Juristas denuncian “el sin sentido” del registro “de malos ciudadanos” que prepara el PP

MADRID.- España camina a marchas forzadas hacia un Estado más “autoritario, más invasivo en los derechos fundamentales y donde el poder político ocupa más espacios sin control judicial”. Este es el panorama que describe el portavoz de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch cuando analiza los proyectos legislativos que prepara Partido Popular sobre Seguridad Ciudadana y Enjuiciamiento Criminal. Joan Queralt, catedrático en Derecho Penal, no se aleja de esta descripción: “Quieren tener controlados a los ciudadanos. Poder presionar e intimidar mediante la acumulación de la información”. También Marcelino Sexmero, de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, denuncia que se trata de proyectos que “retrotraen a España a tiempos del pasado ya superados”.

“Con las últimas medidas que están preparando nos encaminamos hacia un Estado de derecho con menos separación de poderes y donde el poder político ocupa más y más espacios. Creo que es muy preocupante que cada vez tengamos menos Estado social y más Estado policial”, denuncia Bosch, en conversación telefónica con Público.

“Es una presunción de criminalidad administrativa y puede suponer un control excesivo sobre las actividades de los ciudadanos”, sentencia Sexmero

“Es una medida exagerada y carece de sentido que se cree un fichero para sanciones administrativas. Parece más bien un fichero de malos ciudadanos que recuerda a otras épocas”, denuncia Joaquim Bosch, que advierte de que esta ley vulneraría el derecho a la intimidad de los ciudadanos dependiendo de quién tenga acceso a él y qué uso se le dé. “Nos preocupa la intrusión en la privacidad del individuo y en el derecho a la propia intimidad. Además, también es peligroso que pueda derivar en causa de estigmatización social”, denuncia Bosch.

El magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, considera, por su parte, que se trata de “una medida peligrosa” ya que este Registro quedaría al margen de todo control judicial y podría utilizarse como información para posible concurrencia en procesos de oposición o de acceso a la función pública. “Hay que estudiar si es conciliable con la protección de datos y con el derecho a la intimidad”, asegura Ruiz de Lara que también denuncia que el propósito choca con el objetivo del procedimiento sancionador. “Se trata de resocializar a los individuos y no de estigmatizarlo”, afirma.

“Quieren reducir los espacios de libertad hasta reducirlos a la propia casa de uno o incluso más"

Escuchas telefónicas

“Hay que estudiar si es conciliable con la protección de datos y con el derecho a la intimidad”, asegura Ruiz de Lara

Un Estado que todo lo ve