MADRID.- Toda una década al banquillo. Las grandes empresas supervivientes del boom del ladrillo figuran como implicadas en los grandes casos de corrupción de los últimos años: Gürtel, Púnica, Pujol o Palau son algunas de las causas donde figuran las principales constructoras del Ibex-35.

Sin embargo, ninguno de sus presidentes ha sido procesado en las causas que se instruyen en los diversos juzgados y tribunales de España, en especial en la Audiencia Nacional.

Los detenidos en las operaciones suelen ser los segundos 'espadas', directores generales o presidentes de filiales. Pero las investigaciones nunca salpican a los presidentes de las grandes constructoras, que aún forman parte del Ibex-35. Las corporaciones suelen crear cortafuegos para evitar que sus consejos de administración se vean salpicados por los escándalos de corrupción.

Tan sólo Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, figuró como investigado por el escándalo de la caja B del PP, -descubierto con los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas- pero no fue procesado por donar 480.000 euros a dicho partido porque el delito había prescrito.

La última operación, centrada en la sociedad pública Acuamed, desvela la trama tejida entre las empresas constructoras de grandes obras hidráulicas y los contratos públicos supuestamente fraudulentos, como son los casos de FCC, Acciona, Befesa (filial de Abengoa), Sogecosa y Altec (actual Altyum).

Entre los detenidos que declaran este miércoles ante el juez central de instrucción Eloy Velasco se encuentran el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado Fernández, y el director general de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini.

La empresa FCC ya ha sido involucrada en otras investigaciones que se realizan en la Audiencia Nacional, como la trama de la Operación Púnica (de supuestos sobornos a políticos autonómicos y locales a cambio de adjudicaciones públicas); así como en la pieza separada que investiga la Caja B del PP dentro de los papeles de Luis Bárcenas, extesorero de este partido y el caso abierto sobre los negocios de Jordi Pujol Ferrusola.

Sin embargo, ni el magnate mexicano Carlos Slim ni Esther Koplowitz han declarado nunca por los escándalos de su empresa FCC. La compañía suele apartar a los directivos imputados en los sucesivos escándalos.

Así ocurrió con uno de los antecesores de Miguel Jurado, José Mayor Oreja, quien presidió FCC Construcción entre 2001 y 2013. El nombre de Mayor Oreja, hermano de Jaime Mayor Oreja, ex europdiputado y el exministro del Interior del Gobierno de José María Aznar, aparecía en los papeles de Bárcenas, junto a dos supuestos pagos por un total de 165.000 euros a dicho partido.

FCC es una de las grandes adjudicatarias de obras públicas, pero Mayor Oreja no fue procesado porque nadie ha podido demostrar que estas donaciones de la empresa al PP fueran finalistas; esto es, que hubieran consistido en un cohecho por un pago a cambio de una adjudicación concreta. Mayor Oreja cesó en 2013 y fue sustituido por Fernando Moreno quien ocupó el cargo durante una breve transición -se jubiló en septiembre de 2014- para dar paso a su director general, Miguel Jurado, como presidente.

FCC Construcciones también es investigada en la Audiencia Nacional por supuestas comisiones ilegales pagadas a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de supuestas labores de asesoría. La compañía pagó 710.000 euros en 25 transferencias a través de una sociedad interpuesta (Brandtrigde Holdings Limited) entre los años 2006 y 2009.

Dicha compañía aparece además en el 'caso Innova', centrado en la construcción del Hospital de Sant Joan de Reus y en el que aparecen como investigados (antiguos imputados) los últimos responsables del Servicio Catalán de la Salud, así como por el intento de soborno a concejales del ayuntamiento de Xàbia por la contrata del servicio de basuras, entre otras causas abiertas.

Acciona, cuyo director general de la rama de Infraestructuras, , Justo Vicente Pelegrini, ha sido detenido por el caso Acuamed, también aparece en otros casos de supuesta corrupción política. sin que haya salpicado a su presidente, José Manuel Entrecanales.

Dos altos directivos de Acciona están a punto de ser procesados por el 'caso Plaza', sobre la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza, por supuestos sobornos y amaños de contratos públicos que comportaron una supuesta desviación de 365,58 millones de euros.

En esta causa, la administración autonómica acaba de solicitar para los altos cargos de la UTE formada por Acciona-MLN José María Jordán y Miguel Ángel Bretón un total de 14 años de prisión para el primero y de 7 años de cárcel para el segundo. Para el ex director de la obra de Plaza, Miguel Ángel Pérez, ha solicitado una pena de 6 años por malversación.

