Este artículo se publicó hace 11 años.
La jueza Alaya embarga fincas y cuentas a Guerrero para cubrir los 686 millones de fianza civil
También embarga bienes para cubrir la fianza de 173 millones de euros al ex director general de Trabajo Juan Márquez
La juez que investiga los ERE fraudulentos ha decretado este lunes el embargo de dos fincas y cuentas al ex director general de Trabajo encarcelado Francisco Javier Guerrero para cubrir su fianza civil de 686 millones de euros y a su sucesor Juan Márquez, otras dos propiedades y sus depósitos bancarios para cubrir 173 millones.
En un decreto al que ha tenido acceso Efe, la juez Mercedes Alaya acuerda embargar a Guerrero una finca que tiene a su nombre en El Pedroso (Sevilla) y otra de la que posee un tercio de la propiedad en la misma localidad, además de todos sus saldos bancarios y las posibles devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria. Además, acuerda recabar toda la información patrimonial existente sobre sus posesiones a través de la llamada Consulta Integral del Punto Neutro Judicial.
Estos embargos están destinados a cubrir la fianza civil de 686 millones de euros que la juez impuso a Guerrero por las ayudas fraudulentas que tramitó y no guardan relación con la fianza de 50.000 euros que pagó en octubre de 2012 para salir de la cárcel, después de siete meses en prisión.
En otro decreto, la juez embarga bienes para cubrir la fianza de 173 millones de euros al ex director general de Trabajo Juan Márquez, que ocupó el cargo entre 2009 y 2010, también para responder por la vía civil de las ayudas que autorizó. En este caso Márquez verá embargado un piso en la calle Marina de Huelva y otra finca en Lucena del Puerto (Huelva), así como todos sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de la Agencia Tributaria.
Ambos ex directores generales están imputados en la trama de los ERE referidos a los "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas, pero Guerrero, además, está encarcelado desde el 15 de marzo pasado por la nueva investigación referida a las sobrecomisiones que cobraban las empresas mediadoras en los expedientes.
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