BARCELONA.- La posible realización de una auditoría ciudadana de la deuda de la Generalitat de Catalunya ha ganado enteros esta semana. La razón es que el vicepresidente y responsable de economía del ejecutivo, Oriol Junqueras, respondió el jueves en sede parlamentaria a una interpelación de la CUP asegurando que él está a favor de hacer “auditorías del tipo que sea”. El también líder de ERC emplazó a la formación anticapitalista a negociar para “buscar los mecanismos” para llevarla a cabo con una fórmula que sea “amplia y representativa”. A la espera de ver como avanza la cuestión -está previsto que la CUP presente una moción sobre el tema en el próximo pleno del Parlament-, las palabras de Junqueras han servido para volver a poner de actualidad a las auditorías ciudadanas de la deuda, uno de los asuntos del que hicieron bandera las candidaturas del cambio antes de las elecciones municipales de hace casi un año.

¿Pero se han llevado a cabo? Público ha puesto el foco en cuatro grandes ayuntamientos catalanes gobernados por formaciones que se comprometieron a impulsarlas y todos coinciden en que el proyecto está todavía lejos de concretarse. En algunos casos ha habido contactos y reuniones para empezar a abordar el tema, pero a día de hoy todavía parece lejano el día en el que Barcelona, Badalona, Sabadell y Terrassa cuenten con una auditoría ciudadana de su deuda municipal.

La situación en los municipios catalanes contrasta con la de Madrid, donde como recuerda la activista de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), Iolanda Fresnillo, ahora mismo hay tres procesos en marcha: “una comisión con los grupos políticos municipales de análisis de la deuda, el gasto y la gestión pública; una subdirección general de Auditoría de Deuda y Políticas Pública; y una prueba piloto de auditoría ciudadana en dos distritos, Usera y Arganzuela, en los que ya se han organizado encuentros”.

En Barcelona, fuentes municipales cuentan que “tenemos una planificación para facilitar la auditoría ciudadana de la deuda”. Matizan que la deuda “no es un problema” en la capital catalana “por su bajo volumen”, de manera que el gobierno de Barcelona en Comú se está concentrando inicialmente en “auditar otras áreas, como las entidades públicas y la contratación municipal”. En todo caso, el nuevo consistorio presume de “iniciar una política de completa transparencia presupuestaria y del endeudamiento con la publicación en el web (municipal) de toda la información con el máximo nivel de detalle y en formato abierto de los últimos cuatro años”.

El nuevo consistorio presume de “iniciar una política de completa transparencia presupuestaria

En Badalona, la tercera ciudad más poblada de Catalunya, hay un gobierno de coalición formado por Guanyem Badalona en Comú, ERC e ICV-EUiA. En su programa electoral, Guanyem Badalona en Comú -la formación que ostenta la alcaldía- se comprometió a “realizar una auditoría ciudadana de la deuda pública para identificar la parte ilegal, ilegítima e insostenible”. El tercer teniente de alcalde y responsable del ámbito de Badalona Democrática, José Téllez, explica a Público que “tenemos reuniones periódicas y trabajamos conjuntamente temas de transparencia y acceso a la información con la PACD”. Téllez reconoce que “no hay un calendario para llevar a cabo la auditoría”, pero deja claro que la voluntad del consistorio “es que se haga”.

En Sabadell, donde el gobierno es una coalición de ERC, Crida per Sabadell, Unitat pel Canvi (ICV y EUiA) y Guanyem Sabadell, no se ha avanzado en la auditoría de la deuda, pero sí se ha hecho una auditoría ciudadana para conocer la percepción que se tiene de la institución y se trabaja en una auditoría interna, que busca analizar y revisar la organización municipal. En Terrassa no hay un gobierno del cambio -está formado por PSC y CiU-, pero el propio alcalde, el socialista Jordi Ballart, se ha reunido con representantes de la PACD y el Observatorio Ciudadano Municipal de Terrassa (OCM) para abordar la cuestión. Hace unas semanas, el OCM organizó unas sesiones abiertas sobre la preparación de la auditoría ciudadana y fuentes del consistorio detallan que están a a la espera de que el colectivo presente el planteamiento del proyecto para concretar el “tipo de apoyo” que requerirá desde el ayuntamiento.

Ausencia de metodología

Para Iolanda Fresnillo, de la PACD, que todavía no se haya avanzado en las auditorías de la deuda responde fundamentalmente a dos cuestiones. La primera es que “quizás no es un tema tan prioritario” para los gobiernos y que la propia plataforma no tiene suficiente capacidad humana para ejercer una presión continua, mientras que la segunda, y fundamental, es “que no existe una metodología desarrollada para llevarla a cabo”.

“Tenemos que trabajar en el cómo, después de poner en la agenda el qué, que era plantear la necesidad de la auditoría, que sobre todo era una demanda de transparencia y acceso a la información”, añade la activista.

Para paliar la segunda cuestión, la miembro de la PACD avanza a Público que en octubre se celebrará Audifest, un encuentro a nivel estatal para compartir “metodología y experiencias sobre auditorías ciudadanas”. El objetivo es que la cita sirva para dotarse de una herramienta que permita a los ayuntamientos desarrollarlas. En todo caso, Fresnillo tiene claro que “preferimos que (el proceso de auditoría)sea más lento pero que sea realmente ciudadano, antes que la hagan sólo interna o la encarguen a Deloitte”.

“La auditoría ayuda a tener una imagen clara de lo que hay, pero de lo que se trata luego es de hacer una estrategia política o de que se cambie el marco legal, porque ahora mismo no es posible hacer un impago de la deuda”, reconoce la activista. Y es que con el actual marco jurídico si un consistorio no paga una deuda, el gobierno estatal tiene la capacidad de pagarla y cobrarla posteriormente  a través de la participación en tributos del Estado (PIE) -que es la parte de los tributos estatales que se derivan a los ayuntamientos-. Por todo ello, Fresnillo tiene claro que las auditorías ciudadanas de la deuda tienen que ser herramientas para poder negociar con más fuerza con el Estado y plantear cambios en leyes como la LRSAL o la Ley de Estabilidad. En definitiva, para batallar contra el famoso artículo 135 de la Constitución, que blinda el pago de la deuda por encima de cualquier otra cuestión.