Bruselas no puede permitirse más fallos en la gestión de la crisis migratoria y el incendio en el campo de refugiados de Moria ha sido la gota que ha rebasado el vaso para reabrir un debate a menudo olvidado en un cajón de sastre. Tras cinco años con un sistema caduco y que no resuelve los desafíos presentes, la Comisión Europea ha presentado este miércoles una nueva propuesta para un pacto de Migración y Asilo común. Una oferta que busca lograr el consenso que saltó por los aires hace un lustro, con la dura crisis migratoria de 2015, aunque hoy levanta ampollas.

Este plan busca mejorar la situación en el Viejo Continente, logrando un equilibrio entre las posturas de aquellos países que sufren fuertes flujos migratorios (principalmente España, Malta, Italia y Grecia), los receptores finales de estas personas (Alemania, por ejemplo) y aquellos como Hungría, Austria o Polonia que se niegan a acoger refugiados contra su voluntad. Y para ello, Bruselas ofrece una suerte de colaboración a la carta, sin obligatoriedad y con contribuciones flexibles y voluntarias, excepto en momentos puntuales de crisis, donde Bruselas podría forzar una ayuda concreta a los socios.

Dicho de otra manera, Viena o Budapest pueden continuar negándose a acoger, pero, a cambio, se les exige cierta solidaridad y corresponsabilidad. Una solidaridad que se traduce, por ejemplo, en patrocinar el retorno de los migrantes cuyas peticiones de asilo hayan sido rechazadas. Medidas voluntarias y poco concretas para intentar aliviar la carga de países con fronteras directas.

En su oferta a las capitales, Bruselas busca blindar la frontera exterior de la UE, al tiempo que intensifica la política de devoluciones de los migrantes en situación irregular. Para ello, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha descrito el plan como una casa de tres pisos: una dimensión exterior fuerte y centrada en reforzar el partenariado con los países de origen y tránsito, una gestión firme de las fronteras exteriores y unas normas internas de solidaridad, para que no recaiga toda la presión migratoria sobre las espaldas de Atenas, Madrid o Roma.

Solidaridad a la carta

Desde el Ejecutivo comunitario sostienen que la migración afecta a Europa en su conjunto y, por ello, todos los países deben de contribuir a abordar los desafíos y oportunidades que acarrea, sin excepción. Bruselas evita hablar de cuotas, pero sí de obligatoriedad de echar una mano a los países que más sufren con la crisis del Mediterráneo. Una ayuda que pasa por responsabilizarse de algunas devoluciones, una idea duramente criticada por algunas ONG.

Según ha indicado Schinas, "el país que pida solidaridad tiene que tener la certeza de que el resto de Estados miembros le van a echar una mano y va a recibir lo que pide". Además, ha ahondado en los patrocinios de retorno y ha explicado que los países que lo asuman tendrán la obligación de organizar los retornos en un plazo máximo de ocho meses. Si después de este tiempo no lo consiguieran, tendrían la obligación de relocalizar a los migrantes.

Así, defienden que la propuesta "establece un nuevo marco que garantiza un reparto equitativo de responsabilidad y solidaridad entre Estados miembros y mayor certeza para los solicitantes de asilo". Bruselas indica que "si bien el nuevo sistema se basa en la cooperación y formas flexibles de apoyo que comienzan de forma voluntaria, se requerirán contribuciones más estrictas en momentos de presión de los Estados miembros, basadas en la red de seguridad".

Los Veintisiete tendrán "la flexibilidad de decidir cómo compartir su esfuerzo y en qué medida entre las personas que serán reubicadas y aquellas a las que se le aplicaría el apoyo para la devolución", según reza el documento. Así, también podrán echar un cable apoyando la logística de un operativo, la experiencia técnica o centrarse en aspectos externos de la migración.

La Comisión Europea ha querido hacer recordar que "cuando una persona desembarca en un país de la UE, no lo hace en Malta o en Italia, sino que lo hace en Europa". "Por eso hay que apoyar a los países donde han llegado estas personas, así como centrar esfuerzos y reconocer algunas situaciones específicas como búsqueda y salvamento", ha comentado la comisaria de Interior, Ylva Johansson.

La migración en Europa

Según la titular de Interior, la migración "es normal, siempre ha estado y siempre estará presente". Además, ha reivindicado la importancia de los flujos migratorios para compensar, entre otras cosas, el envejecimiento de la población.

Según ha comentado, el año pasado 2,4 millones de personas recibieron permisos de residencia en Europa, bien sea por casarse con ciudadanos europeos, por cuestiones de índole laboral o como demandantes de asilo. Sin embargo, también llegaron 140.000 personas al bloque de manera irregular, además de las personas que perecieron en las aguas del Mediterráneo buscando un futuro mejor.

Con el objetivo de detectar la trata de personas y agilizar las expulsiones, la Comisión Europea propone introducir un nuevo control fronterizo, previo a la entrada habitual. Este procedimiento consistirá en la identificación de todos los migrantes que lleguen a suelo europeo y una evaluación de su estado de salud y seguridad, así como la toma de huellas dactilares para la base de datos Eurodac.

