"Fue un crimen de Estado": los últimos fusilados del franquismo buscan justicia 50 años después
El 27 de septiembre de 1975, la dictadura ejecutó a tres militantes del FRAP y dos miembros de ETA, como resultado de unos consejos de guerra sin garantías, sin derecho a defensa y sin visos de legalidad. Esta es su historia.
Madrid--Actualizado a
Ocurrió en el interior del penal. A primera hora de la tarde de alguno de aquellos días de septiembre de 1975. Seis condenados a muerte estiran las piernas en el patio. Completamente separados unos de otros. Para que no puedan hablar. Para que esperen el final de sus días en completo aislamiento. Sin consuelo posible. En silencio. Solo hay un pequeño fallo de cálculo. Ni están solos ni son seis. Desde la sexta galería, decenas de militantes de distintas siglas los observan. Acompañando cada uno de sus pasos. De pronto, un silbido. Una melodía conocida. ¡Arriba parias de la Tierra! ¡En pie famélica legión! Una voz, dos voces, tres voces. La Internacional resuena entre los muros de la cárcel de Carabanchel. No por mucho tiempo. Golpes, amenazas y gritos consiguen reimponer el silencio. Pero el ambiente ya no es el mismo. Esperanza, solidaridad, compañerismo. Siguen vivos.
Tres de ellos incluso vivirán para contarlo. Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar y Manuel Cañaveras de Gracia. Se enteran 10 horas antes. Hacia las 9 de la noche del día 26. Les han conmutado las penas. En su lugar, cumplirán 30 años de cárcel. Sus compañeros no correrán la misma suerte. José Luis Sánchez-Bravo, Xosé Humberto Baena y Ramón García Sanz. Sus sentencias son definitivas. Y se cumplen. La mañana del 27 de septiembre un convoy policial los traslada más allá de los límites del penal. ¿Su destino? Un municipio del sur de la sierra de Guadarrama, Hoyo de Manzanares. Allí les espera el resultado de un proceso sin garantías, sin derecho a defensa, sin rastro de legalidad. Allí, a cara descubierta, se enfrentan a la muerte por turnos. Con apenas 21, 24 y 27 años de edad.
En Hoyo de Manzanares se cierra el catálogo de penas de muerte firmadas por el franquismo. Por una dictadura en las últimas, que intenta desesperadamente maquillar su debilidad. A través de un golpe de fuerza. Cuatro farsas judiciales. Dos en Madrid, una en Burgos y otra en Barcelona. Las dos primeras contra militantes del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. De ahí salen las condenas con los nombres de José Luis, Xosé Humberto y Ramón. Las otras dos contra miembros de ETA político-militar. Ángel Otaegi, de 33 años, y Jon Pardes Txiki, de 21. El mismo 27, a uno lo fusilan frente al muro del penal de Burgos; al otro en Barcelona, en un bosquecito junto al cementerio de Cerdanyola del Vallès.
Las cinco ejecuciones forman parte de un escarmiento para acallar las voces de la oposición. Dentro y fuera de España. Spoiler, sale mal. Protestas en todas las grandes capitales europeas. Roma, París o Londres. Embajadas vandalizadas. Peticiones de expulsión de la ONU. Acuerdos cancelados con la Comunidad Económica Europea, precedente de la UE. Posicionamientos públicos de líderes internacionales contra la dictadura. Hasta el Papa, Pablo VI, llega a señalar la crueldad de las condenas. Todo en vano. Franco elige morir matando.
Las voces de la memoria
“El 27 de septiembre siempre ha estado presente en mi vida. Se haya celebrado o no un homenaje por el aniversario”, reconoce en conversación con Público Fernando Sierra, procesado en el primer consejo de guerra de Madrid. "Es algo que siempre llevo ahí, con mucho orgullo además", continua contando. Su detención se produjo en el mes de julio. Cuando tenía apenas 19 años. Por aquella época, Sierra militaba en el FRAP, como responsable de la organización en la universidad. Repartiendo panfletos, convocando protestas y reuniones clandestinas.
"En el 75, la contestación popular era cada vez mayor y más violenta. Había que evitar que la dictadura se perpetuara una vez muerto Franco. El régimen lo sentía, estaba preocupado y lo intentaba parar por todos los medios", relata. "Lo nuestro no fue un caso excepcional. Durante ese año se produjeron cientos de detenciones en Madrid. Cualquier motivo era suficientemente bueno. Incluso cosas tan inocentes como repartir octavillas o hacer una pintada. Si te veía un poli, lo mismo pasaba y te pegaba un tiro. O cogía y te llevaba detenido a la DGS", incide el entonces estudiante. La conocida sede de la información de la policía secreta, la Brigada Político-Social.
