León de la Riva declara ante el juez por avalar un pago de 100 millones sin autorización

VALLADOLID.- El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, del PP,  vive  un nuevo episodio judicial. El exregidor, con una pena anterior de inhabilitación por desobediencia, ha sido citado para declarar este martes en el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid  en calidad de investigado (lo que antes se llamaba imputado), por haber firmado una comfort letter sin el consentimiento del pleno municipal ni el aval técnico.

Esta carta supuso un aval para el desembolso de 100 millones por parte de las arcas municipales para hacer frente a la deuda contraída en la construcción del soterramiento, proceso en el que se pondría bajo tierra las vías del ferrocarril que históricamente dividen la ciudad. Fuentes judiciales indican que esta declaración será privada porque la causa ya se encuentra “en periodo de instrucción” y “ya había declarado anteriormente”.

Según las fuentes consultadas se ordenó que León de la Riva volviera a declarar “para que pueda dar las explicaciones que considere oportunas” de cara a que expliqué cuales fueron los motivos por los que firmó esta carta y si recibió asesoramiento para tomar esta decisión.

Fuentes judiciales  explican que le han ordenado tomar declaración al antiguo alcalde ante las sospechas de la Sala “indicios racionales de un posible delito de prevaricación” por lo cual abducen que “debe ser investigado”. Ponen el énfasis en el punto nº 4 de esta carta de compromiso dado que en el dicen que “las personas firmantes de este documento” entre ellos León de la Riva “cuentan con las facultades suficientes a tal efecto” cuándo los informes emitidos desde el Ayuntamiento y la Intervención General en 2015 explican que se desconocía su existencia. Al ser una decisión tomada por el Ayuntamiento sin estos pasos requeridos la sala ve necesario “investigar la participación o no de terceras personas en la firma”.

Debido a la leyes presupuestarias no se podría haber solicitado este préstamo al estar Valladolid en el momento de la firma, enero de 2011 con una deuda de 200 millones de euros por lo que no se habría podido realizar por ser inviable con el techo de gasto. La ley para las haciendas locales estima que el procedimiento debería haber sido solicitar un informe a la Intervención Municipal para analizar la viabilidad del procedimiento y posteriormente pedir el visto bueno al Ministerio de Hacienda o el órgano autonómico correspondiente y del pleno municipal, el cual no le habría dado problemas dado que por aquel entonces tenía mayoría absoluta.

La causa comenzó el 14 de diciembre de 2015 al hacer público la existencia de este aval desde el equipo actual de gobierno, una coalición de PSOE y Valladolid Toma la Palabra (IU y EQUO), en una rueda de prensa del socialista Óscar Puente y el vicealcalde, dirigente de Valladolid Toma la Palabra, Manuel Saravia. Entonces pidieron la “nulidad de pleno derecho”. Meses más tarde acordarían el equipo de gobierno denunciar a León de la Riva en un intento de anular esta carta debido a que este aval de 100 millones si se llegará a realizar provocaría el colapso de las cuentas municipales. Además el alcalde Óscar Puente podría esta de conformidad en manos de la justicia el pasado 20 de abril.

El Juzgado de Instrucción número 4 en un principio en un auto el 15 de junio sobreseía la causa al considerar que se debería decidir por la jurisdicción administrativa. Sin embargo los recursos presentados por el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal acabarían provocando que la Audiencia tomará declaración a León de la Riva. En un pleno extraordinario el 1 de septiembre el Consistorio Municipal acordaría mediante los votos a favor del PSOE, Toma la Palabra, Sí Se Puede y Ciudadanos y con las abstenciones de PP y el concejal no adscrito, Jesús Presencio, acordaría la nulidad de esta comfort letter en su vertiente política.

La actual condena que tiene León de la Riva por desobediencia le supuso 11 meses de inhabilitación y le impidió presentarse a las elecciones de 2015. La condena se debió al haber demorado durante casi un lustro una sentencia judicial en la construcción de un edificio de Caja Duero en la Plaza de Zorrilla. Su defensa para esta intervención, su segundo conflicto con la justicia, será similar a ese caso. El escrito de alegaciones presentado por el alcalde buscó echar balones fuera intentando que se fiaba del criterio del exedil de Hacienda, Alejando Blanco y que no podía revisar todo lo que firmaba. Blanco, que tendrá declarar también como testigo ha intentado desligarse afirmando en reiteradas ocasiones que no tuvo responsabilidad en la firma.