A continuación, serán canalizados a los procedimientos habituales para saber si son demandantes de asilo o migrantes económicos. Desde la Comisión Europea confían en que la modernización de Eurodac facilite la reubicación y permita monitorear los retornos, así como los casos de regreso voluntario o reintegración familiar. Según el proyecto, este mecanismo ayudará en la toma de decisiones de forma más rápida de asilo o retorno, para atender de forma más eficaz las demandas de asilo e incrementar también los retornos de aquellas personas en situación irregular y "así proporcionar más certeza a los demandantes".

No sé ha aclarado dónde se ubicarán a estas personas hasta que reciban una respuesta por parte de las autoridades, en el plazo máximo de tres meses, pero en la rueda de prensa de este miércoles Schinas y Johansson han hablado de centros de recepción y han insistido en que no apoyarán más Morias. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comentado que el nuevo centro de Moria, que la semana pasada propuso gestionar, será un proyecto piloto de cogestión helena y europea.

Por último, con el objetivo de proteger las fronteras, Bruselas propone otorgar un papel más fuerte a la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), a partir del 1 de enero de 2021. La Comisión Europea busca otorgarle una mayor presencia y que se convierta en la guardia que custodie las fronteras y costas de la UE.

Dada la urgencia en determinadas zonas de Europa, la jefa de Ejecutivo comunitario ha instado a los colegisladores a trabajar para la adopción del reglamento antes de fin de año. Sin embargo, ahora arrancan las negociaciones en el Parlamento Europeo y entre los jefes de Estado y de Gobierno para examinar el texto y adoptar las medidas necesarias en materia legislativa para poner en marcha la propuesta común de asilo y migración. Unas negociaciones que se aventuran complicadas.

Primeras reacciones: "Pacto de la vergüenza"

La eurodiputada de Izquierda Unida, Sira Rego, ha denunciado que la propuesta implica "deportaciones a cambio de no acoger". "Es una cesión clara a las posiciones de los gobiernos con partidos de extrema derecha y rompe de facto la idea de solidaridad europea, introduciendo una solidaridad a la carta por la cual, cada Estado podrá escoger entre acoger, deportar o financiar deportaciones", ha lamentado, para añadir que la UE "seguirá siendo una agencia de deportación".

Así, Rego ha hecho hincapié en que el plan de la Comisión Europea "no tiene ni una sola propuesta concreta de operaciones de rescate". "Es necesaria la creación de una agencia europea pública y civil d salvamento marítimo", ha subrayado, al tiempo que insta al Gobierno de Pedro Sánchez "a reclamar una política migratoria humana y solidaria que respete la dignidad de las personas migrantes".

Precisamente el presidente de la delegación socialista española en la Eurocámara, Javier Moreno, ha reclamado esfuerzos para "construir una verdadera política europea de migración que garantice a las personas de terceros países que deseen retomar su vida en la UE una vía legal para ello". Considera que la propuesta de la Comisión es un punto de partida y ha insistido en que "los retornos y el blindaje de fronteras no pueden ser dos de los pilares fundamentales del documento".

Así, el eurodiputado socialista ha subrayado que es clave cambiar la mirada negativa que a menudo se tiene hacia la migración y resaltar que, "lejos de ser un problema, es una oportunidad para enriquecer nuestras sociedades".

El eurodiputado de Catalunya en Comú y vicepresidente del grupo de los Verdes, Ernest Urtasun, también ha valorado la propuesta que ha adelantado este miércoles Bruselas. El diplomático ha lamentado que el pacto otorgue a los Estados Miembros, como España, Italia o Grecia, la responsabilidad de los solicitantes de asilo. "Esto no cumple con nuestra petición de responsabilizar de manera homogénea a todos los estados de la UE y hace aumentar el peligro de que los campamentos sigan estando superpoblados", ha denunciado.

Sin embargo, la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, tiene una valoración general del plan positiva. "Es urgente mejorar la actual regulación europea sobre el fenómeno migratorio y avanzar hacia una verdadera política común, porque este es un desafío común y por tanto debe haber una responsabilidad conjunta", ha señalado. "El PP contribuirá en el Parlamento Europeo a la aprobación de este plan teniendo en cuenta que debe alcanzarse un equilibrio entre el necesario control de las fronteras, la gestión de la migración regular y el respeto a los derechos humanos, como siempre ha hecho la UE", ha concluido Montserrat.

Más escéptico se muestra el eurodiputado de Anticapitalistas, Miguel Urbán, quien ha bautizado el plan como "pacto de la vergüenza" y ha denunciado que esta propuesta ahonda en la política de vulneración de derechos y, lejos de buscar "la acogida o los derechos humanos, se centra en las deportaciones y expulsiones". Por ello considera que el Ejecutivo español "tendría que oponerse y vetar el acuerdo en el Consejo".

La eurodiputada de Podemos, Idoia Villanueva, se muestra tajante y describe el plan como "crónica de un fracaso anunciado". Así, ha lamentado que la "flexibilización del reparto y el hecho de que deje de ser legalmente vinculante es una victoria para el norte y el este, frente a los países que más presión migratoria soportan, contra los valores de la UE y contra los derechos de las personas migrantes".

Villanueva ha aprovechado para denunciar la "militarización y externalización" de las fronteras de la UE y la firma de "acuerdos de la vergüenza" con Marruecos o Libia, "que ejerce una política de devoluciones en caliente y premia las violaciones de derechos humanos, dentro y fuera de nuestro territorio".