“El gasto militar ha sido una de las causas de la crisis”. Así lo cree el presidente del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Pere Ortega, quien este jueves ha presentado en la Madrid El lobby de la industria militar española. Adónde van nuestros impuestos (Icaria), un “libro militante” en el que describe cómo los grupos de presión ejercen su influencia sobre los Gobiernos. “La burbuja armamentística ha corrido pareja a la inmobiliaria”, añade el investigador catalán, quien sostiene que "mantener al Ejército cuesta a los españoles 17.000 millones de euros al año".

No se refiere al presupuesto de Defensa, sino al “coste real” de las Fuerzas Armadas, cuyos gastos “están repartidos entre varios ministerios”. También estarían incluidos los de la Guardia Civil, aclara Ortega al tiempo que apunta hacia los “agujeros negros” de un “sector desconocido” que “tiene sumido al Estado en una deuda perpetua” y que “impide que se cumpla el objetivo de déficit comprometido con la Unión Europea”.

El activista por la paz y el desarme explicó durante el acto, que tuvo lugar en la librería Traficantes de Sueños, que tras la entrada en la OTAN el Gobierno español puso en marcha los Programas Especiales de Armamentos (PEAS), cuya deuda acumulada es de unos 30.000 millones de euros. El coste inicial de estos contratos de larga duración para la compra de armamento fue de 20.000 euros, que ascendió hasta los 40.000 con el paso del tiempo y los intereses, afirma Ortega.

A través de los PEAS, el Ministerio de Industria otorga a empresas créditos a interés cero para financiar proyectos militares, escudándose en numerosas ocasiones en la I+D. “Ahora defensa ha propuesto que se condonen 15.000 millones”, explica el presidente del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que se pregunta a quién beneficia todo esto. “Al lobby militar industrial”, responde, “formado por accionistas de las empresas, militares y políticos que condicionan la política del Estado hacia el belicismo”.

Y apunta hacia el ministro de Defensa, Pedro Morenés; hacia el secretario de Estado, Pedro Argüelles; y hacia el oligopolio de las empresas Indra, Navantia, Airbus Military y General Dynamics (la antigua Santa Bárbara). “Es una industria que no tiene control de costes, porque son empresas sin mercado ni competencia, pues las compras las realiza únicamente el Estado”, asegura Ortega, quien denuncia la puerta giratoria entre la política (o el Ejército) y la empresa. “Ahí están Julián García Vargas, Eduardo Serra o Antonio Hernández Mancha, así como algunos mandos militares que no resultan conocidos”.

Finalmente, Ortega explicó que el armamento del Ejército español “estratégicamente no es eficiente para la defensa del país, no tendrá utilidad en el futuro ni tampoco será usado en ninguna misión, pues al extranjero porta material ligero”. La excusa desde dentro, asegura, es la amenaza exterior. “Argumentan que las armas son disuasorias, pero la pregunta es dónde están los peligros”. De principio a fin, “un fraude”, subraya el investigador, quien aboga por reducir las Fuerzas Armadas de 124.000 a 30.000 efectivos. “Los que sobran”, concluye, “están en los cuarteles sin hacer gran cosa”.