La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía reclama 22,8 millones de euros a ocho entidades financieras y a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocido como banco malo, por incumplimiento de la función social de sus viviendas protegidas.

Según explica el departamento que dirige Elena Cortés (IU), estas entidades poseen 283 viviendas protegidas que no están a disposición de los registros municipales donde los interesados pueden solicitarlas, un hecho que vulneraría el artículo 20 de la Ley de Vivienda Protegida de Andalucía, redactada nuevamente con la Ley de Función Social de la Vivienda, conocida como ley antidesahucios, actualmente recurrida por el Gobierno central al Tribunal Constitucional.

11,7 millones al 'banco malo'

Al banco malo le reclama 11,7 millones de euros. El pasado 2 de junio, en su escrito de alegaciones por un segundo procedimiento sancionador - que se resolvió con una sanción de 120.000 euros-, la Sareb informaba de que no tenía 911 viviendas protegidas, como la Junta entendía en un primer momento, sino 98, de las cuales aportó datos registrales.

Ahora esta consejería ha de revisar los registros municipales para comprobar si esas viviendas de protección oficial son accesibles a los andaluces. Por cada vivienda oculta, el importe de la sanción podría llegar hasta los 120.000 euros al tratarse de infracción grave del artículo que establece que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de dichos registros.

11,1 millones a ocho bancos

Las otras ocho entidades financieras, a las que la Junta ha abierto expediente sancionador por valor de 11,1 millones son Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Servihabitat, Anida Operaciones Singulares, Unión de Créditos Inmobiliarios y Building Center. Según la Consejería, entre febrero y abril de este año se abrieron sendos expedientes sancionadores por el mismo motivo que a la Sareb por un total de 185 viviendas. En su caso, la posible sanción por cada VPO es de 60.000 euros, y el procedimiento se encuentra más avanzado, ya que la Junta ha acreditado que estas 185 VPO no aparecen en los correspondientes registros.

Todas las entidades han presentado alegaciones a estos expedientes que la Consejería espera que se resuelvan antes de final de año.

Las sanciones:

Banco Popular, 97 VPO ocultas. Posible sanción: 5,82 millones.

BBVA, 27 VPO ocultas. Posible sanción:1,94 millones.

Building Center (de CaixaBank), 26 VPO ocultas. Posible sanción: 1,56 millones.

Unión de Créditos Inmobiliarios (del Santander),13 VPO ocultas. Posible sanción: 780.000 euros.

Banco Santander, 11 VPO. Posible sanción: 660.000 euros.

Servihabitat (de CaixaBank), 6 VPO ocultas. Posible sanción: 360.000 euros.

Banco Sabadell, 3 VPO ocultas. Posible sanción: 180.000 euros.

Anida (del BBVA) , 2 VPO ocultas. Posible sanción: 120.000 euros.