Una juez investiga la adjudicación y las obras del tranvía de Zaragoza

ZARAGOZA.- La obra pública municipal más costosa de la historia de Zaragoza, la línea 1 del tranvía, valorada en 400 millones de euros, se encuentra bajo la lupa de los tribunales. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza ha ordenado al Ayuntamiento de la capital aragonesa, a petición de la Fiscalía, que le entregue seis bloques de documentación que afectan al concurso por el que la gestión acabó en manos de Acciona, a la creación de una sociedad mixta para explotar el servicio, a la ejecución de las obras –para determinar si la facturación se adecuó a los trabajos realizados- y, también, a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico de la ciudad.

Sospechas sobre la normativa urbanística

El consistorio, que ayer formalizó las órdenes para pagar los 14,85 millones de su plazo de este año, reclama a la comunidad 40 millones desde que esta decidió suspender sus aportaciones en 2013. Entonces gobernaban el PP de Luisa Fernanda Rudi en la autonomía y el PSOE de Juan Alberto Belloch en el ayuntamiento. Ahora, con Zaragoza en Común (ZeC) en el municipio y el PSOE en el ejecutivo autonómico, las diferencias sobre esos pagos se mantienen pese al cambio de actores.

Este fleco de la investigación tiene que ver con la aportación que el consistorio hizo a la empresa mixta que explota el tranvía: fueron los suelos sobre los que discurre el trazado y en los que se encuentran sus instalaciones. La magistrada trata de esclarecer si la entrega de esos terrenos públicos a una sociedad anónima y su utilización para instalar en ellos la infraestructura fueron o no legales. “Creo recordar que no” se efectuó esa previsión en el PGOU, indicó el portavoz del PP, Eloy Suárez.

“No tenemos nada que ocultar”

El equipo de ZeC, por su parte, ha dado las órdenes para cumplimentar la petición del juzgado. “Enviaremos toda la documentación que se requiera”, señaló el portavoz del gobierno municipal y concejal de Economía, Fernando Rivarés, quien anotó que la jueza “investiga el modo y manera en el que se convocó y adjudicó” la obra y su explotación. “Tenemos un compromiso con la transparencia absoluta –añadió-. No tenemos nada que ocultar, y menos en una investigación a instancias de la Fiscalía”.