El juez del Tribunal Supremo Pablo LLarena ha pedido a los Mossos d'Esquadra y al Ministerio de Interior informes sobre el "fracaso" de los dispositivos desplegados este jueves para detener a Carles Puigdemont. El magistrado considera que "habiendo tenido conocimiento de que el procesado en rebeldía" estuvo en Barcelona minutos antes de la investidura de Salvador Illa para presidir un mitin y logró "evadirse a su terminación", debe saberse cuál era el operativo aprobado. Asimismo, pide información sobre los "agentes responsables del diseño del operativo" y aquellos a los que se encargó su ejecución.

Llarena exige que se detallen los elementos que determinaron el "fracaso" del dispositivo desde el punto de vista técnico policial. El juez pregunta cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para la detención del expresident tanto en la frontera como en la capital catalana. Además, reclama información sobre las órdenes posteriores que fueron cursadas tras la segunda fuga del líder de Junts. El conseller de Interior catalán, Joan Ignasi Elena, y la cúpula de los Mossos comparecen a las 11.00 en rueda de prensa para dar cuenta del dispositivo policial.

El magistrado reconoce que estaba al tanto de que serían los Mossos los encargados de arrestar al expresident para llevarlo al Tribunal Supremo y tomarle declaración, con el objetivo de decidir posteriormente sobre su posible ingreso en prisión –en caso de considerar que existía riesgo de fuga–. Llarena investiga ahora si la huida de Puigdemont fue fruto de un error de organización o si hubo connivencia por parte de los cuerpos policiales.

El juez instructor del procés decidió mantener hace un año los delitos de desobediencia y malversación sobre el expresident de la Generalitat. Llarena retiró por aquel entonces el delito de sedición, previamente derogado, dejando sin efecto las euroórdenes de detención dispuestas. El juez, no obstante, ordenó la busca y captura de Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig por malversación y desobediencia. 

Puigdemont presentó un escrito el pasado mes de julio ante el Tribunal Supremo para pedir al juez Llarena "el levantamiento de las medidas cautelares", en referencia a la orden de busca y captura e ingreso en prisión que pesa sobre él y que fue acordada mediante auto de 12 de enero de 2023.

El abogado del expresident, Gonzalo Boye, precisó que "los presuntos actos atribuidos", calificados de delito de malversación de caudales públicos, "de existir, habrían existido con la intención de promover o procurar la celebración del referéndum de autodeterminación" celebrado el 1 de octubre de 2017. Esto quiere decir que lo presuntos delitos se habrían cometido en el marco del procés, por lo que entrarían en la recién aprobada ley de amnistía. Llarena se negó a aplicar la citada norma por considerar que los actos no son amnistiables.

Interior confirma que enviará un informe 

El Ministerio del Interior está a la espera de la providencia en la que el juez Pablo Llarena le pide información sobre el operativo diseñado en la frontera para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y fuentes de la cartera aseguran que enviarán como respuesta un informe con todos los datos requeridos.

Llarena, que ratificó la vigencia de la orden de detención contra Puigdemont el pasado 1 de julio, ha pedido conocer las medidas planificadas para arrestar al expresident y "sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial". El juez ha pedido que Interior le informe del dispositivo diseñado inicialmente para detectarlo y detenerlo en la frontera y las ordenes cursadas para arrestarlo después de abandonar la ciudad.

El control de fronteras es competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Llarena quiere saber qué agentes diseñaron el operativo, quién lo aprobó y a quienes se encomendó la ejecución y el despliegue operativo del plan.