Mas: “Está en juego la democracia misma” en la causa abierta por la consulta del 9-N

MADRID.- Otra vuelta de tuerca más en el conflicto político surgido con la consulta soberanista del 9-N, en la que en 2014 participaron dos millones y medio de catalanes a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional. Quien fuera portavoz del Govern entonces, Francesc Homs, ha comparecido ante el Tribunal Supremo para declarar como investigado por esta causa, arropado por la cúpula de su partido y una amplia representación del Govern y de la sociedad civil catalana soberanista.

“No está en juego solo la independencia de Catalunya, sino la democracia misma". El expresident de la Generalitat Artur Mas ha denunciado que se haya abierto un “juicio político” por la consulta del 9-N:: "Nosotros teníamos un mandato democrático y lo teníamos que cumplir. Y sobre todo porque aquello era para escuchar a la gente, no para declarar la independencia de Catalunya. Si escuchar a la gente es delito, mal vamos".

Homs ha declarado durante una hora y cuarenta y cinco minutos, mientras en la calle la nutrida representación de políticos catalanes tomaba uno a uno la palabra para arropar al diputado del Partit Demòcrata Català quien afronta los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La declaración estaba fijada para las 11 de la mañana. Diez minutos antes, con gesto solemne, la nutrida representación política que ha acompañado a Homs a las puertas del Tribunal Supremo subía la calle Bárbara de Braganza de Madrid agrupada, con Mas, Homs y la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, en el centro, seguida de numerosos fotógrafos y asesores de Prensa. El grupo estaba arropado por Mossos d'Esquadra de incógnito. Ningún viandante les increpó.

Homs entró en el edificio judicial, mientras en la calle los políticos y representantes de organizaciones cívicas catalanas lo aplaudían.

En el grupo se encontraba el expresidente Artur Mas, también investigado por el 9-N, así como tres consejeros del actual Govern encabezados por su presidenta, Neus Munté, vicepresidenta a su vez de PdC, así como otros dirigentes nacionalistas del partido, así como representantes de otras formaciones políticas y entidades soberanistas.

Todos a una han denunciado que la respuesta al 9N ha sido abrir un "juicio político" en lugar de abordar una solución a las demandas soberanistas.

La declaración se produce en un momento de máxima tensión con miembros del Gobierno y aparatos del Estado, dentro de un proceso de persecución a los dirigentes políticos incluso con maniobras para desprestigiarlos como revelan las grabaciones difundidas por Público entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifraude, Daniel De Alfonso.

En estas conversaciones ambos urden escándalos contra varios dirigentes soberanistas, entre ellos un plan para derribar al propio Artur Mas o una falsa acusación contra el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, presente también a las puertas del Supremo, así como investigaciones contra miembros de ERC.

"Este no es el camino y la ciudadania española debería entender y rebelarse ante tanta estupidez en una democracia que no tiene parangón en el mundo europeo... Responden con violencia judicial, estúpidos”, apostillaba el diputado de republicano Joan Tardá en la calle al denunciar la situación que atraviesan los políticos que permitieron el 9-N.

Homs ha recibido también el apoyo de entidades soberanistas y del presidente catalán, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, quienes le recibieron hace días en la Generalitat para mostrar su solidaridad.

El magistrado instructor Andrés Palomo ha citado a Homs para decidir si debe pedir el suplicatorio contra él al Congreso en el proceso abierto por la consulta del 9-N. Por ahora el diputado comparece voluntariamente, aunque en calidad de investigado para acogerse a los derechos de defensa que le asisten.

La Fiscalía apoya su acusación contra Homs en un informe que el exconseller de Presidencia envió, supuestamente, a una empresa contratada con motivo del 9-N y que pedía aclaraciones sobre si la consulta suponía una desobeciencia al Tribunal Constitucional. En dicho informe Homs respondía que no vulneraba la prohibición cautelar dispuesta por el máximo tribunal de garantías constitucionales.

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha afirmado que es "kafkiano y muy triste que en pleno siglo XXI, en un contexto democrático, deba declarar una persona que simplemente ha obedecido a sus ideales y a un mandato democrático".

En una entrevista  Antena 3 ha defendido este lunes que "no ha habido ningún tipo de desobediencia" y que solo se ha defendido la dignidad democrática.Ha opinado que "lo deseable" hubiera sido que no se hubiera iniciado o se hubiera archivado, y ha augurado que el desarrollo de este proceso es incierto.

Preguntada sobre si existe una 'operación Catalunya', ha asegurado que desde diferentes estamentos del Estado "se ha trabajado activamente en construir una operación presuntamente con dinero público, una operación de mentiras, de desgaste, desprestigio de una causa e ideas políticas y de personas determinadas como Artur Mas y Xavier Trias".

Ha recordado que desde Catalunya han pedido a voces "una solución acordada, una negociación, un pacto, un diálogo, un instrumento como el referéndum" y las negativas han sido constantes. Ha lamentado que la única unilateralidad la esta planteando el Estado con sus decisiones arbitrarias y la judicialización constante, en sus palabras: "La unilateralidad la muestra una y otra vez Gobierno del PP", ha sentenciado.

Marcelo Expósito, diputado de En Comú Podem en el Congreso, acudió para mostrar su apoyo a la "legitimidad soberana de las instituciones catalanas" y ha calificado la declaración como "espectáculo absurdo". El "conflicto planteado entre Catalunya y el Estado" responde a una "crisis de régimen", tiene caracter político "que necesita ser resuelto por vías políticas".

Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) que engloba a 800 alcaldes de Catalunya, se ha sumado junto a las entidades soberanistas para denunciar que los políticos son investigados "por haber ejercido la democracia. Estamos en un Estado donde un ministro puede hacer tratos como los que hemos conocido y no pasa nada; por lo tanto estamos delante de un país que tiene un nivel democrático muy bajo", ha destacado mientras reclamaba una república catalana.

Jordi Cuixart, presidente de 'Òmnium Cultural, ha enviado este mensaje "al Gobierno provisional de España: los conflictos políticos se solucionan en Europa y en el mundo entero negociando y poniendo las urnas".  Ha emplazado al Ejecutivo a negociar con las instituciones catalanas, y ha defendido que el "gran consenso y gran acuerdo de país" por unos tribunales "que están deslegitimizados y no tienen ningún tipo de independencia".

"Las urnas no se pueden imputar, no pueden ser objeto del Código Penal y no serán nunca un delito", ha proclamado después el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez mientras insistía en que la única sentencia que esperan "es la sentencia de las urnas"; es "la única que la mayoría de los ciudadanos de Catalunya vamos a respaldar".