Entrevista a Unai Sordo"La izquierda puede perder las elecciones, pero lo que no puede es suicidarse antes"

La última vez que Unai Sordo (Barakaldo, 1972) recibió a Público en su despacho de la sede de Comisiones Obreras en Madrid acababa de cerrar un acuerdo en el diálogo social para subir el salario mínimo a 965 euros. Era otra época, una de emergencias sanitarias y golpes económicos que forzaban la maquinaria de un pactismo entre Gobierno, sindicatos y patronales que salvó millones de empleos y miles de empresas. Ahora sigue habiendo diálogo social, y también acuerdos, pero menos.

Unai Sordo destaca que no es lo mismo negociar y acordar cuando el objetivo de las patronales es el de "rescatar con dinero público a las empresas" que negociar para "repartir los costes de los precios" y de la crisis. Sin embargo, se negocia, y en esta entrevista con Público el secretario general de Comisiones habla de la mesa de pensiones o del Estatuto del Becario, entre otras reformas.

También desvela que para él es "bastante preocupante" que pueda haber una división que termine en dos candidaturas a la izquierda del PSOE, un escenario que el dirigente sindical tilda de "suicidio". Aunque, apunta entre risas (y agobio), "bastante tenemos nosotros con negociar 1.200 convenios en 2023".

¿En cuánto cree que se debería situar el SMI a finales de año? ¿La mesa de diálogo social tiene fecha ya para reunirse y abordar esta cuestión?

Todavía no, todavía no nos ha emplazado el Gobierno. Por lo que yo sé, estaban esperando a que se terminara un informe que van a hacer un grupo de expertos de los que se ha dotado el propio Gobierno y, cuando tuvieran eso resuelto, nos iban a llamar. En opinión de Comisiones Obreras, el salario mínimo interprofesional, que hoy en día afecta prácticamente a dos millones de personas y que si se incrementa afectará a más, en ningún caso puede perder el poder adquisitivo y, por tanto, creo que tiene que ser, al menos, como ha ocurrido, por ejemplo, con las personas pensionistas: una revalorización en función de la evolución de los precios de este año 2022, que va a tener una inflación media del entorno del 8%. 

Los sindicatos tenían un preacuerdo con Trabajo sobre el Estatuto del Becario, pero ahora la patronal exige no eliminar las prácticas extracurriculares y que las empresas no asuman algunos costes ¿Apoyarían un acuerdo que mantuviera las prácticas extracurriculares?

Yo, sinceramente, empiezo a hartarme de esta negociación. Es una negociación que ya hemos resuelto los sindicatos con el Gobierno; nos hemos comprometido a estudiar la última oferta que nos va a poner encima de la mesa el Ministerio de Trabajo y cuando la veamos contestaremos porque, sinceramente, es una negociación que ya cansa. No tiene un pase que siga sin resolverse la situación de miles de personas becarias en España y hay que regular convenientemente las prácticas. Yo creo que las curriculares tienen todo su sentido y lo que hace falta es ligar todo el proceso de becas, de prácticas, a planes de formación que tengan todo su sentido formativo y evitar lo que muchas veces ha sido un recurso de mano de obra barata en muchísimas empresas y donde está habiendo un lobby, por ejemplo de las universidades, que a mí me parece que ralla un poco lo vergonzoso. Por lo tanto, a esto le queda medio telediario, porque, sinceramente, estamos ya cansados, y si CEOE quiere entrar a la negociación, tiene que entrar en tiempo y forma, y volver a reabrir el documento nos parece poco serio.

¿Y si fuera una exigencia de la patronal para apoyar el acuerdo?

Así planteado nosotros no estamos de acuerdo. Otra cosa es ver luego lo concreto, a qué se refiere exactamente con la modificación de las prácticas extracurriculares. Pero así planteado no estamos de acuerdo.

Después de todos los acuerdos alcanzados en el seno del diálogo social y materializados en medidas, ¿Qué reformas en materia laboral quedan pendientes en la legislatura? ¿Cuáles son las prioridades para CCOO?

