WWF será una de las escasas voces críticas de la sociedad civil que se escucharán en el Parlamento de Andalucía durante la tramitación de la ley que impulsa Juan Manuel Moreno Bonilla que permite la ampliación de los suelos regables en el entorno de Doñana.

El Parque Nacional, que está en estado crítico, no admite más explotación del agua y, con la idea de apartar esta idea del debate público, el PP y Vox, partido con el que Moreno va de la mano en este tema, ha impedido que dos de los mayores expertos en el Parque Nacional, Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación, y Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, cuenten a los diputados el estado en el que está la comarca. 

Para Carmona, esto supone una "falta de respeto institucional y personal" y un "intento ridículo e infantil" de alejar el debate de la ley de Doñana "para evitar los informes de la ciencia que estarían sobre la mesa, para evitar los informes de otras administraciones, pues se ha cogido el procedimiento del miedo".

¿Qué le parece a usted y a WWF el listado de comparecientes por la ley de Doñana que se conoció esta semana?

Lo mínimo que se puede decir es que es incompleto y muy deficiente. Eso es lo mínimo que se puede decir de ese listado, además de que está claramente sesgado hacia aquellos colectivos que sabemos que vienen a defender la legalización. Básicamente es eso. Faltan técnicos, faltan científicos, faltan expertos en el territorio. Se busca, por ejemplo, personal antiguo de la Confederación Hidrográfica, que ahora se dedica a asesorar a entidades relacionadas con regantes en vez de llamar a técnicos que actualmente trabajan en la cuestión. Es muy deficiente y está bastante volcada hacia un sitio. Y es totalmente incompleta, no representa una imagen del territorio. Y se ha saltado un principio básico del propio Parlamento, que era aceptar las comparecencias de determinada gente cuando eran apoyadas por los grupos en general.

¿Por qué es relevante la ausencia de Delibes y de Revilla y por qué sería importante su presencia?

Es una falta de respeto institucional al Consejo de Participación de Doñana, que es un órgano que depende de la Junta de Andalucía y es un órgano de gran importancia en cuanto al espacio natural. Yo creo que también es un intento de alejar la cuestión de los regadíos de Doñana. O sea, hacer ver que como esto no tiene que ver con Doñana, no lo tengo que llamar ni tratar con el Consejo. Es totalmente irreal. Ya hemos tratado la cuestión y hemos sido mal informados por la Junta porque realmente no nos ofreció la información que se pidió. Yo creo que responde a eso y a que una figura tan relevante como Miguel pues no pueda expresarse públicamente dentro de lo que es la institución del Parlamento.

Al final, el Partido Popular también queda en ridículo porque Miguel Delibes tiene un altavoz suficiente para que los medios de comunicación puedan atenderlo. Creo que es una falta de respeto a una persona con una trayectoria a nivel de defensa de Andalucía, es medalla de Andalucía, de conocimientos técnicos más que sobrados y que además es presidente en el Consejo de Participación porque lo nombra la Junta. Si la Junta cree que este señor no va a defender los intereses del Consejo de Participación y por tanto de Doñana, debería de cesarlo.

Y en relación con Eloy, no es Eloy, es la Estación Biológica, que es un organismo público, científico y que por ley tiene la obligación de coordinar la investigación en el Parque Nacional. Es lo mismo, un intento desesperado del PP de alejar esta cuestión de Doñana, un intento ridículo e infantil por parte de Moreno Bonilla y su partido.

Además de los científicos, ¿Quién más faltaría por escuchar? ¿Con WWF el cupo ecologista está completo?

Aquí estamos hablando del territorio y en el territorio no solamente hay una organización ecologista con una idea, puede haber más, igual que puede hay más personas relacionadas con la cuestión que no sean llamados. Nosotros mandamos una propuesta de de comparecencias a todos los partidos. Entre ellos proponíamos otros investigadores ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de escuchar a la dirección, también escuchar a investigadores varios. Y dentro de esos investigadores varios, pues se proponían a personas como por ejemplo Leandro Del Moral, que es una persona experta en procesos de gestión del agua en Andalucía a nivel europeo, se proponía, por ejemplo, a la Fundación Nueva Cultura del Agua, que tiene experiencia también en este tipo de cuestiones. Proponíamos a Joan Coorominas, a Emilio Custodio. Y tampoco se les ha querido escuchar. Yo sé que algunos de estos nombres iban en la lista de al menos tres partidos.

Estamos hablando además de personas y entidades que son parte de ese territorio, son parte de ese paisaje. Y se van a llevar de nuevo a un agricultor que nos cuente su problema personal. Y sin embargo se niega la posibilidad de que una asociación de agricultores del territorio, que se veían afectados por la medida, pueda hablar. Esto responde a que han elegido el procedimiento del miedo y la cobardía: no permitir que los ciudadanos, las ONG, los afectados puedan alegar contra este procedimiento, porque se iba a dejar en ridículo las 3.000 alegaciones  al anterior Plan. O sea, esta modificación iba a tener miles de alegaciones, de muchísimos afectados, de muchísimos agricultores, de muchísimas ONG, de muchísimos ciudadanos.

