El juez Silva relaciona los correos de Blesa con Gürtel, Aznar y Agag

El juez Elpidio José Silva, que encarceló dos veces al exbanquero Miguel Blesa, ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la prohibición de acceso a 8.000 correos electrónicos obtenidos de los ordenadores del expresidente de Cajamadrid. El magistrado, en el marco de la querella que la Fiscalía ha presentado contra él por prevaricación, eleva el tiro y señala que en el paquete de mails algunos hacen referencia al pago de facturas por parte de la caja madrileña a la trama Gürtel, y que hay otros donde se menciona a José María Aznar, su yerno Alejandro Agag y una operación de compra de armas, según fuentes jurídicas.

El juez Silva sólo apunta alguno de los contenidos de los correos, que considera esenciales para su defensa por mostrar la actuación de Blesa y otros exdirectivos de Cajamadrid imputados para desarrollar operaciones irregulares. El magistrado los conoció cuando instruía las causas contra Blesa, y ahora están incorporados a la causa del TSJ de Madrid pero sin acceso para él.

Entiende que el contenido de los mails demuestra que actuó con extrema prudencia, sigilo y discreción como instructor de las causas contra Blesa, que le han costado la querella de la Fiscalía por delitos de prevaricación, contra la libertad y de retardo malicioso en la administración de justicia. El magistrado insiste en que en los correos se reflejan actuaciones extravagantes, que apuntan a tráfico de influencias y concesión de créditos a sabiendas de que no se cobrarían y que supondrían perjuicios para la entidad.

Con esos argumentos, el objeto del recurso es permitir que tanto sus abogados como él mismo puedan examinar los correos electrónicos, lo que el instructor del TSJ de Madrid, Jesús Gavilán, denegó al considerar que afectan a la esfera de la intimidad de Blesa.

Asimismo, y en otro escrito, el juez Silva propone al instructor la práctica de una batería de pruebas para contrarrestar la querella de la Fiscalía. En primer término, pide al juez Jesús Gavilán que le cite a él mismo. Su comparecencia como imputado fue pospuesta en tres ocasiones a lo largo del pasado mes de octubre, ante la alegación del juez querellado de que sus abogados y él no habían tenido opción de analizar la totalidad de la causa.

El juez pide que se cite a sus colegas de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez

Para armar su defensa, los letrados del magistrado objeto de la querella de la Fiscalía piden además, como diligencias de prueba, que se cite a los jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instructor del 'caso Bankia' y que tiene imputado a Blesa por la emisión de preferentes; así como a Javier Gómez Bermúdez, que investiga la causa contra la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Silva defiende que el testimonio de ambos es relevante para conocer la práctica forense y procesal en relación a delitos como los que investigó él en el 'caso Blesa'.

Otros testigos propuestos por la defensa son los guardias civiles de Rivas Vaciamadrid que investigaron la causa contra Blesa a las órdenes de Silva, y que solicitaron medidas para el esclarecimiento de la causa que el juez acordó posteriormente, siendo algunas de ellas consideradas prevaricadoras por la Fiscalía. Entre ellas destaca la solicitud de que se decretase secreto de sumario, la intervención de comunicaciones y orden de entrada y registro.

También piden que declaren como testigos ante el juez los peritos de la auditora KPMG, que realizaron un informe que certificaba irregularidades en la concesión del crédito de 26 millones de euros por Cajamadrid al expresidente de la CEOE y entonces consejero de la propia Caja Gerardo Díaz Ferrán. Asimismo, quiere que confirmen si fueron objeto de presiones por parte de consejeros de la caja madrileña como Estanislao Rodríguez Ponga o José Antonio Moral Santín, proximos el primero al PP y el segundo a IU.

Su petición de prueba incluye la comparecencia de su sustituto en determinadas fechas de 2012 en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Juan Antonio Toro Peña, que firmó la inhibición de la causa en julio de 2012 confirmando la reapertura de las actuaciones, ambas decisiones cuestionadas por la Fiscalía por injustificadas e inmotivadas. Y la de dos secretarios judiciales relacionados con el caso del crédito y el de la compra de un banco de Miami por Cajamadrid.

Asimismo, quiere que testifiquen el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y los abogados de Ausbanc que representaron a dicho sindicato como acusación en la causa contra Blesa, Luis Pineda y Almudena Velázquez, para explicar detalles de su personación en la causa --negada por el fiscal--, su petición de prisión para el expresidente de Cajamadrid, y otras cuestiones procesales defendidas por Blesa y su abogado, Carlos Aguilar. También solicita la citación de cuatro directivos de Bankia, y que se lleve a cabo en el Tribunal el visionado de las grabaciones audiovisuales de las declaraciones testificales y de imputados en el caso del crédito y en el del Banco de Miami.