Ahora mismo, básicamente nuestros planteamientos tienen mucho que ver con la disputa por los salarios, que no es un planteamiento estrictamente de legislación, sino más bien de negociación colectiva. Pero yo creo que la legislación puede hacer dos cosas muy importantes para mejorar los salarios en España y, por tanto, el marco del diálogo social puede jugar un papel. Uno es la subida del salario mínimo interprofesional, y el segundo es algo que sigue condicionando una gran parte de la negociación colectiva en España, que es la ley de contratos públicos y es la imposibilidad de indexar o de repercutir los incrementos de salario que se pactan en los convenios colectivos a todas aquellas actividades ligadas a externalizaciones de la Administración Pública.

¿Qué quiero decir con esto? Pues que un montón de sectores: la limpieza viaria, la limpieza de edificios y locales cuando son edificios públicos, la ayuda domiciliaria... Son servicios que la Administración ha externalizado a empresas y que tú negocias un convenio colectivo en unas condiciones de una subida del 4%, del 5% o del 6% pero, como no se pueden cambiar las condiciones, a veces leoninas, en  las que la Administración externaliza esos sectores, el convenio colectivo se queda en agua de borrajas y, por tanto, no es de recibo que este Gobierno siga manteniendo las normas que impiden indexar y repercutir la mejora de los salarios a los costes de la Administración. Porque la Administración sigue externalizando riesgos, sigue externalizando servicios a base de pagar salarios a veces justo por encima del salario mínimo interprofesional. Y creo que en lo que queda de legislatura el Gobierno tiene que plantearse en serio modificar esa ley de contratos públicos que está estrangulando la negociación colectiva y los salarios de millones de personas.

El diálogo social ha cerrado más de una docena de pactos, la mayoría de ellos con el visto bueno de todas las partes. Sin embargo, en los últimos meses las patronales se han enrocado y parece más difícil llegar a acuerdos con ellas ¿A qué cree que se debe?

Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Una, que es verdad que ha habido muchos acuerdos tripartitos, básicamente en el marco de la pandemia y en el marco de los acuerdos ligados a los ERTE. Y estos acuerdos, que han sido muy importantes y muy positivos, tenían una característica común y era que había ingentes cantidades de recursos públicos para salvaguardar los empleos, los salarios, las cotizaciones sociales y las empresas. Y, por tanto, ¿Cuál era el interés de las organizaciones empresariales? Pues que ese dinero público rescatara a las empresas. Porque ha habido medio millón de empresas que se han acogido a ERTE; muchas de ellas, si no llegase a existir la figura del ERTE y hubieran despedido a todas las plantillas, seguramente no hubieran salido de la pandemia. Entonces hay una parte de acuerdos que se explican por ahí. Claro, ahora estamos hablando de acuerdos que tienen que tener como finalidad repartir los costes de la crisis de precios. Y aquí ya no va de que el dinero público salve empresas, aquí va de que las empresas repartan los excedentes y las imputaciones de costes a precios al consumo que están haciendo con las personas asalariadas. Y cualquier acuerdo de pacto de rentas en esa línea de equilibrar los esfuerzos ante la inflación ya son acuerdos que la CEOE no ve con buenos ojos porque las organizaciones empresariales en España están demasiado acostumbradas a salir igual de todas las crisis, que es devaluando los salarios y devaluando internamente el país. Y yo creo que esa es una razón para que no esté habiendo acuerdos o sean tan difíciles los acuerdos tripartitos.

Y la segunda razón quizás pueda ir en claves más políticas. Yo creo que la CEOE hay que reconocer que en la pandemia y en la reforma laboral supo blindarse o fue capaz de blindarse de la presión que el extremismo de la derecha quería llevar a todos los ámbitos, a las instituciones, al Parlamento y que, evidentemente, contemplaba con muy pocas simpatías los acuerdos en el diálogo social. Pero esta nueva vuelta de deslegitimación del Gobierno y de la situación política que tenemos, en la que está inmersa la derecha cada vez más cerca del ciclo electoral, cada vez va a atenazar más a la CEOE. Pero creo que la razón principal es que no es lo mismo negociar y acordar cuando lo público no salva, que negociar y acordar cuando se trata de cómo repartimos los costes de la inflación.

