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El juez del caso de niños robados investigará a un párraco que firmó órdenes de sepultura

El sacerdote, ya fallecido, firmó durante 20 años licencias de enterramiento algo que, por Ley, debe hacerlo un juez 

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El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, que instruye una de las denuncias por el 'caso de niños robados', investigará por qué un párroco de Madrid ya fallecido firmó durante 20 años órdenes de sepultura de niños supuestamente fallecidos en la clínica Santa Cristina y la antigua maternidad de O'Donnell cuando la Ley establece que debe ser la autoridad judicial.

Así lo ha destacado el abogado Guillermo Peña, de la asociación S.O.S. Bebes Robados, tras la declaración como testigo del antiguo médico de la clínica Santa Cristina José María del Castillo. Su citación se enmarca en la denuncia presentada por Juana Fernández por el supuesto robo de su hermano Juan Elías, que nació el 2 de febrero de 1963.

Según Peña, el testigo habría señalado que se limitó en el parto a estar presente al desempeñar solo las funciones de tocólogo y habría añadido que las anotaciones las habría hecho la matrona. Además, el doctor ha señalado que en el Santa Cristina no había entonces un protocolo a seguir cuando un niño fallecía.

La denunciante ha señalado que en el caso 'hay muchas irregularidades'

A las puertas de los juzgados, Juana Fernández ha destacado que en este caso 'hay muchas irregularidades' y ha reseñado que un informe de la Policía Científica ha confirmado que hubo un 'falso bautizo' de su hermano, dado que la firma del padrino está falsificada.

Entre las irregularidades, destaca que la licencia de enterramiento la firmara el párroco Gregorio G. -ya fallecido- y no un juez, tal y como manda la Ley. 'No nos explicamos por qué se le mandó dar sepultura el mismo día que fallece y por qué hay un bautismo que tiene una firma reconocida por la Policía científica como no realizada por la persona que aparece como padrino', ha señalado el letrado.

Y ha añadido que 'una licencia de sepultura eclesiástica no sustituye a la licencia judicial'. 'Es llamativo que las firmaba la misma persona a lo largo de 20 años', ha apostillado.

Además, Peña ha apuntado que tanto él como el magistrado sospechan de que en este caso no habría una muerte falsa, sino 'un cambio de un niño fallecido por otro' conforme a los documentos de los que dispone el hospital.

'Puede que uno de los fallecidos se lo dieran a la madre afectada', ha apuntado el letrado'Al haber dos fechas distintas de fallecimiento puede que uno de los fallecidos se lo dieran a la madre afectada y el suyo se lo llevara otra persona. Lo sospechamos a raíz de los documentos y de la escasa información que ha dado la única persona que ha testificado', ha apuntado.

'Entre las principales irregularidades nos llama la atención las dos fechas diferentes de muerte, hay 24 horas de diferencia entre una y otra', ha destacado el abogado en alusión a las horas distintas horas de fallecimiento entre las que informó el hospital y las que quedaron registradas en el registro civil.

También les llama la atención que la orden de entierro careciera de licencia judicial cuando una eclesiástica en 'ningún modo sustituye la judicial que la manda la Ley'. 'Para colmo en el acta de bautismo solemne aparece la firma de una persona que ni siquiera estuvo en el hospital', ha dicho.

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