La ARMH califica de "lamentable" el proyecto final de resignificación de Cuelgamuros

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) valora como "lamentable" el proyecto final anunciado este martes por el Gobierno para resignificar el Valle de Cuelgamuros. La propuesta La base y la cruz, seleccionada por medio de un concurso internacional de ideas convocado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el pasado mes de abril, plantea un cambio estructural en el acceso al conjunto, eliminando la escalinata y construyendo en su lugar un gran soportal atravesado por un patio de 40 metros de diámetro, que dará acceso a la basílica y a un nuevo centro de interpretación.

El proyecto no contempla, como ya se había anunciado, ni la retirada de la cruz que preside el conjunto monumental, ni la expulsión de los monjes benedictinos del lugar, que seguirá dedicado al culto religioso. Las obras se pondrán en marcha, como pronto, para 2027, con un plazo de ejecución de cuatro años y un presupuesto de algo más de 30 millones de euros. 

A la espera de que el Gobierno facilite más detalles sobre el proyecto, la ARMH considera "incomprensible" una actuación arquitectónica de estas características en el lugar, cuando lo que se necesita es "simplemente explicarlo". ¿Cómo? Por medio de una serie de paneles y documentación histórica que informe al visitante sobre quién ordenó construirlo, cómo se hizo y con qué propósito. Así como cuáles fueron las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo de miles de prisioneros republicanos. Todo ello acompañado por los testimonios de quienes lo vivieron en primera persona, obligados a trabajar allí.

Elegido el proyecto para resignificar Cuelgamuros

Público / EFE

Emilio Silva, presidente de la asociación, considera que la iniciativa anunciada por el Ejecutivo se queda en "una actuación superflua". "No es necesaria para profundizar en el conocimiento del monumento", ha añadido. Sobre todo considerando el plazo de ejecución y la millonaria inversión que sustenta el proyecto. "Una inversión de decenas de millones de euros en un lugar al que ni siquiera se puede acceder con transporte público", ha recalcado el activista. 

Lo que haría falta, ha insistido el también periodista, es la instalación de una exposición permanente en el interior del recinto. Una iniciativa que no necesitaría de muchos recursos económicos y que ayudaría de verdad a entender el origen y el significado del monumento. "De qué sirve gastar ese dineral en una intervención cuando los guías turísticos, que son quienes transmiten la visión del monumento a la mayoría de los visitantes, manejan a menudo discursos que blanquean la historia del monumento y del franquismo", critica el presidente de la ARMH. "No son personal formado y acreditado por instituciones, como sí lo son, por ejemplo, los guías de los campos de concentración del nazismo".

La ARMH, que inició en el año 2000 la búsqueda científica de republicanos desaparecidos durante la dictadura, considera además "intolerable" la permanencia de los monjes benedictinos en el recinto. "Gestionan sin concurso público una hospedería que tiene entre sus principales usuarios a grupos ultraconservadores de la iglesia", denuncia la organización en un comunicado. Pero no solo eso. También mantienen relaciones con embajadas como la de Hungría, "líder en Europa en la restricción de derechos básicos". "Para los monjes, la hospedería es un centro de poder que les permite ser anfitriones de los sectores más reaccionarios de la derecha", incide su presidente. Sectores protagonistas en el debilitamiento de la democracia. "Todo ello haciendo uso de recursos y patrimonio del Estado", apunta Silva. Y lo que es peor: respetando una decisión del propio dictador.

El concurso tampoco ha sido, critica la asociación, transparente o democrático. "Se ha excluido de la toma de decisiones a los familiares que tienen dentro enterrados a sus seres queridos. No han tenido en ningún momento derecho ni tan siquiera a opinar", subraya Silva. Quien sí ha tenido voz y voto ha sido precisamente la iglesia, por medio de un delegado integrado dentro del jurado "profesional", el cura Daniel Alberto Escobar.

"Lo valiente hubiera sido que el Gobierno invirtiera ese dinero en un museo dedicado al recuerdo y reconocimiento de las víctimas de la dictadura", señala Silva. Un espacio accesible, bien comunicado y sin interferencias de ningún tipo por parte de la iglesia. Que narrase con claridad quiénes fueron las víctimas y quiénes sus verdugos. "El memorial del Valle de los Caídos es, por tanto, un proyecto fallido. Sería mejor que el Gobierno gastara ese dineral en buscar a las familias de los miles de cuerpos exhumados que, por una metodología equivocada, todavía no han conseguido identificar", concluye el activista. En la que es la mayor fosa común de España, con una estimación de más de 12.000 republicanos enterrados en el recinto, sin el conocimiento y consentimiento de sus seres queridos.