¿Es el mercado de trabajo más resistente y menos inestable tras la puesta en marcha de la reforma laboral? La derecha insiste en que las cifras están infladas por la situación de los fijos discontinuos, aunque no son personas que buscan un empleo de forma activa.

Es que los fijos discontinuos en España siempre se han computado igual y en España también hay que saber que la legislación laboral lo que no puede es sustituir algunos de los déficits que tiene nuestro modelo económico. Y uno de los déficits es que es demasiado dependiente de actividades estacionales, como el turismo o como otras ligadas, por ejemplo, a las temporadas del campo, de la pesca, o de lo que sea. Y la cuestión es ¿Cómo haces frente a estas situaciones de estacionalidad, mediante la contratación temporal y el despido, o mediante una figura alternativa que otorga más derechos a los trabajadores, como es el fijo discontinuo? Pues en mi opinión hemos dado un salto cualitativo importante utilizando los fijos discontinuos en lugar de los contratos temporales. El cómputo de los datos del desempleo en España no se dan solo con las cifras del paro registrado, sino que se dan básicamente a través de la Encuesta de Población Activa y analizando la evolución de los datos de afiliación a la Seguridad Social; y esos datos dicen que, en efecto, España ha resistido mejor la última crisis, que ha recuperado antes el empleo y que se ha multiplicado por cinco el porcentaje de contratos indefinidos que se hacen cada mes. 

Y esto es producto indiscutiblemente de la reforma laboral y del intervencionismo en el mercado que se hizo con la política de ERTE. Por tanto, que haciendo cosas diametralmente distintas a las hechas en las anteriores crisis: ERTE, subida del salario mínimo interprofesional y estabilización de la contratación vía reforma laboral, los resultados son mucho más eficaces y mucho más justos. Y esto es indiscutible con los datos en la mano, lo que pasa es que lógicamente se pretende manchar ese recorrido porque es producto de apuestas básicamente sindicales, de planteamientos básicamente sindicales, y porque ha roto los mantras del neoliberalismo en los últimos 30 años en materia de mercado laboral.

¿Necesita esa reforma laboral, a juicio de CCOO, una segunda parte que aborde las indemnizaciones por despido o el endurecimiento de las causas del despido objetivo?

Sí, yo creo que en la legislación laboral en España quedan cosas por hacer. La reforma laboral hizo cosas buenas y cosas importantes, pero no hizo todas las cosas que se pueden hacer. Y si en España lo que pretendíamos y pretendemos es sustituir la vieja inercia del contrato temporal y el despido como fórmula de ajuste de las empresas a los ciclos económicos, hemos hecho una parte del camino: hemos facilitado la utilización del contrato indefinido, se ha limitado el recurso a la contratación temporal, eliminando ni más ni menos que el contrato de obra y servicio, pero, en mi opinión, queda tapar la otra vía. Y la otra vía es el excesivamente fácil recurso que tienen las empresas al despido por la vía de su escasísimo coste y por la vía de su escasa causalización; es decir, que se puede despedir por cualquier cosa. Dicho de otra manera, en España existe el despido libre, aunque no gratuito, y creo que convendría restringir el acceso al despido precisamente para que las empresas canalicen hacia otras fórmulas, como las adaptaciones temporales de jornada, los problemas económicos, que el despido sea la última opción que tiene una empresa. Yo creo que este sería el camino que habría que transitar junto a muchas otras cosas.

El Gobierno quiere llevar al Código Penal los incumplimientos reiterados de la legislación laboral por parte de las empresas ¿Es el penal el único camino para que estas corporaciones cumplan?

Llegado el caso, está demostrado que sí. Porque estamos hablando de empresas que son auténticos monstruos económicos basados en una precarización intensa del empleo que generan. Y la precarización intensa ya no son solo los bajos salarios, ya no es solo la precariedad en la contratación, sino que es directamente incumplir la norma. Tú haces una ley rider, pero una empresa sigue utilizando a los riders como trabajadores autónomos en lugar de como trabajadores contratados. Por tanto, se trata ya de un incumplimiento flagrante y consciente de la ley y que, por tanto, como son empresas que tienen un músculo financiero enorme, la disuasión que tú haces con multas es relativamente limitada. Llegado el caso, yo creo que las responsabilidades penales de estas empresas y de estos gestores de empresas puede ser la única manera de reconducirlo, porque lo que no puede ser es que aquí haya quien piensa que la ley no va con ellos.

