La Comisión Constitucional del Congreso ha dado luz verde este lunes por 19 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones al dictamen de la Ley de Memoria Democrática, el penúltimo paso antes de ser enviada al Senado. El proyecto legislativo, modificado sustancialmente en la fase de la ponencia, se enfrentará previsiblemente a su último examen en la Cámara Baja el próximo 14 de julio, cuando será sometido a votación en el Pleno.

ERC ha vuelto a abstenerse en la votación del dictamen, como ya hizo en la ponencia, para poder seguir negociando con el Gobierno la incorporación de enmiendas. Si bien, en la sesión de este lunes se han admitido varias correcciones de dicha formación orientadas a la restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la ley.

"Se cerrará la herida el día que los familiares no tengan que salir del Estado para encontrar Justicia y tengan una reparación completa. Ese día contarán con el voto afirmativo de ERC, que será el sello de calidad de todo lo que debe de tener una ley de memoria", ha señalado la diputada republicana Carolina Telechea.

Independientemente de la postura que adopte este grupo, el Gobierno salvará presumiblemente el texto en el Pleno tras los acuerdos alcanzados con varias fuerzas políticas. Entre ellas, EH Bildu, con quien pactó declarar de manera explícita en la ley la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del 18 de julio de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas.

La coalición abertzale acordó también con el Ejecutivo ampliar la aplicación temporal de la ley hasta finales de 1983 (y no hasta 1978, el año de la Constitución). Al respecto, la enmienda recoge designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación".

Asimismo, el Gobierno negoció con el PDeCAT y Más País "declarar ilegal el régimen surgido de la contienda militar", iniciada con el golpe de Estado que, "como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática".

Tras su paso por la ponencia, la norma considerará víctimas a las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, "cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas".