La Justicia destapa una trama de comisiones ilegales a cambio de contratos que implica de lleno al presidente de la Diputación de Almería

El juzgado de instrucción número uno de Almería y la UCO de la Guardia Civil, después de casi un lustro, han ampliado la investigación del conocido como caso mascarillas y han destapado una trama de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos —también de obras— en la Diputación de Almería, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados habían "colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios, entre otros".

En ella está presuntamente implicado de lleno el presidente de la institución Javier Aureliano García (PP), que fue detenido este martes por la mañana, y que lleva desde 2019 en el puesto, en el que sucedió al todopoderoso Gabriel Amat, factótum del PP en la provincia, una de las tradicionales plazas fuertes de la derecha en Andalucía.  

Aureliano era también el presidente del partido en Almería y fue suspendido de militancia por el PP (según indicó el partido en un comunicado, en el que también defendió su presunción de inocencia) que dirige Juan Manuel Moreno Bonilla. La explosión del caso ha caído como un jarro de agua fría en el PP andaluz, en un momento en que no amaina la crisis de los cribados de cáncer y la ciudadanía nota el deterioro general de sanidad andaluza. 

Moreno ha puesto por ahora al frente del partido en Almería a un hombre de su confianza, el exalcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, hoy consejero de Agricultura en el Gobierno andaluz.  

Fuentes del PP andaluz consultadas por Público manifestaron que el asunto era "duro" y que la expulsión de Aureliano era una "buena reacción", pero matizaron después que el asunto no se terminaba en este momento, porque era "pronto" para saber todo lo que ha sucedido. De momento, según fuentes jurídicas, está previsto que sea este jueves cuando los detenidos sean "previsiblemente" puestos a disposición judicial.

La detención del presidente de la Diputación y de otras seis personas más (entre las que están también el delegado del Área de Presidencia de la Diputación, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez) se produce cinco años después de que se iniciara la investigación. Algunas de las adjudicaciones se habrían producido en el Ayuntamiento de Fines, no solo en Diputación.

En la causa, conocida como caso mascarillas, ya estaba siendo investigado el que fuera vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, también expulsado del PP, por la firma de un contrato de suministro de mascarillas en abril de 2020, en pleno confinamiento por algo más de dos millones de euros, con la empresa Azor Corporate Ibérica. 

El objeto era la adquisición de 500.000 mascarillas FFP2, 250.000 pares de guantes de nitrilo y 10.570 trajes de protección desechables. La Guardia Civil cree que pudo dar lugar a mordidas de hasta 400.000 euros. Este fue detenido en junio de 2021. En los registros vinculados a Liria se hallaron entonces sobres con 150.000 euros presuntamente provenientes de las comisiones. 

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EFE

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Ahora, el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha ampliado las investigaciones con una segunda fase que iría más allá de ese contrato de las mascarillas y abarcaría "varios contratos públicos". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró este martes diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que "habrían participado en las actividades presuntamente delictivas", según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

"En el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales", según las fuentes judiciales. 

La Guardia Civil, según las fuentes judiciales, ha volcado, visionado y copiado comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada. 

Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor. Varios de los detenidos, según el TSJA, no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí "en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales".