La Ley de Memoria Democrática entrará en vigor este viernes 21 de octubre, después de que este jueves se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta da el relevo a la Ley de Memoria Histórica de 2007. La publicación se ha producido 15 días después de su aprobación definitiva por parte del Senado.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que con la publicación este jueves en el BOE de la Ley de Memoria Democrática "nuestra democracia se convierte en una democracia más digna" porque reconoce a las víctimas que trabajaron "por que hoy seamos un país europeo moderno, avanzado y con derechos y libertades".

Bolaños también ha indicado que esta norma "reivindica la libertad frente a la represión, la democracia frente a la dictadura, a las víctimas, el reconocimiento a las personas que lucharon por la libertad frente al olvido". Por otro lado, el ministro de la Presidencia ha agradecido el trabajo de todas las personas que han participado en la tramitación de esta ley. 

Nuevas medidas 

Su entrada en vigor este viernes permitirá adoptar nuevas medidas. Una de las novedades más inmediatas será el cambio de denominación del Valle de los Caídos, que pasará a ser el Valle de Cuelgamuros. De su basílica se exhumarán los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, de acuerdo con los deseos de sus familiares, para trasladarlo a otro recinto religioso.

Insiste el Ejecutivo en que esta nueva regulación, que da el relevo a la Ley de Memoria Histórica de 2007, refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.

Al amparo de la nueva normativa, el Gobierno ha quintuplicado el presupuesto para abordar las labores de exhumación de víctimas de las fosas comunes hasta llegar a los 6,3 millones de euros, según ha asegurado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Martínez ha subrayado ante la Comisión de Presupuestos del Congreso que los casi 14 millones de euros previstos para la Secretaría de Estado suponen la mayor cuantía de la historia dedicada a proteger y preservar la memoria de las víctimas "de todas las partes" de la Guerra Civil y la Dictadura.