Alertan de que un centro de menores de la Xunta fuerza a los chavales a orinarse y defecarse encima

La madre de un chico toxicómano de 18 años diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) e ingresado cuando era menor de edad en el centro de reeducación de Monteledo de Ourense, ha denunciado que la Xunta y la entidad que lo gestiona, Ginso, están poniendo en peligro la salud física y mental del joven al no proporcionarle el tratamiento terapéutico que precisa y que fue ordenado por dos sentencias judiciales.

Se trata del mismo centro donde las trabajadoras llevan meses alertando a la Consellería de Política Social tanto de la degradación y el mal estado de las instalaciones como de la falta de profesionales y de las deficiencias del servicio que reciben los internos, en su mayoría menores de edad. En diciembre pasado, cinco chicos provocaron un motín para denunciar su situación que obligó a intervenir a la Policía Nacional.

"Mi hijo está sobremedicado, ha pasado de la talla M a la XL, duerme 14 horas al día y en casi nueve meses sólo ha tenido una salida educativa, de la que volvió tan asustado que, antes de la siguiente, decidió regresar al hogar de adaptación", explica Encarnación Sueiro, madre del chico, psicóloga clínica y profesora de la Universidad de Vigo. "Está pidiendo ayuda a gritos", añade.

La madre, además, advierte de las malas condiciones que viven los internos. Algunos, asegura, se orinan o se defecan sobre sí mismos de noche porque no les da tiempo desde que solicitan ir al WC hasta que les abren la puerta de la habitación. "Lo ocultan por vergüenza, otros hacen sus necesidades por las ventanas y los penalizan por ello", cuenta. Ella llevó a su hijo un orinal que no le fue entregado. Él intenta resolver el problema dejando de beber desde el mediodía, algo prácticamente imposible en verano en Ourense, donde las temperaturas máximas estivales suelen superar los 25 grados casi todos los días. El pasado martes se sobrepasaron los 35.

Privatizado

El centro Monteledo pertenece a la Xunta, pero el PP lo privatizó hace años. Hasta febrero pasado estaba en manos de la Fundación Diagrama, que renunció a renovar el contrato mediante el que lo gestionaba, y pasó a manos de la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), que se define como una entidad sin ánimo de lucro especializada en el desarrollo de infraestructuras y programas de justicia e integración juvenil.

Público se ha puesto en contacto con Ginso para obtener su versión sobre la situación del centro, pero a la hora en la que se terminó de redactar este artículo, no había obtenido respuesta. Por su parte, la Xunta afirma que las denuncias de la madre son falsas, y que la justicia ya ha fallado en varias ocasiones contra su solicitud de que su hijo sea trasladado a un centro terapéutico.

El chico empezó a tener problemas a partir del instituto, cuando le diagnosticaron TDAH y empezó a tener conductas disruptivas en clase. Con 14 años empezó a consumir alcohol y drogas: "Pastillas, hachís, cocaína, marihuana, todas menos heroína, creo", dice su madre. También desarrolló comportamientos agresivos. Ella tuvo que denunciarlo por violencia doméstica con la idea de que pudiera ser atendido en un centro especializado, y el joven, de acuerdo con sus progenitores, con la jueza y con la Fiscalía, aceptó ser ingresado en un centro para cumplir la medida de internamiento terapéutico tras ser declarado culpable de dos delitos de maltrato en el ámbito familiar.

En las sentencias del juzgado de menores de Ourense que así lo recogen se ordena su internamiento en régimen semiabierto en una institución terapéutica, que debería haberle proporcionado tratamiento psiquiátrico y psicológico y facilitarle la asistencia a un curso de violencia filio-parental durante un mínimo de 40 horas, y someterle además a un programa de deshabituación en el consumo de tóxicos. No ha sido así, y su estado —ingresó en el centro el 9 de noviembre pasado—, según su madre, no logra remontar.