"Por la Puerta del Sol acabábamos pasando todos", refiere Sierra. Con sus consecuencias habituales: torturas, palizas, amenazas e interrogatorios que se alargaban durante horas. "Prefiero no recordarlo. Estuvimos cerca de 24 días allí y las torturas son lo que son", zanja el antiguo militante del FRAP. "Una vez que decidieron que nos iban a acusar de lucha armada, nos trasladaron a la cárcel de Carabanchel y nos metieron en celdas subterráneas de aislamiento", hace memoria. De aislamiento y de castigo, matiza. "Las celdas eran un cuchitril. Solo te dejaban una especie de colchón por las noches. Eso y un agujero para hacer tus necesidades. Nada más".
Allí permanecieron horas, días y hasta semanas sin ver ni hablar con nadie. A excepción de las visitas nocturnas del comisario Roberto Conesa para continuar con los interrogatorios. "Es otra forma catalogada como tortura. Los golpes paran, pero el tema del aislamiento es una cosa que se me ha quedado grabada. Hasta qué punto era duro eso", confiesa Sierra. "Cuando, a pocos días de la celebración de los consejos, tuvimos el primer contacto con nuestras defensas, recuerdo que casi ni podía hablar. No me salían las palabras".
Entre los días 11 y 12 se celebró el segundo consejo. El primero en Madrid. En la base militar de El Goloso. "Fue todo una farsa. Un teatro que necesitaba el régimen para meter miedo. Para que la gente no se moviera", valora Sierra. Sin testigos y sin pruebas. Ni materiales, ni balísticas, ni forenses, ni dactiloscópicas. Todo en base a unas supuestas confesiones obtenidas bajo tortura. Los abogados no tuvieron oportunidad de ejercer la defensa. Entre los dos consejos de Madrid, contabilizaron más de 194 pruebas inadmitidas por el tribunal. "Las sentencias estaban firmadas de antemano. El juicio se limitó a la lectura del apuntamiento policial", confirma. "La ilegalidad de los juicios era tal que se nos procesó como civiles por un juzgado militar. Y en los consejos posteriores al nuestro se llegó a aplicar una ley antiterrorista aprobada a finales de agosto. Con carácter retroactivo", denuncia el superviviente.
Llegó el día y finalmente los fusilaron. "Nosotros desde dentro no nos enterábamos muy bien de lo que pasaba. El 26 recuerdo que nos encerraron antes de tiempo en las celdas y ya no nos dejaron salir. Al día siguiente, en el patio, nos encontramos con los vivos y ya no vimos más a los muertos. Lo recuerdo un día muy jodido", concluye Sierra. "Les arrebataron la vida, pero no han podido acabar con su memoria". Ni podrán.
"Fueron víctimas de la dictadura"
El olvido tampoco ha podido con las historias de Ángel y Txiki. "Yo era entonces una niña, tenía 12 años. Pero recuerdo perfectamente el sufrimiento de mi madre y mi tía", cuenta a Público Mertxe, prima del primero. "Vivíamos en frente. Teníamos mucha relación", prosigue. Una noche, la policía se presentó de improvisto en su casa. "Se lo llevaron al cuartel de Intxaurrondo y de ahí a la cárcel. Todos los domingos íbamos a verle. Y podías ver las marcas de las palizas que le pegaban", recuerda Mertxe. Hasta que lo trasladaron a Burgos. "Le acusaban de cómplice, de haber encontrado un piso para los autores del asesinato. Por eso nunca pensamos que lo fueran a ejecutar. Ni el abogado lo pensaba", insiste con incredulidad. El juicio -añade- fue como todos: injusto, completamente nulo.
"Nos avisaron a las 9 de la noche del día anterior de que finalmente lo iban a matar. Solo le dejaron ir a verle a su madre, que no pudo llegar allí hasta pasadas la una de mañana", reprocha Mertxe. Para encima tratarla mal. "Cacheándola, amenazándola con que no querían ningún escándalo, insistiéndola sobre qué se iba a hacer con el cadáver", refiere la prima del fusilado. En los veinte minutos que tuvieron, Ángel intentó tranquilizarla. "Que no se preocupase, que no había matado a nadie. Que iba a dar su vida por Euskal Herria y por los vascos", recuerda Mertxe.
