La mayoría de españoles cree que la Justicia favorece a los políticos y no es imparcial cuando les juzga
Un 78,5% apunta que los estamentos judiciales tampoco actúan igual ante una persona rica que ante una pobre, según el estudio sobre la calidad de la democracia del CIS.

Madrid-
La mayoría de los españoles cree que la Justicia no es igual para todos. Casi el 80% de los españoles considera que los tribunales no siempre son imparciales en los procesos judiciales que afectan a partidos políticos. Asimismo, cerca del 90% mantiene que los estamentos judiciales no tratan igual a los políticos que los ciudadanos corrientes, según se desprende del estudio sobre la calidad de la democracia realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
En concreto, un 78% de las personas entrevistadas se muestran en desacuerdo con la afirmación de que en los procesos judiciales que afectan a partidos políticos "la Justicia siempre es imparcial", mientras que un 89,8% mantiene que la Justicia no trata igual a un político que a un ciudadano normal. Además, un 78,5% apunta que la justicia tampoco actúa igual ante una persona rica que ante una pobre.
El tercer estudio Calidad de la Democracia realizado por el CIS tampoco deja bien parados a los medios de comunicación, porque el 80,7% de los encuestados sostiene que se hacen eco de "bulos y mentiras" y el 88,7% piensa que favorecen a unas "opciones políticas o intereses políticos" más que a otros.
Con 4.010 entrevistas telefónicas realizadas entre el 8 y el 15 de abril, el sondeo apunta además a las Fuerzas Armadas como la institución en la que más confían los españoles, con una puntuación media de 6,8 sobre 10.
La gran mayoría de los encuestados (79,2%) considera que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, pero un 8,6% cree que, "en algunas circunstancias", es preferible un gobierno autoritario. Esos porcentajes han variado poco respecto a la anterior encuesta sobre la calidad de la democracia, realizada hace 16 años, periodo en el que sí ha aumentado mucho el descontento con el funcionamiento del sistema.
En 2009 un 66,6% se mostraba en distintos grados satisfecho con el funcionamiento de la democracia, un porcentaje que ha caído al 44,5%. Hace 16 años solo un 8,8% señalaba que no estaba "nada satisfecho", opción que asciende ahora al 30,6%.
El 85% piensa además que los actuales mecanismos de los que dispone el sistema no son suficientes para luchar contra la corrupción y la mayoría se siente alejada de gobiernos y políticos. El 75,3% cree que quien está en el poder siempre busca sus intereses personales y el 74% considera que la gente de su clase no tiene influencia sobre lo que hace el Gobierno.
Parece que hay más confianza en el pasado: el 72 % cree que la forma en que se llevó a cabo la Transición constituye un motivo de orgullo. Para mejorar la democracia, los encuestados piden más poder ciudadano y referendos y proponen también hacer más proporcional el sistema electoral, con listas abiertas y limitación de legislaturas.
Los partidos políticos, a la cola
En la evaluación de instituciones, los partidos políticos se encuentran en último lugar (2,96) junto a sindicatos y Gobierno. Entre medias están los tribunales en segunda posición (4,76); los gobiernos autonómicos (4,7); el Tribunal Constitucional (4,27); las organizaciones empresariales (4,24); los medios (4,10); el Parlamento (4,05); el Gobierno central (3,67) y los sindicatos (3,59).
Con este panorama, los ciudadanos piden a los partidos mayoritarios (PP y PSOE) que se pongan de acuerdo en todas las cuestiones primordiales para el país. Así, el 89,7% considera "muy" o "bastante" prioritario que pacten "una fiscalidad justa", el 84,9% la política exterior, un 84,3% la lucha contra la violencia de género, el 74,6% la "política y el presupuesto de defensa" y el 73,3% las medidas contra el cambio climático.
Para mejorar el funcionamiento de las formaciones políticas, los entrevistados apuestan por que sus candidatos sean elegidos por los afiliados y un abrumador 95,7% pide que todos los cargos orgánicos y los cargos públicos firmen un código ético.

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