"Su nivel de desesperanza es muy elevado"

"Su nivel de desesperanza es muy elevado, se da cuenta y verbaliza constantemente que no recibe la ayuda necesaria para remontar. Su nivel de razonamiento aún es bueno aunque está muy perjudicado por los efectos de la sobremedicación", explica Encarna. Señala que el joven ha llegado a recibir dosis hasta cuatro veces superiores a las recomendadas de Rivotril, un ansiolítico pensando para aliviar la angustia y la ansiedad que en cantidades elevadas se convierte en un potente hipnótico inductor del sueño. Aún hoy asegura que le medican con dosis que llegan a doblar la pauta aconsejada.

"Su nivel de desesperanza es muy elevado, verbaliza constantemente que no recibe la ayuda necesaria para remontar"

"En un centro terapéutico no sólo se puede tratar con fármacos", explica Encarna. "En un centro terapéutico, en un mes tipo, una persona drogodependiente puede tener de dos a tres sesiones con su psiquiatra, intervenciones psicoterapéuticas diarias, unas cuatro sesiones semanales de asistencia psicológica, terapias de grupo y sociolaborales diarias y otras actividades terapéuticas y socioeducativas, además de una sesión semanal presencial u online

con las familias y otra mensual presencial... Pero en Monteledo, en la práctica, ni siquiera existe un módulo terapéutico donde se desarrollen esas terapias. Y además es que mi hijo lleva meses en el hogar de adaptación, donde suelen permanecer sólo 15 días", advierte.

Según la madre, el chico sólo recibe una visita del psiquiatra cada dos semanas, y ni la Xunta ni Ginso la informan siquiera de su evolución de manera regular y coordinada. "Lo habitual en un centro terapéutico es que las familias reciban al menos una vez a la semana información sobre la situación médico-psiquiátrica, psicológica y educativa de sus hijos. Yo me voy enterando de eso diría que de manera accidental", añade Encarna, quien admite, sin embargo, que el psicólogo la llama con periodicidad. "Aunque eso sigue sin ser terapia familiar", añade.

La legislación obliga a los centros de menores de este tipo a redactar programas individualizados de ejecución de las medidas terapéuticas ordenadas por la justicia para cada uno de ellos. La madre asegura que los ha solicitado en varias ocasiones a la Xunta y a las entidades que gestionan Monteledo, sin que se los hayan facilitado. El pasado marzo, la Consellería de Política Social, que dirige Fabiola García, volvió a denegárselo asegurando que la administración está cumpliendo con su deber. "Agradecemos que permita el desarrollo pleno de este trabajo sin obstaculizarlo", le respondieron. "Como si preocuparme por el estado de mi hijo fuera un obstáculo", alega ella.

Traslado

Encarna ha solicitado en dos ocasiones a la Xunta el traslado de su hijo al centro de menores Montefiz, también en Ourense y donde sí existe un módulo terapéutico en el que los chicos reciben el tratamiento adecuado a su problema. La justicia y la Administración de Alfonso Rueda se lo han denegado.

La Conselléria de Política Social de la Xunta ha asegurado por escrito a Público que está "cumpliendo en todo momento la sentencia judicial y la normativa vigente", que establece que el internamiento terapéutico "puede desarrollarse en centros o bien en unidades específicas integradas en otros centros residenciales cuya capacidad no puede superar las 15 plazas".

"Es falso lo que afirma la madre: el chico sí que está recibiendo el internamiento terapéutico", alega la Xunta

En el caso de Monteledo, añade la Consellería, son 12 plazas, dotadas, asegura, "con el personal especializado necesario: personal de psicología, psiquiatría y enfermería". "Es falso lo que afirma la madre: el chico sí que está recibiendo el internamiento terapéutico", alega la Xunta, que asegura que la justicia ha fallado en cuatro ocasiones contra la solicitud de cambio de centro y que la Fiscalía de Menores "está informada en todo momento de las actuaciones que está desarrollando la Xunta en esta cuestión".

El departamento que dirige Fabiola García no ha respondido sin embargo a la cuestión que le planteó Público sobre las deficiencias denunciadas por los trabajadores y sobre la veracidad de las denuncias de los jóvenes en torno a las malas condiciones a las que presuntamente se los somete hasta el punto de que se vean forzados a orinarse y defecarse encima.