Una laguna del 155 añade trabas a los partidos minoritarios para el 21-D

Una laguna en la intervención de la Generalitat por el Gobierno central con la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha añadido trabas para concurrir a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre a las que los partidos minoritarios ya tienen de serie: la descoordinación entre las dos administraciones ha hecho que todavía estas formaciones no dispongan de los formularios oficiales para recoger los 5.500 avales que deben entregar el día 17 de noviembre si quieren presentar candidaturas, un documento que, en condiciones normales, debería estar disponible desde que el 29 de octubre el BOE publicó la orden del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, para disolver el Parlament y convocar los comicios.

“Esto es tremendamente injusto, porque mientras unos partidos preparan las elecciones otros tenemos que estar recogiendo firmas, y aun no sabemos cuándo podremos empezar”, explica la portavoz del Pacma (Partido Animalista contra el Maltrato Animal), Laura Duarte.

En el caso del 21-D, la laguna sobre los avales puede no afectar únicamente a las organizaciones políticas extraarlamentarias. Las decisiones sobre la repetición de las dos coaliciones con representación parlamentaria en el Parlament, Junts pel Sí, en la que confluyen PDCat y ERC, y Catalunya Si Que Es Pot, que une a Podemos, Catalunya en Comú, IC+V y EUIA, puede hacer necesarias esas firmas tanto para los partidos que repitan en ellas como para los que puedan dejarlas para presentarse en solitario.

La Junta Electoral presiona al Gobierno

Los formularios no están disponibles en la web oficial de la Generalitat sobre el proceso electoral, cuyo calendario oficial, por otro lado, tampoco incluye los plazos de presentación.

Fuentes de la Junta Electoral Central confirmaron que el formulario no está disponible. En principio, debería estar incluido en el decreto con normas sobre las elecciones del 21-D que el Consejo de Ministros aprobó en la sesión extraordinaria del martes, el cual, sorprendentemente, no ha sido publicado todavía en el BOE.

La Junta Electoral Central, a la que ya se han dirigido varias formaciones para alertarle de la situación, está presionando al Gobierno para que publique cuanto antes el modelo oficial de recogida de avales.

El rodillo de PP y PSOE en 2011

La reforma de la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) que PSOE y PP pactaron en 2011 y que se aplica en Catalunya al no disponer de normativa propia sobre comicios, impuso que, a partir de entonces, “los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección”.

Esta exigencia, que se eleva al 1% en el caso de las agrupaciones de electores, supone que los pequeños partidos necesitan para el 21-D, de acuerdo con el censo de las autonómicas de 2015, un total de 5.511 firmas: 4.124 en Barcelona, 562 en Tarragona, 511 en Girona y 314 en Lleida.

Los dos partidos mayoritarios justificaron este cambio de las reglas para los partidos que no han logrado entrar en las cámaras con un argumento entre peregrino e involucionista: “salir al paso de prácticas no admisibles desde la perspectiva de la seriedad del procedimiento electoral”, según recoge la exposición de motivos de la ley.

Socialistas y conservadores argumentaron entonces la necesidad de dificultar que formaciones sin objetivos electorales reales pudieran tener acceso al censo con otros fines con solo inscribirse en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior y presentar listas. Sin embargo, el resultado fue una restricción de la representatividad para la que solo obtuvieron el apoyo de los dos diputados de UPN: ERC, IC-V, BNG y Nafarroa Bai se fueron del pleno, del que también salieron tres parlamentarios de Izquierda Socialista; CiU, PNV e IU se quedaron pero no votaron el texto definitivo, y UPyD, Coalición Canaria y los diputados del PSOE Antonio Gutiérrez y José Manuel Bar se pronunciaron en contra.

El Constitucional avaló la reforma al rechazar la treintena de contenciosos que otras tantas organizaciones interpusieron contra la reforma, que llegó a provocar el rechazo de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).

“Nos lo exigen pero no nos lo permiten”

“Si se convocan unas elecciones se supone que se debe garantizar que todo el mundo puede concurrir”, señala Bayle, que anota que, en este caso, a las pequeñas formaciones políticas “no solo nos exigen los avales sino que, además, no nos permiten recogerlos”. “Somos un partido legal con muchos votos, pero aunque tuviéramos pocos tenemos toda la legitimidad para concurrir”, añade.

El Pacma obtuvo 59.669 votos en las elecciones generales del año pasado en Catalunya, en las que Recortes Cero-Grupo Verde se quedó en 10.012 y el PCPC (Partit Comunista del Poble de Catalunya) en 4.328. Los 47.478 sufragios de Barcelona, con una subida de 38 puntos, darían a los animalistas derecho a uno de los 85 escaños de esa provincia siempre que superaran la barrera del 3% de los votos emitidos en la circunscripción. En esa ocasión se quedaron en el 1,8%.

En las autonómicas de 2015 se quedaron en 29.785 en toda la comunidad, en cuyo Parlament tampoco llegó a entrar Unió.cat con 102.870. Recortes Cero-Grupo Verdes obtuvo 14.390.