El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a juicio a la formación política PdeCAT, a su predecesora, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y a sus extesoreros Germà Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca por el denominado caso 3%, la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar al partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública.

Según el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 acuerda la apertura de juicio oral para un total de 30 personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Catalunya.

Pedraz abre juicio también respecto a 16 personas jurídicas, mientras que decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero, presidente de la constructora Grupo Ortiz.

El juez declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para enjuiciar estos hechos y da un plazo de tres meses a las defensas de los acusados para presentar sus escritos de defensa.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez instructor recoge los escritos de acusación tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de los ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de más de 20 años de prisión para los acusados y una multa de 3 millones de euros para el PdeCAT por la "estrategia para el financiamiento ilícito" que se habría realizado "sistemáticamente" a lo largo de los años en su predecesora política, la extinta CDC, en el marco del caso del 3%.