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Un juez obliga a Vox a readmitir en su grupo parlamentario a los tres diputados de Murcia que expulsó en junio de 2020

El magistrado considera que el partido ultraderechista vulneró los derechos de asociación y participación pública de los tres parlamentarios de la Asamblea de Murcia, entre ellos María Isabel Campuzano, actual consejera de Educación y Cultura.

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La consejera de Educación y Cultura de Murcia, María Isabel Campuzano, junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en una imagen de archivo. DIMA / Europa Press

Un juez de primera instancia de Cartagena (Murcia) ha obligado a Vox a readmitir a los tres diputados de la Asamblea Regional de Murcia que expulsó en junio de 2020, informa la agencia EFE.

El magistrado considera que Vox vulneró los derechos constitucionales de asociación y participación pública de los tres parlamentarios expulsados. 

Al estimar parcialmente la demanda de Juan José Liarte, portavoz del grupo de expulsados; María Isabel Campuzano, actual consejera de Educación y Cultura, y Francisco Carrera, secretario primero de la Mesa de la Asamblea, se obliga a Vox a "reintegrarlos en su condición de afiliados del partido con todos los cargos y derechos que tenían antes de la resolución de expulsión".

La sentencia declara nula la resolución de los comités de Garantías y Ejecutivo Nacional de Vox del 23 de junio de 2020. También se anula la convocatoria el proceso de primarias a la dirección del partido en la Región de Murcia, que ganó José Ángel Antelo.

En la vista, que se celebró el pasado 13 de enero, testificó el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, uno de los cuatro cargos nacionales a los que esos diputados retiraron en mayo de 2020 los poderes para poder controlar las cuentas y contratar a los trabajadores del grupo parlamentario.

Tres de estos trabajadores fueron despedidos por los demandantes sin conocimiento de la dirección estatal, a la que se mantuvo fiel un cuarto diputado, Pascual Salvador.

La Fiscalía reclamó la nulidad de la expulsión por una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2016, ya que el reglamento de la Cámara murciana no contempla que terceras personas externas al grupo puedan controlar las subvenciones que recibe ni contratar a personal para los parlamentarios, que no firmaron el reglamento interno de Vox, que sí explicita el apoderamiento externo.

La resolución no es firme y cabe contra ella recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.

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