Público
Público

Ley de Memoria Democrática El Gobierno reconoce que la ley de memoria no abrirá la puerta a juzgar crímenes del franquismo

Félix Bolaños asegura que, en realidad, lo que hacen el PSOE y Unidas Podemos con la enmienda en la que se menciona la Ley de Amnistía es "simple y llanamente" poner "en valor" tanto esa norma como los tratados internacionales. 

16/11/2021.- El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante la sesión de control al Gobierno celebrada el pleno del Senado, este martes en Madrid. EFE/ Mariscal
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante la sesión de control al Gobierno celebrada el pasado martes en el Senado. Mariscal / EFE

Crecen las dudas en torno a la posibilidad de poder investigar los crímenes del franquismo después de que los partidos que sostienen el Ejecutivo acordaran este miércoles, mediante una enmienda al proyecto de Ley de Memoria Democrática, una fórmula alternativa a la derogación de la Ley de Amnistía para "garantizar el derecho a la Justicia de las víctimas".

A diferencia de lo que sostuvieron los portavoces de PSOE y Unidas Podemos, y los ministros del espacio morado, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha admitido este jueves que lo que hace el proyecto legislativo memorialista no es derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 sino todo lo contrario, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

Por ello, Bolaños ha admitido que cuando la nueva norma entre en vigor, la situación jurídica en España seguirá siendo exactamente la misma que ahora, que es la que hay desde 2002, cuando se ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se estableció que la ley debía aplicarse siguiendo el derecho internacional.

"Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002", ha enfatizado, en una entrevista en Onda Cero, en la que ha reconocido que las dificultades que existen ahora para juzgar los crímenes del franquismo seguirán siendo las mismas, y que tienen que ver, a su juicio, con la irretroactividad de la legislación penal.

Las dificultades siguen en el ámbito penal

A este respecto, ha explicado, por un lado, que al no ser la ley de memoria una ley orgánica, no va a afectar a la legislación penal; y por otro, que esa legislación penal no permite la retroactividad. "No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72", ha manifestado.

El ministro no ha querido entrar a comentar casos concretos como el del exministro de la dictadura Rodolfo Martín Villa, que está siendo juzgado en Argentina ante la imposibilidad de impulsarse tal proceso en España por la Ley de Amnistía, pero ha insistido en que, con la nueva ley de memoria, la situación no va a cambiar en ese aspecto. "La situación es exactamente la misma que desde 2002", ha reiterado.

Ensalza la norma de Amnistía

Además, Bolaños ha reivindicado tanto el proceso de Transición en su conjunto como esa norma de Amnistía del 77, en contra de las interpretaciones que señalan que el Gobierno pretende dejarla ahora sin efecto. "Fue muy importante para la consolidación de la democracia. Quien la pidió fue la izquierda y consiguió que muchas personas que estaban en la cárcel por sus ideas, que no habían cometido ningún delito, salieran", ha reivindicado.

Así, el ministro de Memoria Democrática ha recalcado que en realidad lo que hacen el PSOE y Unidas Podemos con la enmienda en la que se menciona la Ley de Amnistía es "simple y llanamente" poner "en valor" tanto esa norma como los tratados internacionales. "Lo único que hace es ratificar la vigencia de la Ley de Amnistía", ha señalado.

Estas aclaraciones refuerzan la oposición a la enmienda por parte de los socios del Gobierno, imprescindibles para la aprobación del proyecto legislativo, y de los colectivos memorialistas, quienes reivindican la derogación de la norma del 77, así como la reforma del principio de legalidad y la prescripción de los delitos para que realmente las víctimas tengan acceso a la Justicia en el Estado español 46 años después de la muerte del dictador.

Más noticias