Los jueces tensan el debate de la remunicipalización en Zaragoza
Una contrata de 700 millones en el aire
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ZARAGOZA .- La Audiencia de Zaragoza ha entrado, sin pretenderlo, en el debate sobre la eventual remunicipalización del autobús urbano en la capital aragonesa, que tiene estos días varios frentes abiertos y afronta jornadas clave, como el final, este viernes, del plazo para recurrir la sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que tumbó la adjudicación del servicio a Auzsa en 2013 y para diez años.
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Una contrata de 700 millones en el aire
El portavoz de los socialistas, Carlos Pérez Anadón, reivindicó este martes la honorabilidad de los exculpados y, tras destacar que según la Audiencia “no hubo ningún indicio de connivencia” en la adjudicación, animó al equipo de gobierno de ZeC a recurrir la resolución del TSJA ante el Supremo, donde, según dijo, existen “muchas posibilidades” de que sea revocada. En ese caso, la contrata se mantendría con sus actuales condiciones hasta 2023.
Asistencia externa para remunicipalizar en doce meses
La recuperación de la mayor parte posible de los 142 servicios privatizados del ayuntamiento de Zaragoza, que permitirían un ahorro anual de 40 millones solo en IVA, es una de las principales apuestas políticas de ZeC. No obstante, su hoja de ruta incluye algunas condiciones: que se trate de contratos que venzan, para evitar el pago de lucros cesantes –en el caso del bus supondría una cifra astronómica-, y que conlleven ahorros, mejoras de la prestación, mantenimiento de empleos y mejora de su calidad. “Antes de tomar cada decisión hay que saber si es viable y cómo puede y debe hacerse”, explicaron fuentes municipales.
¿Es lesivo pagar 2,1 millones en despidos de una empresa?
El bus urbano genera otro foco de enfrentamiento entre PSOE y ZeC, que impulsó el inicio de un proceso contencioso para determinar si la decisión del anterior equipo de gobierno de pagar los 153 despidos -1,9 millones de las indemnizaciones por los ceses, 180.000 de la sanción que la Inspección de Trabajo impuso a Auzsa por saltarse los preavisos y 190.000 de la minuta de los abogados- resultó lesiva para los intereses municipales.