El juez Castro aprecia indicios de delito en Camps y Barberá por el caso Nóos

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que asuma las investigaciones en torno al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de la capital levantina, Rita Barberá, ambos del Partido Popular, por la supuesta concesión irregular a Iñaki Urdangarin y el instituto Nóos de la organización de eventos que costaron a las arcas públicas valencianas 3,5 millones de euros.

En concreto, se trata de los congresos denominados Valencia Summit , desarrollados entre 2004 y 2006, y de los Juegos Europeos cuya celebración se firmó con la Comunidad valenciana pero nunca se celebraron, a pesar de lo cual Nóos se embolsó por ello 380.000 euros.

"Existen indicios de que en los hechos a que se refiere han podido tener decisiva e imputable intervención don Francisco Enrique Camps Ortiz y doña Rita Barberá Nolla", señala el juez en un auto dictado este miércoles.

El instructor recuerda que en el auto del pasado 30 de enero, donde fijó una fianza civil de 8,1 millones de euros para Urdangarin y su exsocio en Nóos, Diego Torres, ya mencionaba los indicios racionales de que en la ciudad de Valencia habian tenido lugar hechos con apariencia delictiva de los que no eran únicamente responsables los dos citados. Sin embargo, no cabía mencionar a más personas en aquella resolución por referirse sólo a la justfiicación de las fianzas de Urdangarin y Torres.

Sin embargo, para el juez ha llegado ahora el momento de elevar una exposición razonada al TSJ valenciano para que decida si comparte que existen presuntas responsabilidades penales en el caso de Camps y Barberá, ya que ambos son aforados ante dicho tribunal por su condición de diputados autonómicos.

Una vez que reciba la exposición de Castro, junto a la totalidad de la pieza judicial en formato digital, el alto tribunal valenciano deberá decidir si confirma los indicios delictivos y asume la investigación y enjuiciamiento de los hechos relativos a los convenios firmados entre Nóos, la Comunidad valenciana y el Ayuntamiento de la capital levantina. El juez Castro destaca que no tomará ninguna decisión respecto a esos hechos concretos, que no sean "perentorias", hasta que se pronuncie el TSJ, pero señala que, en caso de que el alto tribunal rechace la competencia, él recuperará el caso respecto a las personas no aforadas.

Camps y Barberá han sido señalados por algunos encausados como los responsables últimos de las negociaciones que condujeron a la celebración en Valencia de tres foros deportivos que organizó el instituto dirigido por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, que la Fiscalía Anticorrupción considera que fueron una fuente de malversación de fondos públicos.

En el auto dictado en enero en el que imponía la fianza de 8,1 millones de euros a Urdangarin y Torres, el juez de Nóos señalaba ya "indicios racionales de que en la ciudad de Valencia había tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva".

En su última declaración ante el magistrado instructor el pasado febrero, Diego Torres declaró que Urdangarin y él se habían reunido con Camps y Barberá en 2004 en el Palacio de la Zarzuela para hablar sobre la celebración del primero de estos foros, el Valencia Summit, que en sus tres ediciones supuso un desembolso total para Nóos de al menos 3,1 millones de euros.

Además, Torres entregó al juez un escrito la semana pasada en el que explicaba detalles de dicha reunión y aseguraba que, aunque no lo podía precisar con seguridad, la fecha más probable de que tuviera lugar ese encuentro era el 29 de enero de 2004.

Por su parte, el propio Urdangarin admitió ante el juez que esa reunión con el expresidente y la alcaldesa se produjo, pero negó que fuera en Zarzuela. Urdangarin reconoció que los trabajos del Instituto Nóos para preparar la primera edición de la Valencia Summit comenzaron antes de que la entidad firmara el convenio con la Generalitat para organizar dicho evento.

Admitió que el acuerdo para organizarla debió ser de forma verbal y con cierta antelación, ya que el convenio para organizar la cumbre se firmó el 8 de septiembre de 2004 y la Valencia Summit tuvo lugar el 24 de octubre, un margen "muy apretado".

El Valencia Summit, un encuentro sobre deporte del que se celebraron tres ediciones en la capital levantina (2004, 2005 y 2006), fue organizado por el Instituto Nóos y pagado con fondos públicos que la Fiscalía Anticorrupción considera injustificados. La Fiscalía, al calcular la fianza de responsabilidad civil para los dos principales imputados, Urdangarin y Torres, estimó en 3.512.000 euros el dinero que llegó a cobrar el Instituto Nóos por contratos firmados con administraciones valencianas.

Nóos cobró esas cantidades por el Valencia Summit en virtud de convenios firmados por Nóos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (de la Comunidad autónoma) y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (del Ayuntamiento).

En cuanto a los Juegos Europeos que nunca se celebraron, fueron fruto de un convenio firmado con la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana. El firmante por la Generalitat, el entonces consejero Esteban González Pons --hoy vicesecretario general del PP nacional--, señaló, en su declaración como testigo ante el juez Castro, que la rúbrica fue aprobado previamente por el Gobierno valenciano, presidido entonces por Camps.

Por las tres ediciones el Instituto Nóos presidido entonces por Iñaki Urdangarin percibió unos tres millones de euros (1,044 millones por cada edición, pese a que el coste real de cada una de ellas oscilaría alrededor de los 300.000 euros, según los investigadores).