MADRID.— La jueza que investiga el ático que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, tenían arrendado en Estepona (Málaga) y que, posteriormente, pasó a ser suyo, ha vuelto a pedir a la Policía que certifique las entradas y salidas del presunto testaferro y representante de Coast Investor, Rudy Valner.

Así consta en una providencia dictada por la instructora el pasado 20 de enero, en la que se señala que se debe recordar el "urgente cumplimiento" de esta investigación, dado el tiempo transcurrido desde que se libró oficio a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Esta información ya fue solicitada por la jueza en mayo del año pasado, reclamando, en concreto en ese momento que se precisaran las entradas y salidas de Valner desde enero de 2007 a febrero de 2013, sin considerar necesario entonces tomarle declaración como investigado -lo hizo como testigo-. Asimismo, en la providencia dictada ahora se indica que también se debe recordar el "urgente cumplimiento", expidiendo los oficios recordatorios correspondientes "dado el tiempo transcurrido desde que se libró oficio a las instituciones policiales a fin de que realizaran gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos".

En dicho documento, se precisa, igualmente, que las autoridades británicas están solicitando más información para cumplimentar la comisión rogatoria remitida a dicho país. En esa misma providencia, adelantada por la Cadena SER, se da cuenta de los autos en los que la Audiencia de Málaga desestima los recursos de apelación interpuestos en relación, entre otras cuestiones, con la investigación patrimonial del matrimonio.

En esta causa se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, que primero pagaron un alquiler mensual, que luego se rebajó; y posteriormente, en diciembre de 2012, el matrimonio lo adquirió por 770.000 euros.

En abril de 2016, González declaró que él y su mujer entraron en contacto con el propietario del piso por un anuncio en un periódico y estuvieron en comunicación por teléfono, sin saber que había una sociedad detrás del piso hasta el momento de la firma del contrato de compraventa. Señaló que no conoció a Valner hasta ese momento, añadiendo que éste se comportaba "a todos los efectos como propietario de la vivienda".

En mayo del pasado año, tras esa declaración, la jueza acordó nuevas investigaciones para determinar el origen de la sociedad que estaba detrás de la propiedad del piso, reclamando, a través de una nueva comisión rogatoria a Estados Unidos, información sobre los socios, directores y beneficiarios de esa sociedad matriz, radicada en Delaware, así como cuentas bancarias y activos patrimoniales, ampliando la petición a otra firma predecesora.

También se acordó mantener la comisión rogatoria ya remitida a las autoridades de Panamá sobre otras dos empresas con nombres parecidos, toda vez que una de ellas, según ha venido señalando una de las acusaciones particulares personadas, "puede tener vínculos con otras sociedades de la trama Gürtel".

Respecto a la investigación patrimonial, la instructora consideró que esas pesquisas sirven para "averiguar la capacidad económica" y cómo se produjo el alquiler y posterior compra, añadiendo que los oficios remitidos a las entidades bancarias están "circunscritos al periodo al que se refieren los hechos investigados". Además, consideró que esas investigaciones patrimoniales, ya en marcha, debían seguir. De hecho, daba cuenta de oficios remitidos por dos entidades bancarias.