Otro presidente, Florentino Pérez (ACS), acudió como testigo a declarar en la Audiencia Nacional dentro del sumario de la Operación Púnica, sobre supuestos sobornos a políticos a cambio de contratos públicos. En este caso, declaró ante el juez por pagar 300.000 euros para un servicio de posicionamiento en redes sociales al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro.

A Florentino Pérez no le gustaron las preguntas del instructor, Eloy Velasco, pero accedió a responderlas después de que el magistrado expusiera con cierta ironía que era su obligación hacérselas, porque era el juez. Entre ellas, se le preguntó si había financiado irregularmente al PP.

ACS aparece en los famosos papeles de Bárcenas porque habría pagado 30.000 euros para financiar la reelección de Manuel Fraga como presidente de la Xunta de Galicia.

Entre las 23 empresas que aportaron dinero al PP se encuentran Aldesa, AZVI, Construcciones Rubau, Constructora Hispánica, FCC, Grupo Bruesa, Grupo José Antonio Romero Polo, Mercadona, OHL, Sacyr y Sando.

Las tramas no conocen de fronteras y se extienden por toda España. ACS y su presidente han salido indemnes de varios casos de corrupción, pero no así sus directivos.

La empresa ACS figura en el centro de la investigación judicial sobre la autorización que le permitió construir la plataforma de gas Castor (en Castellón) sobre una falla activa. El fiasco de Castor, que ocasionó mil terremotos y que costará a los consumidores españoles la friolera de 4.000 millones de euros, es investigado por un juzgado de Vinaròs y ha sido abierta por los supuestos delitos de prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

El presidente de la empresa concesionaria de Castor (Escal UGS), Recaredo del Potro, ha declarado en la causa que los terremotos sean debidos a las inyecciones de gas, sino que representaron "una coincidencia en el tiempo con la inyección de gas".

Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL, tampoco ha sido procesado por ninguna causa de corrupción. Sus supuestas donaciones a la Caja B del PP en el caso de los papeles de Bárcenas han prescrito, al igual que en el caso del anterior responsable de Sacyr-Vallehermoso, Luis del Rivero.

OHL está salpicada en el 'caso Son Espases' que investiga el juez de instrucción de Palma José Castro sobre la construcción del mayor hospital de Baleares con dicho nombre.

Como si fuera un racimo de uvas, esta causa ha abierto una vía de otra supuesta trama de corrupción en Cádiz, donde aparecerían implicados funcionarios locales y directivos de constructoras por la adjudicación de la red de alumbrado público y las señales de tráfico.

Además, directivos de la filial en México de OHL aparecen en unas conversaciones grabadas sobre supuestos sobornos a altos funcionarios del Estado de México para la concesión de obras públicas en el país, donde la constructora se instaló en 2003. OHL México ha presentado denuncia por las supuestas grabaciones ilícitas.

Otra constructora del Ibex-35, aparece vinculada al caso Palau: Ferrovial, cuyo directivo Pedro Buenaventura y Juan Elizaga se sentarán en el banquillo por supuestas mordidas a través del Palau de la Música al que la constructora realizaba generosos patrocinios.

Según el escrito de acusación del fiscal, Fèlix Millet y Jordi Montull se apropiaron de fondos públicos y privados del Palau de la Música de Barcelona y crearon un "entramado delictivo" junto a Ferrovial y cargos convergentes para la "financiación ilícita" de CDC por medio de la adjudicación de obras públicas, como la Ciutat de la Justícia y la línea 9 del metro de Barcelona. La cuantía de la supuesta financiación asciende a 5,1 millones de euros.

Otro caso que salpica a una constructora es la famosa causa del 3% que investiga el juez de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch Mitjavil. Está centrado en la supuesta financiación irregular de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC).

La empresa Teyco, de la familia Sumarroca, es investigada por donar casi 370.000 euros a Fundació Catalanista i Demòcrata (Catdem) y Fórum Barcelona, ambas vinculadas a CDC, así como a la Fundación independentista Òmnium.

En este caso, el consejero delegado de Teyco, Jordi Sumarroca, es la excepción ya que figura como imputado en la causa.  La constructora ha negado cualquier pago irregular a CDC.

Las constructoras de los Sumarroca fueron las que más adjudicaciones de contratos de obras públicas recibieron durante la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat catalana. Esta familia está muy vinculada a la de los Pujol, que son investigados por la Audiencia Nacional por formar parte de una supuesta organización de corte criminal.