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Marjaliza, el socio de Granados, declara por el caso Púnica

El empresario David Marjaliza era el supuesto cerebro de la trama y encargado de lavar el dinero que obtenía la trama de corrupción. 

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Francisco Granados, que lideraba la trama Púnica junto a David Marjaliza, en el día de su detención por la Guardia Civil. EFE

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interrogará en la mañana del jueves como imputado al constructor David Marjaliza, presunto líder de la trama de corrupción Púnica y socio del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, por el supuesto blanqueo de 11 millones de euros. Declara en calidad de imputado, por lo que no tiene obligación de decir la verdad.

El empresario, que se encuentra en prisión desde el pasado 31 de octubre, tendrá que detallar ante el juez y las fiscales Anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García las operaciones de lavado de dinero, por valor de 11 millones de euros, que habría realizado a partir de compra de obras de arte en Suiza y transacciones financieras en Singapur.

Los investigadores sospechan que estos fondos (siete millones en Suiza y cuatro en Singapur, bloqueados desde mayo pasado) provendrían del reparto de dividendos y el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos en municipios de la Comunidad de Madrid.

Marjaliza está imputado por los delitos de integración en organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsificación documental, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y negociaciones prohibidas a funcionarios.

En diciembre pasado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal confirmó su situación de prisión provisional en un auto en el que señalaba que de la instrucción puede deducirse que fomentó "detestables actitudes corruptas". El tribunal le situó como "uno de los principales instigadores y beneficiarios de la red de corrupción política y económica desarticulada" con la operación Púnica.

"Existen indicios, a través de las conversaciones telefónicas detectadas, el material documental ocupado, los registros efectuados y los seguimientos practicados que el imputado recurrente desarrollaba una prevalente actividad en un colectivo de personas dedicadas a mover voluntades en varios ayuntamientos de Madrid y en las esferas gubernamentales de la Comunidad de Madrid", señalaba el auto.

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