El acuerdo en pensiones parece enquistado desde hace un tiempo ¿Está Escrivá decidido a elevar el periodo de cómputo para la jubilación? ¿Qué harán si no se llega a un acuerdo y el Gobierno lo aprueba igualmente? Queda ya poco tiempo para cumplir con el plazo…

Yo no preveo que pueda haber una reforma de pensiones que no cuente con un aval social y con un aval político porque, entre otras cosas, no sale. Aquí la cuestión primera es que la inmensa mayoría de las materias que estamos viendo en la mesa de pensiones las compartimos y son materias muy útiles para el objetivo de esta fase de la negociación, que es mejorar de forma estratégica, pensando en el medio y en el largo plazo, la estructura de ingresos de la Seguridad Social. Hicimos una reforma que hace que hoy las pensiones se revaloricen en un 8,5% en lugar de en un 0,25%. Va a haber la jubilación de millones de personas del baby boom de aquí al año 2048 ¿De qué se trata esta negociación? De mejorar los parámetros de ingresos de los sistemas de Seguridad Social a veintitantos años vista, hasta mediados de siglo; luego ya bajará el coste de las pensiones. Y la mayor parte de las medidas que están encima de la mesa las compartimos, lo que estamos discutiendo es la profundidad: cuánto se destopan las bases máximas de cotización, cuánto se mantiene el mecanismo de equidad intergeneracional, cómo se mejoran las lagunas de cotización... Todo esto lo compartimos y creo que podremos llegar a un acuerdo. 

En nuestra opinión no es necesario tocar el periodo de cálculo y, además, no hay un consenso político para tocarlo. Con lo cual, desgastarse demasiado en una modificación que luego no va a tener números en el Congreso de los Diputados me parece que es un poco perder el tiempo. En todo caso, creo que el compromiso que España tiene con la Comisión Europea lo que viene a decir es que hay que adecuar las nuevas carreras profesionales, que son más discontinuas, para facilitar de una forma más equitativa el acceso a la pensión. Y yo creo que esto se puede hacer con algunas medidas de las que estamos viendo, como un mejor trato de las lagunas de cotización, y no necesariamente con el incremento del periodo del cálculo. 

Las patronales siguen sin sentarse a actualizar los convenios para subir salarios. Tras las protestas convocadas por los sindicatos, ¿se plantean un nuevo calendario de movilizaciones de cara al próximo año?

Si esto sigue así, sí. De hecho, por matizar un poco la pregunta, CEOE a lo que se niega es a un acuerdo general de convenios que nos sirva sobre todo para desbloquear la negociación colectiva de los sectores más débiles y más precarizados, porque la negociación colectiva realmente se va dando. Hay acuerdos y hay desacuerdos, y normalmente hay acuerdos en buenas condiciones o razonables donde hay una práctica de negociación muy asentada o donde hay movilizaciones. Hemos introducido las cláusulas de revisión salarial en los convenios firmados en el 2022, que afectan ya a más del 40% de los trabajadores, cuando estábamos en el 18%. Hay un cierto cambio de tendencia. El problema es que junto con estos sectores conviven muchos otros donde la precariedad del empleo, la no sindicalización de las plantillas y la debilidad en la negociación es muy patente. Y ahí lo que está ocurriendo es que o los acuerdos son insuficientes o no hay acuerdos, y hay bloqueos y, por tanto, congelaciones salariales.

