La juez abre once piezas en el caso ERE para investigar a 39 empresas

SEVILLA.- La juez María Núñez Bolaños ha abierto once nuevas piezas separadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta en las que existe "riesgo de prescripción", entre ellas una referente a las ayudas a empresas de Juan Francisco Trujillo, exchófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a la Faja Pirítica de Huelva, a 26 empresas de la Sierra Norte de Sevilla o a los ayuntamientos sevillanos de San Nicolás del Puerto, Los Palacios y Alcolea del Río.

En un auto fechado el día 12 de julio, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y abre estas nuevas piezas "teniendo en cuenta el volumen de trabajo existente y avanzando en el marco establecido" por el auto de 30 de julio de 2015 donde acordó dividir el caso ERE en piezas separadas.

"Estableciendo un orden en la actuación y resultando imposible, en atención al volumen de trabajo, abrir todas y cada una de las piezas existentes, procede comenzar con aquellas que por referirse a ayudas directas existe riesgo de prescripción, cuyos atestados están unidos" a la causa "sin tramitar", dice la juez, que dice compartir la "preocupación" en este extremo del Ministerio Público "a fin de evitar las previsiones en base al artículo 131 del Código Penal", que regula la prescripción.

En este sentido, la juez requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que realice una lista completa de las ayudas directas sobre las que se ha realizado y presentado atestado, así como de las que estén pendientes, "indicando cuantía y fecha de pago".

Así las cosas, la instructora abre tres piezas para investigar las ayudas concedidas a los ayuntamientos de San Nicolás del Puerto, Los Palacios y Villafranca y Alcolea del Río, cuyos atestados constan unidos a la causa matriz de los ERE.

De igual modo, y "por incluir tanto póliza individual como ayudas", además de "por su antigüedad y estado", la juez acuerda abrir una pieza relativa a las empresas participadas por el exchófer de Guerrero (Iniciativas Turísticas Sierra Norte, Lógica Estratégica Empresariales, Ave Nueva y Lladeso Hoteles) y las ayudas percibidas por éste y también por su madre, Estrella Blanco, a través de una póliza individual.

Asimismo, y "atendiendo al estado de la causa", Núñez abre la pieza relativa a la Sierra Norte, donde investigará las ayudas a 26 empresas, como la Asociación Sierra Norte para la atención al disminuido psíquico (Asnadis), Quesos y Embutidos Real de la Jara, El Venero de Móstoles, Andalucine, S.C.A. Virgen del Robledo, Gestión Turística del Sur, El Olivar de los Infantes, o Coflosur.

Entre estas empresas también se encuentran Promociones Vinícolas de Sevilla; Dehesa Navera; Tialna; San Goy Hotel Posada del Moro; Pema Jamones y Embutidos; Atarazanas de Constantina; S.C.A. San Sebastián de Guadalcanal; Grueso y García; Corsevilla S.C.A.; Romero Álvarez S.A.; S.C.A. Megara; Vivir El Barro S.L.-Refractarios y Derivados; Refractarios Sevilla, Refractarios Guadalcanal y Refractarios Andalucía; Productos Barataria; S.C.A. Virgen de Belén; Antonio Diana Expósito; Eustaquio Reina S.A. y José Gómez Muñoz.

Por último, acuerda abrir las piezas por las ayudas a Río Grande, Calderinox, Cydeplas S.A., Cydeplast PET S.L., Nazapet SAL y Faja Pirítica de Huelva, ésta última atendiendo a su "mayor complejidad y extensión".

En relación a la pieza por las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, fuentes del caso han indicado a Europa Press que la magistrada ya recibió un atestado de la Guardia Civil en el que los agentes analizan las ayudas a diversas empresas mineras de la Faja Pirítica e imputan a más de 200 personas que recibieron las ayudas para prejubilaciones, algunas de las cuales ya han fallecido.

Entre estas empresas se encuentran Río Tinto, minas de Almagrera o mina La Herrería, según han señalado las mismas fuentes consultadas, que han precisado que el atestado aportado por la Guardia Civil contiene varios miles de documentos anexos.

En un escrito elevado al Juzgado el pasado 27 de junio, consultado por Europa Press, Anticorrupción pone de manifiesto que "en reiteradas ocasiones" ha pedido la división de la causa en piezas separadas, "entendiendo que con ello se daba justificada respuesta tanto a la agilización de la instrucción y posterior enjuiciamiento sin merma de los derechos y garantías de las partes, en especial de todos los investigados en la causa".

A su juicio, lo que propone la magistrada tras el auto de división del 30 de julio de 2015 "supone, de hecho, que todos aquellos pagos singulares que se han recogido como objeto de investigación en atestados policiales ya incorporados a las actuaciones con anterioridad al dictado" del auto referido "no sean objeto precisamente de la agilización e impulso que se pretendía, con las consiguientes dilaciones y sus efectos".

"Lo cierto es que aún restan no sólo un importante número de atestados sin que se haya procedido a la incoación de previas para su instrucción y enjuiciamiento, sino que éstos atestados resultan ser los de más extensión y complejidad --sirva como ejemplo Faja Pirítica, Boliden, Promi, Pickman--", asevera la Fiscalía, que argumentaba su petición para "evitar que puedan prescribir determinados pagos realizados con fondos públicos para aquellas personas que aún no hayan sido imputadas por ello en las presentes diligencias 174/11".

En otro escrito fechado el 10 de febrero, la Fiscalía recuerda que recurrió el auto donde la juez acordaba la formación de las seis primeras piezas de los ERE y dejó la formación del resto de piezas "en espera de los pronunciamientos" de la Audiencia Provincial "en las ya formadas".

A su juicio, "el tiempo que transcurre en la tramitación y resolución del recurso de apelación interpuesto por esta Fiscalía --y otros interpuestos por otras partes personadas-- se está traduciendo de hecho en una situación que merma sustancialmente los derechos y garantías de las partes, en particular, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas así como el verse sometido como investigado en espera de enjuiciamiento, con medidas cautelares personales y reales adoptadas contra su persona y patrimonio, durante un periodo de tiempo que esta Fiscalía entiende no encontrarse justificado en modo alguno".

Al hilo de ello, precisa que el pronunciamiento que recaiga en la pieza del procedimiento específico "versará en el reproche penal que merezca de ser probada la conducta, de todas o algunas de las personas investigadas, de diseñar, implementar y consentir un sistema que pusiese en manos de la Consejería de Empleo fondos públicos que eludieran por una parte la fiscalización eficaz y prevista de los mismos, así como romper las reglas de la competencia entre empresas y el acceso de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad y en atención a su concreta situación personal, a recursos públicos adscritos a la finalidad del programa presupuestario 31 L".

Anticorrupción dice no entender "cómo el pronunciamiento que recaiga en la misma puede influir en aquellos singulares expedientes en los que se han omitido trámites esenciales en la gestión de fondos públicos como subvenciones, hecho no discutido por ninguno de los informes periciales obrantes en autos", produciéndose así "un cúmulo de irregularidades que merecen un reproche penal, sin perjuicio de delimitar en cada pieza adecuadamente la posible responsabilidad penal y/o civil de las personas que han tenido participación en los hechos".