Los ocho cambios más importantes introducidos en la ley de memoria que encarrilan su aprobación en el Congreso

La Ley de Memoria Democrática ha superado este martes un nuevo e importante trámite en el Congreso. Los acuerdos alcanzados entre los grupos del Gobierno con PNV, EH Bildu, PDeCAT o Más País en el marco de la ponencia encarrilan la aprobación de dicha norma (a la que se espera que se sumen otras formaciones minoritarias) sin que sea necesario, a priori, el voto favorable de ERC. 

Los republicanos, en todo caso, se han abstenido en esta votación para "facilitar que la negociación siga en comisión" y no ha pactado aún ninguna de las 19 enmiendas transaccionales, según han señalado a Público fuentes parlamentarias. Si bien, varias de las correcciones admitidas forman parte de sus líneas rojas para apoyar el texto. 

De acuerdo con el calendario fijado por las formaciones, la reunión de la comisión encargada de aprobar el dictamen será el próximo lunes 4 de julio. Por último, el texto será sometido a votación en un pleno extraordinario previsiblemente la semana del 11 de julio, a falta de concretar el día, y será remitido al Senado, donde concluirá su tramitación.

En esencia, se han admitido la mayoría de los cambios presentados por los partidos de la coalición a su propio proyecto legislativo. Entre ellos, destaca la aplicación del derecho internacional a la Ley de Amnistía de 1977. "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables", reza la enmienda de PSOE y Unidas Podemos.

No obstante, este precepto, rechazado por ERC y los colectivos memorialistas, ha causado controversia incluso en el seno de los socios de la coalición, ya que Unidas Podemos aseguró que esa redacción abría la puerta a juzgar a torturadores franquistas mientras que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, reconoció que, no solo no tendría efectos prácticos al no derogar la polémica norma de la transición, sino que además ratifica su vigencia.

Se declara ilegal el régimen franquista

Otra novedad relevante, pactada entre PSOE, Unidas Podemos, PDeCAT y Más País, es que "se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar", iniciada con el golpe de Estado que, "como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática".

Asimismo, estos partidos y EH Bildu también han cerrado otra corrección dirigida a declarar de manera explícita en la ley la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del 18 de julio de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas. 

Asimismo, "se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo".

En esta línea, se ha acordado extender el límite temporal de aplicación de la ley hasta finales de 1983, y no hasta la entrada en vigor de la Constitución, así como la creación de una comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las "violaciones de derechos humanos" durante la dictadura.

Persecución de las lenguas cooficiales

Se incorpora un nuevo apartado por que se rige que las administraciones competentes en materia de memoria democrática "articularán todos los mecanismos, procedimientos y recursos necesarios para realizar una evaluación exhaustiva y profunda de la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo, así como de sus efectos sobre la realidad sociolingüística del Estado, cuyos contenidos y conclusiones serán divulgados a través-de acciones específicas".

Asimismo, también a raíz de la propuesta del PDeCAT, como la anterior enmienda, "se consideran víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas".

Por último, las formaciones que sostienen el Ejecutivo han acordado con el PNV la restitución a los partidos políticos y organizaciones sindicales de documentos, enseñas, emblemas y banderas. También, se permitirá que las personas físicas tengan acceso a fondos documentales.