MADRID.- Metro de Madrid, SA (empresa pública propiedad de la Comunidad de Madrid y encabezada por Pedro Rollán, Consejero de Transportes del Gobierno de Cristina Cifuentes) publicaba el pasado 16 de marzo la resolución de adjudicación del servicio de mantenimiento y conservación de las estaciones de la red de Metro de Madrid, dividida en seis lotes diferentes por una duración de cuatro años. Entre las cuatro empresas que han obtenido dichos contratos, se encuentran dos sociedades implicadas en algunos de los procesos judiciales por delitos de corrupción. Se trata de las empresas Copisa, Proyectos y Mantenimientos Industriales, S.A.U. y Construcciones Rubau, S.A. adjudicatarias de contratos por valor de unos 2,2 millones de euros.

La primera de ellas forma parte de un grupo empresarial dedicado fundamentalmente a la construcción e implicado en el caso Pujol, en el que se investigan posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental. El presidente del Grupo Copisa, Josep Cornadó, reconocía en noviembre de 2015, ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, pagos a Jordi Pujol Ferrusola por labores de intermediación. Sin embargo, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 5 sospecha que Copisa habría pagado alrededor de 3,6 millones de euros en comisiones ilegales como contraparte a las adjudicaciones de obra pública recibidas por parte de la Generalitat de Catalunya bajo gobiernos de CiU. Buena parte de estos fondos ilícitos reunidos por el primogénito de los Pujol habrían acabado en cuentas en paraísos fiscales, según publicó El País.

Además, la constructora ha aparecido en prensa por su implicación en otros casos de corrupción relacionados con concesiones de obras públicas y donaciones a entidades vinculadas a partidos políticos (caso Palau, caso del 3% y papeles de Bárcenas). Copisa fue investigada al inicio del caso del 3% (las supuestas donaciones de empresas a fundaciones vinculadas a CDC a cambio de recibir contratos de administraciones controladas por el partido de Pujol y Mas), si bien en la actualidad ya no está incluida en el sumario. Según publicaron varios medios, en 2015 Copisa habría realizado una donación de 75.000 euros a CatDem, la principal fundación de Convergència Democràtica de Catalunya, periodo en el que contrató con la Generalitat por unos 17,73 millones de euros. Incluso el Ayuntamiento de Madrid estaría investigando, según El País, la relación entre el consistorio y una sociedad del Grupo Copisa en el marco de la Trama Púnica.

Copisa sostiene que "la empresa no está implicada" en los citados sumarios y que "no ha sido requerida en ningún momento por el juez que instruye el caso Púnica".

Uno de los investigados por la Justicia es Xavier Tauler, amigo de la infancia de Jordi Pujol Ferrusola, quien  figuró como apoderado de Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales hasta el 30 de marzo de 2016 y del Grupo Empresarial Copisa hasta el 7 de abril. La empresa señala que Tauler dejó los cargos ejecutivos en 2014 y que se desvinculó de la compañía en octubre de 2015; su permanencia como apoderado de algunas filiales se debe al retraso con el que suelen aparecen habitualmente los cambios en el Registro Mercantil.

Hace unas tres semanas, la sociedad perteneciente al Grupo Copisa se hizo con uno de los contratos de mantenimiento y conservación de estaciones del suburbano madrileño, en concreto de las líneas 3 y 8 de Metro, por un importe algo superior a los 775.000 euros, IVA incluido, y con una duración prevista de cuatro años (193.000 euros al año). Unas semanas atrás, también recibió de Metro de Madrid el contrato para mejorar el interior de las unidades 8000 que circulan por la Línea 8, por valor de 74.000 euros aproximadamente. Por otra parte, la sociedad Construcciones Rubau, SA. ha recibido dos lotes en el contrato de mantenimiento, a través de una UTE con otra empresa, correspondientes a las estaciones de las líneas 4, 7 y 9 del Metro de Madrid. El importe que percibirán ambas empresas de la UTE durante el próximo cuatrienio ascenderá aproximadamente a 1.457.000 euros.

Construcciones Rubau, SA. ha estado implicada en el caso de la Caja B del PP, una pieza separada de los papeles de Bárcenas que juzga la posible financiación ilegal del Partido Popular a través de donaciones de empresas que superaban el máximo permitido y que el partido llevaba en una contabilidad paralela. Algunas de las empresas donantes presuntamente recibieron, a cambio, adjudicaciones de contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP. En concreto, Construcciones Rubau estuvo implicada en una fase inicial de la instrucción. Antonio Vilela, quien fuera su apoderado hasta el año 2014, admitió en 2013 haber realizado una donación al PP de 63.000 euros y reconoció también ser militante y asesor en materia de contratación del Partido Popular, según se publicó en prensa. Finalmente, el juez Ruz sobreseyó los cargos contra la mayoría de señores del ladrillo implicados ya que no consideró probado que los pagos al PP fueran a cambio de recibir contratos de administraciones públicas.

Contactados al respecto, desde Rubau sostienen que "ya no se encuentran inmersos en ninguna causa judicial" y que Antonio Vilela "no pertenece tampoco al Grupo empresarial" porque fue "dado de baja como apoderado solidario en el Registro Mercantil en abril de 2014".

Por su parte, Metro de Madrid SA. ha manifestado que, conforme a la Ley de Contratos del Sector público, "no se puede excluir a ninguna empresa de concurrir a licitaciones públicas si ésta no se halla incursa en prohibición de contratar con la administración". En caso de procedimientos judiciales relacionados con la corrupción, una empresa debe estar condenada mediante sentencia firme para quedar excluida de licitaciones públicas. De lo contrario, afirman desde Metro de Madrid, se atentaría contra los derechos de la empresa, restringiendo con ello los principios de publicidad y concurrencia que presiden las licitaciones públicas. “No podemos dejar de adjudicar un contrato a la empresa que haya presentado la mejor oferta si no está inserta en prohibición para contratar”, concluyen.