Entonces para evitar eso, para evitar los informes de la ciencia que estarían sobre la mesa, para evitar los informes de otras administraciones…, pues se ha cogido el procedimiento del miedo. Y el de decir que qué bonito es esto, esta proposición, cuando ni la UNESCO, ni la Comisión Europea ni el Gobierno de España ni los ayuntamientos. Es muy curioso.

En el Consejo de Participación de Doñana hablaron dos ayuntamientos, que decían que no querían la proposición de ley. Una solución, sí, pero no esta. Por lo tanto se rompe la constante, la matraca que nos da el PP diciendo que esto tiene la unidad del territorio, es que es falso. Y ha resultado un fracaso finalmente en las elecciones, otra cosa es que otras cuestiones a lo largo de toda Huelva hayan hecho que al final lograran  el objetivo de la Diputación. Pero no tienen ese apoyo tan grande que querían demostrar.

Al final yo cada vez tengo más claro que esto es sencillamente responder a los intereses de una serie de agricultores, de regantes ilegales, que ya han dejado claro lo que pretenden, que es asaltar el erario público: que se les recalifiquen las fincas y a continuación se les adquieran por parte de la administración. De manera que su finca en vez de costar a precio de secano 10.000 euros, pues cueste 70-80-90.000 euros dependiendo del precio que se quiera fijar y de esa manera, pues ellos puedan después con ese dinero hacer lo que les dé la gana. Eso es sencillamente ir a saquear los bienes públicos y esto al final es sencillamente una operación de interés privado.

¿Esa ley puede aprobarse en el contexto en el que estamos? ¿La tumbarán los tribunales si se aprueba? ¿Influirá si se produce un cambio en el Gobierno de España?

En el contexto en el que estamos, los tribunales están obligados a tumbar esta ley porque no respeta la separación de competencias del Estado. El TSJA ya lo ha dejado claro. El plan de la fresa y POTAD no invaden competencias estatales porque existen los informes del Estado que dicen que esos planes se ajustan a la planificación hidrológica. Si cambiáramos de Gobierno, ese informe no podría existir, porque no se ajusta a la planificación hidrológica. Si alguien firmara ese informe, acabaría en lo penal. Y no existiendo ese informe, se invaden competencias estatales. No es un problema de contexto, es un problema de legalidad.

Si el gobierno fuera otro, a lo mejor lo recurrirían 50 diputados o senadores, o en el momento en el cual se produjera cualquier aplicación de la ley, los demás la llevaríamos al Constitucional. Lo único que cambiaría es que la norma no quedaría suspendida automáticamente si no la recurre el Gobierno. Pero acabará en los tribunales y acabará tumbado, pero claro, si mientras tanto consiguen hacer la operación que yo creo que es la que buscan, que es la operación especulativa de asaltar el Tesoro Público, esto tendría un problema: después sería más difícil de recuperar los bienes públicos, el dinero público que se hubiera pagado nuestro.

Es un problema porque algunos quedarán creyendo que tienen derechos de agua que algún día le llegarán, mientras tanto se negarán a levantar sus pozos ilegales y seguirán robando agua, por lo tanto el problema seguirá. Otros seguramente se retiraran del mercado en una operación especulativa y esto además animará a otros hacer lo mismo. Es una llamada a la ilegalidad absoluta y una irresponsabilidad por parte del Partido Popular.

¿Corre peligro los mercados de la fresa de Huelva por las campañas en contra en Europa?

Nosotros ya venimos trabajando con los supermercados europeos. Nos habían pedido colaboración hace ya años. Cuando los supermercados empezaron a pedir ayudas y papeles, hubo un político de Huelva que prometió papeles a todo el mundo y a los dos días tuvo que decirle a la gente que que papeles no había, que el ministerio le dijo que no había papeles. Y eso fue uno de los detonantes de que la gente empezara a entender la seriedad de la cuestión y se acabara de redactar el plan de la fresa. Europa tenía el expediente abierto. Los supermercados empezaban a exigir. Nosotros les hemos dado las herramientas, pero nosotros no hacemos de consultores ni de auditores. Hay una guía ya desde 2001. Así tienen la posibilidad de conocer cómo se consigue un permiso de agua en España, qué es el uso legal, cuál es el problema de los usos ilegales y también qué documento les puede dar un agricultor para poder demostrar que ellos tienen la legalidad del agua.

Entonces los supermercados estaban con mayor confianza, porque ellos estaban recibiendo la documentación y podían ir comprobando. Esa tranquilidad se ha roto ahora con esta cuestión porque ahora ya no va poder distinguir una fresa de la otra. Y es verdad que esto puede acabar afectando a la imagen y a las ventas. La campaña es consecuencia de la irresponsabilidad del Gobierno andaluz. Es decir, se estaba trabajando para conseguir que los ilegales no tuvieran acceso al mercado, para conseguir que la fresa que se venda es la legal, que es lo lógico y para hacer las cosas correctamente. Con esto, se motiva esta campaña en Alemania de oposición a que las fresas se compren. Es una cuestión de consumidores y en ese sentido ha habido un cálculo equivocado por parte del Gobierno andaluz.