El Ministerio de Justicia ha anunciado este miércoles la prórroga para 2022 de las medidas extraordinarias aprobadas en 2021 para paliar los efectos ocasionados en el funcionamiento del Tribunal Supremo (TS) con motivo del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años en funciones, lo que ocasiona un retraso de más de 1.000 sentencias al año. 

El departamento que dirige Pilar Llop acordó en septiembre de 2021 conceder autorización económica para las medidas de refuerzo solicitadas por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. En total, se hizo una dotación extraordinaria de 12 letrados -uno de ellos coordinador- en comisión de servicios para las áreas civiles, penal, contencioso-administrativa y social del Gabinete Técnico hasta diciembre de 2021. 

Dado el escaso tiempo transcurrido para comprobar la efectividad de estos refuerzos, Justicia prorroga durante 2022 esta dotación de 12 letrados, que supone un presupuesto anual de cerca de 700.000 euros. 

Esta medida extraordinaria para mitigar los efectos negativos que supone la no renovación del CGPJ supone "la mayor dotación de recursos impulsados por el Ministerio de Justicia hasta el momento", según el ministerio. 

Este plan de choque se suma a otras medidas impulsadas por el gabinete de Llop, como son la reforma del recurso de casación civil, la mejora de la digitalización de las salas del Alto Tribunal o la digitalización de la jurisdicción militar, en línea con el Ministerio de Defensa. 

Este miércoles, el Ministerio de Justicia ha anunciado la reunión en las próximas semanas de la ministra Llop y todo su equipo con el presidente del TS, Carlos Lesmes, y su Sala de Gobierno para continuar implementando estas medidas.