Para reequilibrar eso necesitamos un acuerdo general. Es a lo que se niega CEOE porque no quiere abordar el tema de las cláusulas de revisión salarial. Si esto continúa así, y ahora mismo tiene pinta de que va a continuar, a nosotros también nos queda profundizar en la estrategia del conflicto y tendremos que dar una batida en el año 2023 intentando movilizar sobre todo a los sectores más fuertes para que intenten hacer de tractores del resto. Tenemos prácticamente 1.200 convenios por negociar en el año 2023. En mi opinión, la subida salarial final del año 2022 va a superar el 3%, cuando empiecen a ejercerse las cláusulas de revisión salarial, que en otros momentos históricos hubiera sido una buena subida; pero con una inflación que va a estar por encima del 6% de media se queda nítidamente por debajo.

El Gobierno aprobará en los próximos días otro decreto anticrisis para afrontar la situación económica ¿Qué medidas en materia de precio de los alimentos o vivienda son necesarias a su juicio?

El Gobierno, que ha dado bastante guerra, por decirlo en términos coloquiales, con el traído y llevado pacto de rentas, lo mínimo que podía hacer era juntar a los agentes sociales para poner esas mesas a consideración también de los agentes sociales, porque cuando vayan otra vez a hablar de pacto de rentas les vamos a mandar a hablar con el maestro armero. Si algo puede dar sentido a un pacto de rentas es vincular un acuerdo salarial con medidas de este tipo, porque además te dejan margen para el acuerdo salarial o el acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional, en la medida en que tú tomas medidas que determinan mucho la renta disponible de los trabajadores. Medidas sobre las hipotecas, los alimentos o la energía constituyen el grueso de la cesta de la compra de una familia de trabajadores y trabajadoras de España. En algunos casos creo que hay que profundizar en medidas que ya se han tomado, por ejemplo, las que tienen que ver con la excepción ibérica; y en otros, creo que tienen que ser bastante más audaces. 

Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el sistema financiero o con los carburantes, que también lastran mucho la renta disponible de las familias. En materia de hipotecas no puede ser que un sector como el financiero, que va como un tiro, siga con medidas muy de cosmética para reducir el impacto en las hipotecas de las familias, favorecer el tránsito a tipos fijos en lugar de variables y que ese tránsito sea en una competencia real, porque el problema es que las entidades financieras de España no compiten entre ellas, es un oligopolio donde la posibilidad de trasladarse de una entidad a otra es mínima y la posibilidad de tirar de los precios hacia abajo, también. Habría que facilitar eso para que realmente entren en competencia y se puedan reducir drásticamente los precios de las hipotecas.

Entramos en la recta final de la legislatura. ¿Un balance de la gestión del Gobierno de coalición?

El balance es terriblemente complejo porque yo no creo que haya habido, al menos desde la Transición, una coyuntura socioeconómica, sanitaria y de todo tipo como la que hemos visto. Es imposible hacer un balance ordinario de un gobierno que entra en el 2019 y se encuentra con una pandemia mundial, en el año 2020 salimos de una pandemia mundial y se encuentra con una guerra en Europa y una inflación que no habíamos conocido en 40 años. Con esta salvaguarda, yo creo que hay que reconocer que este Gobierno ha hecho la política de rentas y la política contra las crisis más social que ha habido en la democracia española. Dicho esto, ¿se pueden hacer más cosas, se puede ser más ambicioso? Yo creo que sí. Yo creo que muchas de las reformas estructurales en materia de vivienda y en otras materias de momento se quedan en el alero. Y por tanto, una cosa son las políticas de rentas y otra cosa es atreverse a hacer políticas más profundas en materia de vivienda, en materia fiscal y en algunas más. No estoy ciego para ver que las circunstancias han sido tan anómalas que es difícil hacer una evaluación en términos normales. Y luego, el escenario político ha sido también una polaridad, y este es el primer gobierno de coalición desde la República. Yo haría una valoración básicamente positiva, con políticas laborales y sociales ante dos crisis como las que hemos tenido impensables con otra composición del gobierno, pero también manifiestamente mejorables.

El año que viene es electoral ¿Le preocupa que haya una división en la izquierda que dificulte una candidatura de unidad?

