El juez archiva la causa contra Ada Colau por las subvenciones a entidades sociales al no apreciar irregularidades

El juez que investigaba a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por presuntamente otorgar subvenciones a entidades sociales, ha acordado archivar la causa contra ella, al concluir que no dio instrucción alguna para la concesión de las ayudas, que fueron aprobadas por mayoría en el pleno municipal.

De acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona resuelve archivar la investigación, que se abrió a raíz de una querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática por la presunta concesión arbitraria de subvenciones a entidades afines.

La querella, según considera el ministerio público, es "en un 99,9%" idéntica a otra denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución que la Fiscalía Anticorrupción ya archivó en julio del año pasado y que firmaba el mismo bufete jurídico.

Para el magistrado, de la documentación que figura en la causa, las testificales y la declaración de la propia Colau no se desprende "ninguna conducta" delictiva atribuible a la alcaldesa, que, recuerda, cuando tomó posesión de su cargo delegó parte de sus funciones, entre ellas las relacionadas con la concesión de subvenciones por parte de las distintas gerencias del consistorio.

Según el magistrado, la interventora del Ayuntamiento que declaró como testigo -"funcionaria de carrera y por ende no dependiente de una determinada adscripción política", destaca el auto- confirmó que ella "nunca observó ninguna conducta más allá de meras irregularidades, pero que nunca transcenderían al ámbito penal".

En concreto, la funcionaria avaló la legalidad de las subvenciones, que el Ayuntamiento venía otorgando desde la etapa del convergente Xavier Trias, aunque admitió que en 2019 había recomendado que las ayudas se adjudicaran a través de los presupuestos para reforzar su control político.

Otras demandas

Además de esta causa, la alcaldesa permanece investigada en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona por los delitos de coacciones y prevaricación a raíz de otra querella presentada por el fondo inversor Vauras Investments S.L., que la acusa de presionarlo para que destinara inmuebles a alquiler social.

La querella fue inicialmente archivada por la juez instructora, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la causa para investigarla únicamente por los delitos de prevaricación y coacciones, no por los de tráfico de influencias, cohecho, usurpación de atribuciones y negociaciones prohibidas a funcionarios que también le atribuía Vauras Investments S.L., a quien el consistorio califica de "fondo buitre".

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha manifestado su preocupación por el alud de procesos judiciales contra el equipo de Gobierno. Y es que las políticas de Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona desatan anualmente cerca de 1.800 procesos judiciales, el doble de los que encararon sus predecesores en la alcaldía, y un goteo de denuncias y querellas, la mayoría de las cuales han acabado archivadas.

Desde el equipo de Colau consideran que este alud de demandas responde una "estrategia planificada y organizada" por parte de determinados sectores económicos que se sienten perjudicados por las políticas del ayuntamiento y un "abuso" de la Justicia para desgastar electoralmente a la alcaldesa, según fuentes municipales.