de Amnistía promulgada en 1977, sólo en los apartados que posibilitaron la impunidad de fusilamientos, desapariciones forzosas, torturas y un sinfín de atropellos a los Derechos Humanos cometidos en España desde el 18 de julio de 1936. También apuestan por impedir que los crímenes de guerra y de lesa humanidad prescriban y, lo que más esperanza da a muchas de las víctimas, la creación de una Fiscalía especializada para la investigación y persecución de los crímenes del franquismo.

Cuarenta años después de aquel 20-N, sólo la justicia Argentina ha abierto una causa y una investigación de estos crímenes, aunque con pocos resultados. Ninguna de las extradiciones que la Jueza María Servini ha solicitado se han producido, y los torturadores de los últimos años del régimen siguen paseando tranquilamente por las calles de Madrid.

Las propuestas son mucho más amplias y precisas que las que recogía el programa de IU para las elecciones de 2011. Se centran en los principio de verdad, justicia y reparación que cada jueves exigen las víctimas madrileñas en la Puerta del Sol, además de medidas como la ya citada para evitar que vuelvan a repetirse.

En el apartado destinado a clarificar la verdad de aquellos décadas oscuras, recogen la apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados que existen sobre la Guerra Civil, la dictadura y la transición, como informes policiales, hospitalarios, eclesiásticos o de la propia Falange, así como la desclasificación y catalogación de todos esos documentos.

La localización y exhumación de las fosas comunes donde aún permanecen los restos de represaliados del franquismo es otra de las reivindicaciones históricas de la formación. Con esta propuesta quieren declarar "por ley la responsabilidad directa e ineludible" del Estado en las excavaciones de las más de 2.200 fosas ya localizadas.

Del mismo modo, se propone la exhumación y traslado de los restos mortales de Franco y de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos y la devolución a las familias de los represaliados enterrados en el monumento franquista, además de convertir la construcción en un memorial de la represión.

En lo que respecta al derecho de reparación, Unidad Popular-IU incliurá en el programa la declaración de nulidad de las acciones represivas amparadas por la ley del franquismo, el reconocimiento y tratamiento de los deños y traumas causados a la víctimas y que el Estado o los responsables se hagan cargo de recuperar o indemnizar a quienes fueron despojados de sus bienes por motivos políticos o religiosos. 

Otra de las medidas, con el propósito de no repetición, es el establecimiento de una día de las víctimas de la dictadura fascista. Las asocicaanes proponen el 11 de noviembre, coincidiendo con el día europeo que recuerda a todas las víctimas del fascismo.