El juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Orense y del PP en esa provincia, José Luis Baltar Pumar, acusado de un delito de prevaricación por la supuesta contratación irregular de 104 personas en la institución que dirigió hasta enero de 2012, se celebrará entre los días 30 de junio y 4 de julio. Fuentes judiciales han precisado que unos 50 testigos pasarán a lo largo de esa semana por el Juzgado de lo Penal número 1 de Orense, que dirige Caterina González Fernández.

Esta decisión llega después de que el pasado mes de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 1 de Orense diese por cerrada la investigación a través de un auto en el que decretó la apertura de juicio oral en 2014. Así, dentro de ocho meses -"hay tanto trabajo que estamos señalando para esa fecha", argumentan desde el juzgado- se sentará el exbarón conservador en el banquillo de los acusados y se enfrentará a peticiones de hasta 10 años de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público. Se trata de la petición de la Fiscalía, que es muy similar a la del colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que rebaja su solicitud a nueve años y medio.

El PSOE, la tercera pata de la acusación particular, demanda también 10 años de inhabilitación por prevaricación, y a ello añade seis años de prisión, multa durante 24 meses de 300 euros por día e inhabilitación especial de seis años por el delito de falsedad de documento público. A esa condena pedida por los socialistas, hay que sumar otra multa de 300 euros por día durante 12 meses y la suspensión de empleo o cargo público durante tres años por malversación de fondos públicos, además del pago de una responsabilidad civil por importe del coste total de los 104 contratos que firmó, sumando salarios, cotizaciones sociales y otros emolumentos.

En todo caso, el juez señala que el "único delito imputado" a José Luis Baltar es el de prevaricación, "por lo que no cabe instar diligencias orientadas a investigar hechos no imputados", y tampoco considera que el delito de prevaricación deba tener derivado el pago de responsabilidad civil.

Los 104 contratos por los que Baltar es objeto de investigación se formalizaron en semanas anteriores y posteriores al congreso del PP provincial de Orense en el que su hijo, Manuel Baltar Blanco, se hizo con las riendas del partido en enero de 2010. Dos años después, también su hijo le sustituyó como presidente de la Diputación orensana, con los únicos votos del PP.

Jubilado de su profesión de docente desde octubre de 2011, Baltar Pumar también causó baja voluntaria en el PP, al que había llegado desde Centristas de Galicia hace más de 20 años, una vez el fiscal jefe de Orense, Florentino Delgado, interpuso la querella contra él al ser informado por el PSOE de las mencionadas contrataciones.

Pero, pese a que la sentencia sobre este caso ya cogerá al exbarón conservador retirado de la vida pública, el portavoz socialista en la institución provincial orensana, Ignacio Gómez, se ha declarado "satisfecho" por que se proceda a la apertura del juicio oral. "Aunque tarde", ha admitido, "parece que la impunidad se acabó" y ha deseado que cunda este ejemplo para "evitar que este tipo de cosas se repitan" en el futuro en las distintas administraciones.