El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha prorrogado un año más la instrucción del caso del 3%, en el que se investiga una presunta financiación irregular de la antigua Convergència Democrática de Catalunya (CDC) a cambio de adjudicaciones irregulares de obra pública. Este caso acumula ya más de una veintena de imputados.

De la Mata ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción al vencer el 23 de febrero el plazo establecido por su complejidad. Todo ello, bajo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) impulsada en 2015 por el PP y que ahora el actual Gobierno quiere derogar, puede prorrogarse otros 18 meses.

Esta trama salpica a la anterior Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y a su sucesor PDeCAT

Esta ley apunta que se tratan de "unos hechos complejos que requiere la elaboración de periciales. Además, llega a involucrar a una gran cantidad de imputados y a la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas".

El fiscal del caso, José Grinda, argumentó para solicitar esta prórroga, la cual se encuentra a la espera del análisis de numerosa documentación. Si bien las fuentes consultadas han señalado que, pese a ello, lo más probable es que no se agote este plazo de 12 meses para concluir la causa.

En abril de 2018, De la Mata, que también instruye el caso Pujol, aceptó hacerse cargo de la causa del 3%, en donde se investigó 24 adjudicaciones irregulares de obra pública por un total de 175 millones de euros a cambio de mordidas para CDC. Para aceptar la competencia de la Audiencia Nacional, De la Mata explicaba que la red del 3% pudo alterar "la economía nacional".

Este procedimiento se abrió en 2013 a raíz de unas supuestas irregularidades en obras públicas detectadas al entonces alcalde de Torredembarra, Daniel Massagué (CDC).  Los extesoreros del partido, Daniel Osàcar (condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel por el caso Palau) y Andreu Viloca, también han sido imputados en esta trama. 

Como personas jurídicas tanto Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) como de su sucesor, el PDeCAT, también están en proceso judicial por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.