Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel pero con una petición de indulto del propio tribunal

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión y a nueve años de inhabilitación por prevaricación por las irregularidades cometidas durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), según informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat).

Sin embargo, la sentencia recoge una petición de indulto al Gobierno español para rebajar la pena a dos años, una petición que hace la propia Sala Civil y Penal del TSJCat para que no tenga que ingresar en un centro penitenciario. Se trata de un mecanismo previsto en la ley para aquellos casos en los que el tribunal considera que la pena es excesiva.

La sentencia incorpora el voto particular de la magistrada María Jesús Manzano, que se opone a la pena de prisión y sostiene que debe ser castigada sólo con inhabilitación. 

La sentencia condena a Laura Borràs, expresidenta del Parlament, por delito continuado de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil a las penas de prisión de cuatro años, seis meses y un día, multa de 15 meses y un día, con una cuota diaria de 80 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de empleos o cargos públicos electivos y de funciones de gobierno o administración, en el ámbito local, provincial, autonómico, estatal o supranacional por cuatro años y un día. 

Además el fallo condena por prevaricación administrativa a las penas de

inhabilitación especial para el ejercicio de empleos o cargos públicos

electivos y de funciones de gobierno o administración, sean en el ámbito

local, provincial, autonómico, estatal o supranacional por tiempo de 9 años.

Seis años de cárcel y 21 de inhabilitación

La Fiscalía pedía seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por Borràs por un presunto fraccionamiento de contratos cuando era la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. También reclamaba una multa de 144.000 euros por un delito de prevaricación y falsedad documental. 

El TSJCat también condena al informático Isaías Herrero como cooperador necesario del delito continuado de falsedad en documento oficial y como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada por analogía con la de confesión, a dos años de cárcel.

A Andreu Pujol (por elaborar presupuestos y facturas a su nombre como trabajador autónomo o a través de una mercantil suya) le condena a un año y dos meses de prisión, por confeccionar los documentos, siguiendo las indicaciones que le daba Herrero, consciente de que los trabajos ya se habían realizado como cooperador necesario.