El juez imputa al 'número dos' del PSC, que deja sus cargos en el partido pero mantiene el escaño

El secretario de Organización del PSC, Dani Fernández, fue este viernes formalmente imputado en un delito de tráfico de influencios por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La consecuencia ha sido que ha dejado sus cargos en el partido, pero ha anunciado que mantendrá su escaño de diputado en el Parlament catalán, ya que sigue considerándose inocente de todos los cargos.

Pere Navarro ha anunciado que ha propuesto a Esteve Terradas, actual secretario de formación del partido, como nuevo secretario de Organización, aunque el líder del PSC ha aclarado que la sustitución es "provisional" porque él tampoco duda de la inocencia de Fernández. El tribunal ha imputado a Daniel Fernández por un delito de tráfico de influencias por presionar presuntamente a la alcaldesa socialista de Montcada i Reixac (Barcelona), Maria Elena Pérez, para que colocara de técnica a una exalto cargo del tripartito.

Fernández también ha anunciado que dejará sus responsabilidades institucionales en el Parlament, en concreto su puesto en la Mesa de la Comisión de Juventud y en la de Asuntos Institucionales, aunque no el escaño. "Tengo la total convicción de que no he cometido ningún delito ni infracción en el asunto por el que he sido imputado. Mi participación en este tema ha sido sólo dar mi opinión sobre un puesto de libre designación, una opinión que compartía la alcaldesa", ha dicho Fernández.

Remover "obstáculos"

En un auto notificado este viernes, el alto tribunal se declara competente para instruir la causa, al considerar que hay indicios de que Fernández usó su "prevalencia" como alto dirigente del PSC con el fin de presionar a la alcaldesa de Montcada para que "removiera los obstáculos" que impedían la contratación de la exalto cargo del tripartito Carmina Llumà.

Fernández, que goza de la condición de aforado por ser diputado del Parlament, se apartó como secretario de organización del PSC en noviembre pasado al verse salpicado en el caso Mercurio por esta supuesta contratación a dedo, por la que también están imputados el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, su hermano Francisco -concejal socialista en este municipio- y la alcaldesa de Montcada.

La imputación de Fernández deriva de una pieza separada que abrió el titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell, en el marco de la macroinvestigación del "caso Mercurio", sobre una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de este municipio.

Cesión fulminante

Los indicios contra el diputado socialista derivan de tres conversaciones telefónicas que mantuvo con Bustos, cuyo teléfono estaba intervenido por orden judicial, de las que se desprende que Fernández presionó a la alcaldesa para que contratara como directora del área territorial del consistorio a Carmina Llumà, pese a haber sido descartada por la empresa encargada del proceso de selección.

En su auto, la sala civil y penal del TSJC ve indicios de que, "atendida la relación de prevalencia" que tanto Daniel Fernández como Manuel Bustos y su hermano Francisco ostentaban sobre la alcaldesa de Montcada, estos "ejercieron presión" para que influyera e intercediera en favor de Carmina Llumà.

La alcaldesa de Montcada cesó fulminantemente a su arquitecto municipal, Albert Barenys, en marzo del pasado año y poco después convocó un concurso público que sirvió para contratar como directora del área territorial del consistorio a la exsecretaria general de Política Territorial durante el tripartito.

Nuevas citaciones

El auto del TSJC reproduce algunos fragmentos de las conversaciones que Fernández y Bustos mantuvieron sobre Llumà.Además de las conversaciones intervenidas, el TSJC alude en su auto a la existencia de un informe previo de la empresa a la que el Ayuntamiento de Montcada había encomendado el proceso de selección de director del área territorial, que declaraba "no apta" a la exalto cargo del tripartito.

La sala civil y penal ha nombrado instructor de la causa abierta a Fernández al magistrado Joan Manel Abril, profesor de Derecho Civil que fue nombrado por el Parlament y que había sido responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona.

El magistrado deberá citar ahora a declarar como imputado al aforado, así como a los hermanos Bustos y a la alcaldesa de Montcada, ya que todas las pesquisas referentes al presunto tráfico de influencias sobre Llumà son asumidas por el TSJC.