El juez indagará si la infanta informó a Hacienda de sus cuentas y bienes en el extranjero

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha solicitado a la Agencia Tributaria que informe si tanto la Cristina de Borbón como su marido, Iñaki Urdangarin, Diego Torres, la mujer de éste, Ana María Tejeiro, y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, han informado a Hacienda desde 2002 a la actualidad de si disponen de cuentas, valores, rentas o bienes en el extranjero.

Así lo ha acordado este viernes mediante una providencia, en la que admite la petición cursada por el sindicato Manos Limpias y reclama a Hacienda que aporte datos sobre si, como consecuencia de la obligatoriedad de la presentación del modelo 720 para quienes tengan bienes y derechos en el extranjero, tanto la infanta como los anteriores imputados han procedido durante esas fechas a la presentación de ese modelo tributario.

El magistrado también ha solicitado esta diligencia en el caso de los excontables del Instituto Nóos Miguel y Antonio Tejeiro, a fin de conocer si todos ellos, tanto como personas físicas como por mediación de alguna de sus mercantiles, han efectuado esta declaración informativa, que se aplica a los contribuyentes con cuentas, valores o bienes en el extranjero a 31 de diciembre de 2012, con sanciones de hasta el 150 por ciento del valor del bien no declarado.

Esta declaración informativa busca estrechar el cerco sobre los contribuyentes que tienen bienes en el extranjero sin declarar. De esta forma, si la Agencia Tributaria descubre que un contribuyente no ha informado de una cuenta en el extranjero, imputará ese bien como ganancia patrimonial en el IRPF, con lo que tributará al tipo marginal en cuestión, que puede llegar al 52 por ciento.

Además, aunque esta cuenta se hubiera abierto en el año 2000 y, por tanto, el fraude fiscal se hubiera cometido en un ejercicio fiscal ya prescrito, no se considerará como tal y se girará la declaración y la sanción correspondiente al último periodo impositivo que no haya prescrito.

La providencia llega el mismo día en el que Castro ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) su exposición razonada en torno a los indicios que pesan sobre el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en relación a su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.

En el auto que dictó este miércoles para proponer a la máxima instancia judicial valenciana que asuma la competencia para instruir esta parte del caso Nóos, el juez ya apuntaba a la "decisiva e imputable intervención" de ambas autoridades, quienes debido a su condición de aforados -por ser diputados en las Cortes Valencianas- deberán ser investigados por el TSJCV, en caso de que éste finalmente admita la competencia para ello.

El magistrado, ya cuando acordó una fianza civil de 8,2 millones para los exresponsables de Nóos Iñaki Urdangarin y Diego Torres, manifestó que había indicios "razonables" de que en Valencia "había tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva".