Los mensajes entre Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Ayuso confirman que mintió intencionadamente sobre el pacto con la Fiscalía

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha presentado ante el Tribunal Supremo el contenido del correo electrónico enviado por el fiscal de delitos económicos Julián Salto a los abogados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Estos mensajes revelan que Rodríguez ya conocía la existencia de negociaciones entre la defensa del novio de Ayuso y la Fiscalía.

El jefe del gabinete madrileño ha entregado la documentación tras haber reconocido, en su declaración como testigo ante el juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, que el pasado 8 de enero había difundido el contenido del correo electrónico. Según explicó, el propio González fue quien le facilitó dicho email.

Se trata de cuatro folios a los que ha tenido acceso Europa Press, incluyendo una carta en la que Rodríguez detalla lo entregado: "La fotografía de la comunicación que recibí de Alberto González (Amador) con el correo electrónico del fiscal Salto, fechado el 12 de marzo de 2024, y la fotografía del texto que envié a mi lista de Prensa Nacional el 13 de marzo de 2024". En su carta, añade que "en ambos casos se puede ver claramente la hora en la que recibí y la hora en la que envié".

Según se detalla en el primer pantallazo, Rodríguez recibe un mensaje de WhatsApp de González Amador a las 9.09 horas del 12 de marzo, que incluye dos reenviados: un mensaje de texto y el correo electrónico en cuestión.

Un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de González

En el mensaje reenviado por la pareja de Díaz Ayuso se lee: "Buenos días, Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Voy a llamar al fiscal para ir concretando. Mi intención es que al final solo haya un condenado y una multa mínima".

En el email reenviado, se puede ver que el remitente es el fiscal Salto y el destinatario es el abogado de la pareja de Ayuso. En el mensaje, el representante del Ministerio Público adjunta una copia de la denuncia presentada el 5 de marzo contra la sociedad Maxwell Cremona, con el fin de "facilitar el derecho de defensa". Además, señala que, aunque se haya denunciado a otras personas, esto "no será obstáculo para llegar a un acuerdo" si González Amador y su abogado lo consideraban "posible".

En el segundo pantallazo se muestra que Rodríguez compartió la información del correo electrónico en el chat "Prensa Nacional" el 13 de marzo a las 22.17 horas. Se sugiere que lo hizo como respuesta a una noticia de La Sexta, publicada a las 22.10 horas de ese mismo día, en la que se afirmaba que había sido la defensa de González Amador quien había buscado un pacto con la Fiscalía.

Cabe recordar que fue a las 21.29 horas del 13 de marzo cuando El Mundo informó de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Según el sumario de la causa, en ese momento la Fiscalía General del Estado activó la maquinaria para obtener la cadena completa de correos electrónicos entre la defensa y el fiscal Salto, con el fin de elaborar una nota de prensa que desmintiera lo que consideraban un "bulo". A las 21.59 horas, Salto envió dichos correos a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien a su vez los reenvió a Fortuny.

El Supremo investiga la filtración de correos

Tras la declaración de Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo, la Abogacía del Estado solicitó al juez que ordenara la copia de su teléfono móvil para acceder a los mensajes de la noche del 13 de marzo. Sin embargo, al considerar que esta medida era demasiado invasiva, el juez decidió que Rodríguez regresara al Supremo para mostrar esos mensajes directamente a la letrada de la administración de justicia, lo cual finalmente ha hecho.

Esta causa se originó a partir de la querella presentada por González Amador debido a la nota difundida por la Fiscalía de Madrid a las 10.20 horas del 14 de marzo. Sin embargo, cuando el Supremo inició la investigación el 16 de octubre, descartó que hubiera delito de revelación de secretos en el comunicado, ya que la información contenida en él ya había sido publicada. De este modo, centró su investigación en la filtración de los correos electrónicos.