Los socios del Gobierno reclaman que la ley LGTBI no excluya a los menores de 14 años ni a los migrantes trans

"Quiero expresar mi más firme compromiso con convertir el derecho a la libre determinación de la identidad de género en una realidad en nuestro país y creo que grupos parlamentarios, Gobierno, colectivos, personas trans y personas LGTBI tenemos una tarea ineludible, que es llegar al Orgullo LGTBI de este año recuperando el consenso unánime de esta Cámara para blindar los derechos de las personas trans y para reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, pronunció estas palabras en sede parlamentaria el pasado 18 de mayo, momentos antes de que la abstención del PSOE y el rechazo de PP y Vox impidieran la tramitación de la ley trans registrada por ERC, Junts, Más País, CUP, Compromís y Nueva Canarias, siendo la mayoría de ellos socios parlamentarios del Ejecutivo.

Pocas semanas después, este compromiso es ya una realidad. Así, tras varios meses de desencuentros en el seno del Gobierno, el Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde, en plena semana del Orgullo, al anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Entre los grandes avances recogidos en la norma destacan el cambio de sexo en el registro civil a partir de los 14 años y sin necesidad de informe médico ni testigos. Este punto, que se conoce como la autodeterminación de sexo, fue uno de los principales escollos entre Unidas Podemos y PSOE que mantuvo bloqueada la negociación de la ley durante varios meses. Asimismo, el texto acaba con la despatologización de las personas trans, por lo que se dejará de considerar "enfermos" a los miembros del colectivo.

Con esta ley se permitirá la filiación de los hijos de las madres lesbianas y bisexuales sin necesidad de matrimonio, y garantizará el acceso de lesbianas, bisexuales y trans a tratamientos de reproducción asistida. También, se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual, así como las cirugías de modificación genital de bebés intersexuales, entre otros cambios.

Los grupos recogerán los reclamos de los colectivos

El texto aprobado este martes deberá pasar ahora por los órganos consultivos y, posteriormente, por el Parlamento. En este sentido, la titular de Igualdad ha celebrado que la norma supone un "paso de gigante" y sitúa a España a la "vanguardia europea" en el reconocimiento de derechos de las personas trans y LGTBI. Si bien, consciente de que la norma deja fuera algunas otras reivindicaciones del colectivo, la ministra ha reconocido que el texto "es mejorable" y ha trasladado la disposición del Ejecutivo de "apoyar" el trabajo de los grupos parlamentarios para mejorar la ley.

Organizaciones como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGT), la Fundación Triángulo y Chrysallis (Asociación de Familias de Menores Trans) han celebrado la aprobación del anteproyecto, un texto que respeta las líneas rojas de los colectivos. Esto es, la despatologización y el derecho a que la identidad de cada cual sea reconocida sin necesidad de pruebas diagnósticas, testigos o tratamientos.

No obstante, han señalado que la ley puede "seguir creciendo" en el trámite parlamentario a través de enmiendas. En este sentido, sus principales reivindicaciones serán tenidas en cuenta previsiblemente por grupos como ERC, EH Bildu, Más País y Compromís, cuyos apoyos serán imprescindibles para que el texto salga adelante en el Congreso. 

Aunque estos partidos se hacen eco de los cambios contemplados en el texto y aseguran que lo estudiarán en profundidad para presentar sus posibles correcciones, han avanzado algunos de los aspectos que tendrán en cuenta y que, en esencia, van en la línea de los reclamos de los colectivos, que pasan por permitir el cambio de sexo registral a partir de los 12 años sin intervención judicial, el reconocimiento de las identidades no binarias y permitir que las personas trans migrantes también sean beneficiarias del cambio de nombre y de sexo en los documentos administrativos.

Del mismo modo, lamentan que finalmente no se haya elaborado una ley trans independiente de otra norma contra la discriminación de las personas LGTBI, como inicialmente estaba previsto en el acuerdo de Gobierno de coalición. "Es una ley muy generalista. No hay un abordaje integral de políticas trans", señalan desde ERC. "Consideramos complicado que una sola ley logre atajar la discriminación de la población migrante, el colectivo LGTBI y las personas trans", añade EH Bildu. "Hubiera sido preferible no mezclar las dos leyes, ya que afectan a temas y colectivos distintos", rematan en Compromís.