Algo muy parecido vivió la familia de Jon. "Tenía alguna antigua causa por alguna acción por aquí por Donosti. Pero no estaba implicado en el asesinato que le intentaron colgar", denuncia a Público Mikel, su hermano. Franco quería dar un susto, defiende, y escogió a bulto quiénes lo iban a pagar. "El día del juicio, el 19 de septiembre, la única que pudo ir a verle a Barcelona fue mi madre. Y él estaba más entero que nadie. Le daba ánimos. Le decía que iba a perder un hijo, pero que ganaría muchos más", hace memoria Mikel.
Recuerda como si fuera ayer el día de la ejecución. "Pasamos la noche en las celdas de la capilla. Hasta las 7 y media de la mañana, que fue cuando lo llevaron a Cerdanyola. Él tenía asumido que lo iban a matar, pero nosotros siempre esperamos algún milagro", relata. "Cuando llegamos allí, ya lo tenían atado, mirando hacia el pelotón de guardia civiles. Cuando nos vio, echo una sonrisa y se puso a cantar el Eusko Gudariak", recuerda su hermano. Solo llegó a la mitad de la segunda estrofa. Dos ráfagas de disparos. "Se acercaron a darle el tiro de gracia, uno llegó a comentar: este ya no cantará más".
Mertxe y Mikel coinciden: los cinco fueron víctimas de la dictadura, de un asesinato de Estado. "Y no hay víctimas de primera y de segunda", completan. Porque sí, durante años han sentido que remaban contracorriente para obtener el reconocimiento debido a sus familiares. "Hasta el año 2012, el gobierno vasco no los declaró como víctimas oficiales de la dictadura, ni certificó la nulidad de los juicios en los que fueron condenados", critica Mertxe.
Un reconocimiento que los tres fusilados del FRAP han conseguido mucho después. En octubre de 2024, llegaba la reparación oficial para José Luis Sánchez-Bravo. 49 años después de su condena a muerte. Y, el pasado agosto, lo recibía también la familia de Xosé Humberto Baena. Por fin, dos documentos oficiales -emitidos por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática- que declaran "ilegales e ilegítimos los tribunales" que los juzgaron, "así como nulas la condenas dictadas" contra ellos. Ramón García Sanz todavía no lo tiene. Sin familia cercana que lo impulse, su reconocimiento continúa atascado en el proceso de tramitación.
"Que el gobierno reconozca a todas las víctimas de lo que pasó sería un alivio. Creo que 50 años después no nos vamos a asustar", exhorta Mikel. ¿Por qué sigue habiendo tantas reticencias? "Los que mandaban entonces son los que mandan ahora. No hubo una depuración real. La Transición consiguió consolidar en el poder a muchos de los que habían sido secuaces de Franco, blanqueando sus crímenes", apunta el hermano del fusilado. No le falta razón. Nombres que participaron en el Consejo de Ministros que dio el enterado a los fusilamientos del 75 continuaron, sin rendir cuentas, en la vida política de la incipiente democracia. Como Fernando Suárez o Antonio Carro, ambos diputados de Alianza Popular. No solo ellos. Jueces, cargos del ejército, miembros de las fuerzas policiales, torturadores. "Muchos con ascensos, medallas y todo tipo de méritos otorgados ya en democracia", critica Mikel. "Así no hemos contribuido a que cicatricen las heridas".
Al Alba
En septiembre del 75, España estaba en ebullición. En ebullición política y social, sí. Pero también musical. "Éramos muchos los que estábamos en contra de la dictadura. Los que queríamos que España fuera una democracia, que fuera Europa", sostiene Rosa León, entonces cantante, ahora miembro del Consejo de RTVE. "Cuando se anunciaron las penas de muerte, muchos del mundo de la cultura, de la canción y del cine queríamos hacer algo", continúa recordando. Y surgió la oportunidad. "En septiembre se estrenaba mi disco. Una de las canciones, que había compuesto Aute, tenía una letra muy críptica, que casi parecía escrita para la ocasión", explica León.
No se lo pensó dos veces. "Cada vez que salía al escenario se la dedicaba. La presentaba diciendo: 'Imaginad que esta es la carta de cualquiera de los fusilados a su compañera, a una amiga, a una madre'. Y recuerdo que la gente se emocionaba, lloraban delante de mí", valora la política. Así surgió un himno. "Hay canciones que dejan de ser de su autor o de quien las canta. Hay canciones que pasan a ser de la gente", coincide León. Esta es una de ellas.
Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
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