MADRID.- La capacidad para establecer el día de la celebración de la sesión de investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno es prácticamente la única competencia exclusiva que tiene la presidencia del Congreso de los Diputados, cargo que recae desde el pasado día 19 de julio en la diputada popular Ana Pastor.

Pues bien, la manera en la que se ha producido la convocatoria de ese pleno pone en cuestión la independencia de la máxima responsable del legislativo respecto al poder ejecutivo que encarna Mariano Rajoy, su jefe de filas en el partido conservador. La presidenta Pastor hizo el anuncio de la convocatoria del pleno de investidura sin aclarar de forma tajante si la fecha elegida respondía a una petición expresa de Rajoy. Incluso por la forma de expresarse dio a entender que así había sido.

La fecha del 30 de agosto y el riesgo que se desprende de una investidura fallida para que unas posibles terceras elecciones generales en un año se celebren el día de Navidad responden más a un cálculo partidista de Rajoy que a la independencia de criterio de la presidenta de la Cámara baja. Sobre todo por la unanimidad del argumento lanzado por la cúpula del PP contra el PSOE y su líder, Pedro Sánchez: si no se abstiene será el culpable de que los españoles se vean obligados a votar el día de Navidad.

Pero la elección de la fecha tiene otra consecuencia que dice muy poco del papel institucional de quien es la tercera autoridad del Estado como presidenta de las Cortes Generales: si unas terceras elecciones se celebran el día de Navidad significa que la víspera, Nochebuena, es la jornada de reflexión.

Esa noche es el momento en el que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, traslada su habitual mensaje anual. Es el único discurso que, además, no suele estar supervisado por el Gobierno de turno como el resto de intervenciones públicas del monarca. Esa posibilidad tendría repercusiones en el marco institucional desconocidas hasta ahora. La jornada de reflexión, que no es habitual en los países con tradición democrática, se estableció precisamente para prohibir cualquier tipo de mensaje político. Una situación embarazosa para el jefe del Estado que no está teniendo mucha suerte con Rajoy como presidente del Gobierno, ni siquiera en funciones.

Pero en torno a la elección de la fecha para el debate de investidura y sus consecuencias navideñas surgen no pocas reflexiones. Mariano Rajoy retrasó deliberadamente una semana su contestación a las condiciones exigidas por Albert Rivera, líder de Ciudadanos, para negociar un eventual apoyo de la formación naranja a su investidura con el propósito de propiciar un calendario que finalizase en el día de Navidad como fecha para unas teóricas terceras elecciones generales en un año. Así se desprende de un somero análisis de los tiempos políticos que se desencadenan a partir de la reunión que mantuvieron Rajoy y Rivera el pasado miércoles día 10 en el Congreso de los Diputados en la que el líder del partido naranja le expuso las medidas de “regeneración y anticorrupción” que finalmente han firmado ambos partidos este viernes.

Aquel día Rajoy le pidió a su interlocutor un tiempo, que acabó siendo una semana, para que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PP aprobase esas condiciones. Como se ha admitido estos días, ese órgano de dirección del PP ni debatió ni refrendó nada del citado documento de Ciudadanos. Y eso pese a que el propio Rajoy, en rueda de prensa y en su cuenta oficial de Twitter, anunció con tono enfático la trascendencia de esa cita. Finalmente, el cónclave de esa instancia ejecutiva del PP, según dijo Rajoy al acabar la reunión con sus compañeros, se limitó a darle “carta blanca” al líder de la formación conservadora para “negociar” con Rivera. Para eso sirvió la reunión que tantas expectativas había levantado en palabras del propio líder del partido y aspirante a la investidura.

El propio Rivera, tras su primer encuentro del día 10, dijo que en su caso hubiera convocado a su ejecutiva para el día siguiente porque, dijo, “los españoles no pueden esperar más”. Sin embargo, se mostró respetuoso con los trámites internos de una formación política ajena a la suya. “Estaría bueno que yo marcase el calendario del PP”, apostilló.

El caso es que esa dilación de una semana se ha revelado estéril para el fondo de la cuestión, es decir, para preparar en el PP la negociación de las condiciones contenidas en el documento de Ciudadanos. Rajoy en ese tiempo ha estado disfrutando de unos días de descanso en Galicia, con declaraciones a los medios de comunicación en las que, lejos de hablar del contenido del documento de Ciudadanos, se refirió una y otra vez a presionar al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez, para que optara por la abstención en su investidura como presidente del Gobierno.

Con todo, esa no era la única posibilidad que tenía el tándem Rajoy-Pastor para fijar un debate de investidura que alejara de las fechas navideñas y de fin de año una posible jornada electoral en el caso de que los intentos de investir al aspirante conservador u otros alternativos resultaran fallidos, como ocurrió en la legislatura pasada.

Por ejemplo, ir más allá del mes de septiembre y una vez conocidos los resultados de los comicios en Galicia y País Vasco. Los resultados en esta última comunidad pueden dar paso a un escenario en el que el PNV pudiese necesitar el apoyo de terceros, incluso del PP, para gobernar frente a opciones como Podemos y EHBildu. Ese escenario abriría la posibilidad de que Rajoy contase con la contrapartida del respaldo de los nacionalistas vascos a su investidura, o su abstención, frente al actual voto negativo

La elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 fuera del requisito constitucional de presentar un proyecto antes del último trimestre del año “no es problema, si hay un acuerdo generalizado; ha habido precedentes”, aseguran fuentes parlamentarias conocedoras de este proceso. Por ejemplo, en 1996 cuando el Gobierno presidido por Aznar presentó unos PGE en el mes de junio tras ganar las elecciones en marzo de ese año, ya que el anterior Ejecutivo socialista de Felipe González había prorrogado los del ejercicio anterior.

Incluso dentro del margen que permite la actual legislación electoral sería posible celebrar los comicios generales un día laborable entre semana. Ninguna norma obliga a tener que votar obligatoriamente un domingo, circunstancia que marca unas pautas a la hora de publicar la disolución de las cámaras o, como es el caso actual, a calcular en qué momento se ha de celebrar un debate de investidura –la primera votación, que marca el reloj de los tiempos , debe hacerse un martes-.

“Antes de ir a votar el día de Navidad la gente preferiría hacerlo un día entre semana”, señala con cierta sorna un experto letrado de la cámara que prefiere mantener el anonimato. Este alto funcionario recuerda que las elecciones generales de 1977 se celebraron en miércoles, y las de 1979 y 1982, en jueves. Incluso el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN se celebró un miércoles, el 12 de marzo de 1986. Eso sí, a partir de las elecciones generales de junio de ese año todas las convocatorias electorales y referéndums se han celebrado en domingo.