El Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por más de 150 juristas de tendencia progresista, ha aprobado una propuesta para reformar la actual Ley de Indulto y terminar con las medidas de gracia concedidas por el Gobierno sin motivación ninguna y que causan perplejidad y alarma en la ciudadanía, como las recientemente otorgadas a un conductor 'kamikaze' condenado a 13 años de cárcel o a cuatro mossos d'Esquadras culpables de torturas.

La clave de la modificación legal, que estos especialistas elevarán a todos los grupos parlamentarios, es otorgar una mayor relevancia a los jueces, de modo que sólo el tribunal sentenciador podrá realizar las propuestas de indulto --por sí mismo, o a petición del condenado--, y el Gobierno no podrá otorgarlo salvo por las razones de los magistrados, según explicó a Público el responsable de comunicación del grupo, el juez José Luis Ramírez.

Ello obligará al Ejecutivo a motivar sus indultos, y no, como les permite la vigente ley, de 1870, heredera de la legislación en tiempos de la monarquía absoluta, dispensar las medidas de gracia sin dar razón alguna.

El grupo de estudios, formado por jueces, fiscales y catedráticos y profesores especialistas en derecho penal, consideran que la figura del indulto sigue siendo necesaria, es decir, que no comparten, contra un sector de la opinión pública, que la mejor solución sea suprimirla para evitar el uso abusivo.

Por el contrario, estiman que el indulto es una medida que debe mantenerse en el ordenamiento jurídico y ser aplicada en casos en que la aplicación estricta de la ley pueda producir injusticias. En ese marco, Ramírez recuerda que la pena para los correos de la droga detenidos periódicamente en los aeropuertos españoles es de un mínimo de 9 años de prisión, lo que en algunos casos puede ser desproporcionado.

Por ello, el grupo propone que una nueva ley de indulto establezca claramente los supuestos en los que el Gobierno puede concederlos, en primer lugar cuando la norma penal castigue conductas que a juicio del tribunal no deberían ser castigadas, o cuando la pena a imponer, de acuerdo también a la ley, sea excesiva atendiendo al daño concreto causado por el delito y a las circunstancias del condenado.

Una novedad de la propuesta es que los indultos sólo podrían ser solicitados al Gobierno por el tribunal sentenciador, a iniciativa propia o a petición del condenado. Es decir, que no lo podrían hacer ni este último directamente ante el Ministerio de Justicia, ni el fiscal, ni el Gobierno de 'motu proprio', como sucede actualmente. Se establecería así un filtro a indultos abusivos.

Si el penado lo pidiese y el tribunal lo rechazase, el primero podría recurrir la decisión ante la instancia judicial superior, pero no presentar la petición ante el Gobierno.

La propuesta es también limitar las causas por las que el Gobierno puede conceder los indultos, que serán sólo las razones que emita el tribunal sentenciador. En la práctica el indulto exigirá el aval de los jueces, y evitará la medida de gracia sólo con el informe a favor del fiscal o sin ningún informe a favor (de esta última manera actuó el Ejecutivo al indultar a los móssos torturadores y al conductor 'kamikaze').

La motivación de los indultos que exigiría la nueva ley redundaría en el principio de transparencia de las actuaciones de la Administración y en su control por los ciudadanos. El grupo propone que el Gobierno presente anualmente en el Congreso de los Diputados una memoria que recoja el número de indultos solicitados, los concedidos y denegados, y su motivcación.

Todo ello evitaría la concesión de indultos sin motivación alguna, y sin apoyo de juez ni fiscal, en delitos especialmente sensibles como corrupción, seguridad vial o torturas.