Hombre, me preocupa porque yo creo que ir a unas elecciones con unas izquierdas en varias candidaturas es el preludio de una mayoría de la derecha y de la extrema derecha en España. Y desde ese punto de vista me preocupa, y me preocupa bastante. El electorado progresista en nuestro país debe tener dos alternativas: una es la que se va a nuclear en torno a al Partido Socialista, y otra, la que se debe nuclear en torno a ese espacio político, que cada uno le llame como quiera, que todo el mundo sabemos cuál es; más luego los ecosistemas políticos particulares que existen en algunos territorios de España, donde una parte de las fuerzas que allí concurren y no lo hacen en el resto del país son de carácter progresista y evidentemente también tienen algo que decir en el futuro.

"Nunca ha habido una derecha y una extrema derecha que ha tirado tanto a lo reaccionario a lo que se llamaba centro derecha"

Pero de las grandes fuerzas de carácter estatal, creo que es condición necesaria que tanto el Partido Socialista, por un lado, como el mundo de lo que hoy es Unidas Podemos, por otro, vaya en espacios, en listas, coaliciones, o como cada uno lo sitúe como quiera, de unidad. Otro escenario es un suicidio y creo que hay que tener altura de miras para entender el momento político en el que se va a desarrollar el próximo ciclo electoral, que no lo hemos tenido en España desde los años 70. Es decir, nunca ha habido una derecha y una extrema derecha que ha tirado tanto a lo reaccionario a lo que hasta hace poco se llamaba centro derecha en España.

¿Deben los sindicatos, CCOO y UGT, intentar mediar para que la izquierda no se divida más?

Lo que pasa es que ese no es nuestro papel, y yo creo que hay mediaciones que acaban siendo hasta contraproducentes (risas). No, ese no es nuestro papel, más allá de que, como podéis comprender, nosotros hablamos con todos, con todo el mundo, y trasladamos nuestras preocupaciones y una cierta autoridad para decir algunas cosas sí que tenemos. Pero no, no es nuestro nuestro trabajo. Bastante tenemos nosotros con los 1200 convenios del año del año que viene. Hablando en serio, sí nos preocupa ese escenario, porque, insisto, la disputa electoral que va a haber no es cualquier disputa. Nosotros hemos negociado, hemos acordado, desacordado, hemos hecho huelgas generales a gobiernos del PP... Entra dentro de la normalidad democrática de un país que haya cambios de gobierno, pero la actual orientación de las derechas y las extremas derechas españolas es peligrosa. Y creo que la izquierda puede perder las elecciones, pero lo que no puede es suicidarse antes de las elecciones.

Los sindicatos han tomado protagonismo esta legislatura. ¿Qué estado de salud tiene el movimiento sindical en España?

Pues esto es un poco como todo: si te miras hacia dentro creo que el estado de salud es razonablemente bueno, en el sentido de que somos una organización que en el año anterior, en el 2021, ha tenido más de un millón de personas afiliadas que en algún momento del año han sido cotizantes de una Comisiones Obreras que tiene 110.000 delegados y delegadas elegidos en los centros de trabajo; que tiene una autofinanciación del 92%, de la cual el 83% es en base a las cuotas que pagan los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, claro, en un país con la precariedad que existe, con los bajos salarios que siguen existiendo, con las dificultades de millones de personas para llegar a fin de mes, ningún sindicato puede hacer una valoración autocomplaciente. Tenemos 110.000 delegados, pero hay miles y miles de empresas donde no hay presencia sindical, y la podría haber. Depende de con qué te compares: tenemos más afiliación que todos los partidos políticos juntos multiplicados por tres. Pero bueno, yo creo que sí han sido unos años donde ha cobrado bastante protagonismo no solo el sindicalismo, sino los espacios de intervención sindical.

Mucha gente no sabía lo que era el diálogo social con resultados. Bueno, pues yo creo que ahora se ha visto que el diálogo social bien utilizado puede ser muy útil, ha salvado la economía, ha salvado al país de alguna manera. Han sido unos años de bastante protagonismo sindical, pero a mí no me gustaría hacer tampoco lecturas muy autocomplacientes. La mayor parte de la clase trabajadora española no está organizada en nada, por lo tanto no se puede ser autocomplaciente cuando eso es así.