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La izquierda tiene en su mano el control del órgano de gobierno del Congreso de los Diputados

Intérprete del reglamento y árbitro de controversias

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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el debate a 4 en Atresmedia. REUTERS/Sergio Perez

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MADRID.- Las formaciones políticas de izquierda tienen al alcance de la mano hacerse con el control de la Mesa del Congreso de los Diputados, el órgano de dirección de la cámara, si alcanzan un acuerdo concreto para este trámite que no implica compromisos adicionales de ningún tipo. La elección de esta instancia parlamentaria se produce el mismo día de la constitución del Congreso surgido de las elecciones del pasado domingo, programada para el día 13 de enero.

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Intérprete del reglamento y árbitro de controversias


Además, resuelve cualquier incidencia, disputa o reclamación que surja en la vida parlamentaria. También ordena la celebración de los plenos de la Cámara y su orden del día; y fija los periodos de sesiones ordinarios y, si cabe, los extraordinarios. En última instancia, es el órgano que interpreta el reglamento de la Cámara y su presidente puede incluir las interpretaciones necesarias para resolver situaciones sobrevenidas.

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La compleja formación de grupos parlamentarios

Una de las primeras decisiones que deberá adoptar la Mesa es la aprobación de los grupos parlamentarios que deben formalizarse en los cinco días siguientes a la constitución de la Cámara Baja. El reglamento del Congreso establece que para constituir un grupo parlamentario se requieren al menos 15 diputados cuyo grupo político haya alcanzado un 5% de los votos a nivel nacional.

El criterio de los letrados de la Cámara Baja no permite que las formaciones asociadas a Podemos formen grupos territoriales propios

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Cada una de estas tres candidaturas territoriales cumplen los requisitos numéricos exigidos, pero incurren en uno de los que señala el reglamento como impedimento: formar parte de un mismo partido, cuyos diputados no pueden dividirse. Ese es el criterio manifestado de forma taxativa por los letrados de la Cámara Baja, según ha podido saber Público.

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