La Junta de Castilla-La Mancha que preside la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, católica confesa y asidua en las liturgias de esta confesión especialmente durante la Semana Santa, parece haber decidido trasladar sus creencias religiosas al funcionamiento de la administración autónomica e incluso a la hora de otorgar beneficios laborales a sus funcionarios y trabajadores públicos, a pesar del carácter aconfesional del Estado que recoge la Constitución.

La Consejería de Agricultura de la comunidad, organismo que dirige María Luisa Soriano, envió ayer un correo electrónico (ver PDF) a su personal anunciando las ventajas que obtendrían aquellos empleados que decidieran asistir a la misa especial que ha tenido lugar este viernes a las 13.00 horas en el monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo con motivo de la celebración de la festividad de San Francisco de Asís. 

El texto del email, al que ha tenido acceso Público, anuncia que "todo aquel personal que quiera acudir a dicho acto podrá fichar a las 12.30 horas y se le concederá una dispensa de una hora y media". Asimismo, explica cuál es el procedimiento que deben seguir aquellos trabajadores que finalmente quieran acogerse a esos beneficios por asistir al mencionado rito católico.

"Anticonstitucional utilización de los servicios públicos"

En primer lugar, "se hará solicitud en el programa Chronos", una herramienta interna con la que trabaja la administración, "con el motivo 'Incidencia informativa sin modificación de saldo'". A continuación, los funcionarios deberán completar el apartado de 'Observaciones' con el texto: "Celebración San Francisco de Asís".

Las reacciones a la decisión de la administración regional no se han hecho esperar. Fuentes del PSOE, el principal y único partido de la oposición en la región, lamentan que la decisión de la Junta la tome un Ejecutivo que "no sustituye medicos por vacaciones y que tarda 20 días en cubrir bajas". Asimismo, desde el sindicato de la función pública STAS-Intersindical  han explicado a este diario que rechazan, "sin paliativo alguno, esta anticonstitucional utilización de los servicios públicos para potenciar actos religiosos de cualquier confesión".

Aseguran que el asunto es aún más flagrante "en estos momentos de múltiples e injustas restricciones y recortes de derechos a las trabajadoras y trabajadores públicos, reduciendo los permisos hasta lo inhumano; eliminando el complemento por enfermedad, reduciendo asistencia médica o rehabilitadora, cuidados de familiares, así como aumentando el horario laboral para cesar masivamente a personal interino".