Una jueza admite una querella contra Colau por proyectar ejes verdes en el Eixample de Barcelona

El Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona ha admitido una querella contra la alcaldesa, Ada Colau, y la primera teniente de alcaldía, Janet Sanz, por el proyecto de la 'supermanzana' del Eixample, que implica la transformación de las calles Consell de Cent, Entença, Rocafort y Diputació en ejes verdes. 

La querella fue presentada el pasado 3 de marzo, a pocos meses de las elecciones municipales, por los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas, junto con Acebillo, que fue uno de los artífices del urbanismo de la época olímpica con Pasqual Maragall.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), es una querella por los presuntos delitos de malversación y delito urbanístico, y en estos momentos no hay nadie citado a declarar.

Los tres impulsores de la querella, que ahora ha sido admitido a trámite, ya denunciaron el pasado año ante la Fiscalía, junto a la plataforma Salvem Barcelona, el mismo proyecto, si bien el Ministerio Público lo archivó en febrero pasado al no ver delito.

La querella sostiene que, con esta reurbanización en el marco de la 'Superilla' del Eixample -una de las propuestas estrella del equipo de la alcaldesa Ada Colau para pacificar el tráfico en Barcelona-, "se están transformando sustancialmente, por no decir eliminando, unas vías públicas esenciales de la ciudad", por lo que es necesaria una modificación previa del Plan General Metropolitano (PGM).

Fuentes municipales han afirmado que el Consistorio aportará a la causa documentación que ya presentó a la Fiscalía cuando investigaba el mismo caso, que quedó archivado.

El Ayuntamiento ha mostrado su "convencimiento de que acabará igual" y ha asegurado que un dictamen de la Generalitat ya avaló el procedimiento y no consideró necesaria una modificación del planeamiento.

En diciembre, la Fiscalía decidió archivar las diligencias sobre la 'supermanzana' tras constatar que el proyecto "no revestía elementos bastantes para ser considerado un delito sobre la ordenación del territorio" como alegaba la denuncia que inició la causa.

El fiscal analizó la actuación urbanística y, tras consultar informes técnicos, consideró que "no es evidente que para la realización de una ordenación de ese espacio público, en la forma establecida por esos ejes, fuera necesaria previamente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM)" como sostenían los denunciantes.