La ley de sucesión no ofrece protección jurídica al rey

El Gobierno ha enviado ya a las Cortes la ley orgánica que hará efectiva la abdicación del rey [ver pdf, aquí]. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y todos los ministros (excepto la titular de Sanidad, Ana Mato, que se encuentra en Nueva York) se han reunido en una convocatoria extraordinaria del Consejo de Ministros —que también ha aprobado una declaración institucional de apoyo a la monarquía— para debatir el artículo único en el que simplemente se constata que Juan Carlos de Borbón abdica la Corona de España y que la abdicación será efectiva cuando sea publicada la ley en el Boletín Oficial del Estado. Nada más.

Así, en el escueto texto no se ofrece protección jurídica adicional al monarca, a pesar de los vacíos que presenta la Constitución. Después de 36 años, no se ha desarrollado ninguna ley de la Corona que desarrolle el artículo 57  que regula, sin detalle, la abdicación o renuncia del jefe del Estado. De ahí la prisa del Gobierno por dar una solución a la situación actual. Sin embargo, la normativa recién aprobada —que esta tarde pasará al Congreso— ordena el cese de la Corona desde Juan Carlos I a Felipe VI, pero deja aún muchos flecos por resolver. 

Uno de ellos es el relativo a la inviolabilidad y el aforamiento del monarca que abandona el trono. De acuerdo con el artículo 56.3 de la Carta Magna, "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", pero la pérdida de tal condición sólo se da por supuesta en caso de muerte. ¿Qué ocurre cuando abdica? Según los juristas consultados por este diario, Juan Carlos podrá ser juzgado por delitos que cometa una vez que se haya convertido en civil, pero no de forma retroactiva. Esto es, nunca el ciudadano Juan Carlos de Borbón podrá ser juzgado por sus actos oficiales y personales mientras fue rey, pero podría ser juzgado por hechos que cometa a partir de su abdicación del trono. No obstante, podría quedar blindado en una futura Ley de la Corona que recoja la inviolabilidad del monarca aunque éste abandone el cargo. Lo mismo ocurriría con una posible —pero poco probable— reforma de la Constitución.

Otra cosa es el aforamiento (un tipo de protección procesal que hace que quienes disfrutan de la misma sólo puedan ser enjuiciados por el Tribunal Supremo), que podría llegar a Juan Carlos a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Ejecutivo ya aprobó un anteproyecto impulsado por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el que blinda con dicho título a la reina Sofía y los todavía príncipes de Asturias, Felipe y Letizia. El texto, aún en trámite, podría ser modificado para que Juan Carlos, ahora que dejará de ser el jefe del Estado, se acoja también a este privilegio.

Otra de las cuestiones sin resolver ni en la Constitución ni en la reciente ley es la relativa a la figura del presidente del Gobierno. Según algunas teorías, Rajoy debería dimitir ante Felipe VI, dado que no ha sido él quién le propuso para ser investido por las Cortes. No obstante, el presidente juró su cargo ante Juan Carlos cuando era jefe del Estado, por lo que su puesto no quedaría deslegitimiado. Además, de darse el caso, habría que convocar nuevas elecciones, un escenario que no parece que vaya a producirse.

Rajoy presidió la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que han aprobado el proyecto de ley orgánica que regulará la abdicación del rey. EFE/ Paco Campos

Después de que el Consejo de Ministros le haya dado luz verde esta mañana, esta tarde el proyecto de ley pasará a la Cámara baja, que la tramitará por el procedimiento de "lectura única" (más rápido incluso que la vía de urgencia: permite la tramitación directa en el Pleno, donde se votará la ley en su totalidad y las propuestas de veto, si las hubiere).

Juan Carlos tendrá que sancionar y ordenar publicar la ley que regula su propia abdicación

La Mesa del Congreso —que analizará el texto esta misma tarde— la enviará al próximo pleno (el presidente, Jesús Posada, ha dejado claro esta mañana que no convocará pleno extraordinario), que se celebrará la próxima semana. Esta norma, por ser una ley orgánica, requiere ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso (176 votos) y simple en el Senado. Si supera el trámite de la próxima semana, el día 18 podría quedar totalmente ratificada en la Cámara alta. Finalmente, el texto será sancionado y promulgado por el propio Juan Carlos, que también será el encargado de ordenar su publicación. Una vez se publique la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se hará efectiva la abdicación del actual monarca.

De momento, todo parece indicar que la mayoría de los grupos parlamentarios no pondrán trabas a este calendario. Tanto PP como PSOE han mostrado su claro apoyo a la sucesión directa de Juan Carlos a Felipe; Rosa Díez, líder de UPyD, se mostró convencida de que "será una buena ley" y PNV ya ha anunciado que se abstendrá.

Son los partidos de izquierda los que intentarán que el futuro Felipe VI sea ratificado por las urnas. IU, Equo y BNG, entre otros, abogaron ya ayer por convocar un referendum en el que los ciudadanos puedan elegir entre el continuismo de la monarquía o la instauración de la III República. Una petición reclamada en las calles de toda España que, sin embargo, no parece que vayan a escuchar desde las Cortes ni el Gobierno. 

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