Justicia abrirá una oficina para víctimas del franquismo

Justicia abrirá una ventanilla para reparar a las víctimas de la desmemoria. El Gobierno aprobó ayer la creación de una Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Este nuevo organismo dependerá de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia y se encargará de "impulsar y coordinar el desarrollo" de la Ley de Memoria Histórica, según anunció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno.

María Teresa Fernández de la Vega explicó que la oficina "será un punto de referencia" para ciudadanos y asociaciones a la hora de ejercer los derechos que les concede la ley. Después del Centro Documental para la Memoria Histórica ubicado en Salamanca, esta oficina es el segundo organismo que nacerá del desarrollo del texto aprobado en 2007 por el Parlamento.

Mapa de inhumaciones

Su puesta en funcionamiento permitirá materializar el contenido de la Ley de Memoria Histórica. La oficina elaborará el protocolo de actuación que asegure la cooperación institucional y el trabajo científico en las exhumaciones de víctimas del franquismo. Este organismo confeccionará, además, un "mapa integrado de los lugares de inhumación consignados", según explicó ayer el Gobierno en una nota informativa.

Al frente de este departamento se colocará a un responsable de "perfil técnico", según fuentes del Ejecutivo, cuyo nombre aún no está decidido y que tendrá como misión principal la coordinación entre las distintas administraciones implicadas en la atención a las víctimas del franquismo.

Esta oficina desarrollará la aplicación de nuevas tecnologías para acercar a los ciudadanos los derechos reconocidos por la Ley de Memoria. Funcionará también como una ventanilla virtual a través de la que se podrá tramitar documentación y demandar información. Justicia abrió hace un mes una web que recoge todos los contenidos relacionados con la reparación a las víctimas del franquismo. La nueva oficina se encargará de potenciar este trabajo.

Según explica el Ejecutivo, esta oficina es necesaria para "afianzar la colaboración entre Administraciones Públicas y particulares", para poner en marcha algunas de las medidas que ya se han puesto en marcha. Entre ellas destacan la declaración de reparación y reconocimiento personal, mejoras de derechos económicos, identificación y localización de víctimas, símbolos y monumentos públicos, acceso a los archivos y los libros de actas de defunciones de los Registros Civiles, o acceso a la nacionalidad española para los combatientes que integraron las Brigadas Internacionales.

La iniciativa se aprueba después de que el presidente del Gobierno anunciara que se reunirá con las asociaciones memorialistas para garantizarles "todos los medios" en la recuperación de desaparecidos.